¿Cuánto cuesta una campaña política en Chubut?

¿Quiénes pagan una campaña política? ¿Cuánto cuesta un candidato a gobernador, intendente o diputado en Chubut? ¿De dónde salen los fondos? ¿Dónde presentan sus balances los partidos políticos? Ni estos interrogantes ni sus creativas –oficiales o no- respuestas ocupan todavía un espacio en la agenda pública, pese a que hay un 2019 que nos muerde los talones.

Al menos tres referentes de los principales partidos políticos de Chubut confirmaron estos datos: convertir a un candidato en intendente de Comodoro Rivadavia puede costar entre 10 y 14 millones de pesos. Transporte, punteros, publicidad, alguna encuesta e impresión boletas, éste último ítem uno de los de mayor incidencia en los costos. A gobernador, la campaña no puede calcularse en menos de 50 millones de pesos. Al menos para tener una chance clara. Mismos ítems, mayor superficie para cubrir.

¿Es mucho? ¿Es poco? Con las 10 causas que investigan en esta provincia los circuitos de la “caja negra” de la política como telón de fondo–que pone la lupa sobre exfuncionarios, empresarios principalmente de la obra pública y que ya anticipa según los fiscales otra investigación por sobreprecios-, hay algo otra señal de alerta: un ínfimo porcentaje de estos fondos se exhibe en las declaraciones juradas presentadas ante la Justicia Electoral.

EN CHUBUT

Pero, primero, lo formal. Los balances de los partidos políticos figuran en la página del Poder Judicial de la Nación. Prepárese para navegar, eso sí, solapitas muy chiquitas para llegar a los datos. Ingrese a www.pjn.gov.ar y, sobre la izquierda, tilde en Justicia Nacional Electoral.

Un mapa de Argentina lo habilitará para hacer un “doble click” en Chubut y confirmar este escenario: tanto el PJ, la UCR como Chubut Somos Todos –las principales fuerzas políticas desde el retorno de la democracia en esta provincia- incumplen normativas vigentes y no presentan en tiempo y forma sus balances.

Todos sufrieron sanciones o demoraron la rendición de gastos “oficiales” de campaña. Algunos ejemplos: el Partido Justicialista no recibirá fondos del Ministerio del Interior en los próximos comicios por incumplimientos que datan de 2015. Chubut Somos Todos presentó una en la última declaración –esto fue en 2017, para la elección de diputados nacionales cuya lista encabezó el actual gobernador, Mariano Arcioni- una larga lista aportantes que justificaron los fondos de campaña.

En todos los casos, son nombres de ministros, secretarios y subsecretarios de la gestión del entonces gobernador Mario Das Neves. La lista incluye a Diego Luthers y Diego Correa, ambos imputados en los escándalos de corrupción en Chubut y autores de las planillas de Excel que detonaron las conexiones con empresarios y funcionarios.

Incumplen los partidos políticos, pero también el propio Estado y sus organismos de control.

Según las normas vigentes, existen duras sanciones económicas para quienes dilatan la presentación en tiempo y forma de los balances de las campañas electorales. Pero esto sólo rige por el momento para las campañas para cargos nacionales, es decir, diputados y senadores.

En Chubut está vigente la denominada Ley de Partidos Políticos. Se sancionó en 2014 e incluye un capítulo dedicado al financiamiento de las campañas. Pero a pesar de esta ley provincial, la nº XII – 9 sancionada durante la gestión del exgobernadro Martín Buzzi, nada de sus postulados se aplica en lo que refiere al manejo de la plata.

En esta norma se estipula que la provincia debe hacer aportes a cada uno de los partidos provinciales para garantizar el financiamiento de las campañas. Existe la norma pero aún no se puso en práctica. Un decreto reglamentario del año 2015 estableció que sus postulados no se implementaría en aquella elección sino a partir de 2016

De todos modos y a pesar del reclamo de apoderados de varios partidos por la vigencia de esta ley, el gobierno de Chubut nunca bajó fondos a los partidos hasta el momento. Pero estaría obligado a hacerlo en el próximo turno electoral, pagando por ejemplo un juego de boletas a cada partido, que hoy ronda los 3 millones de pesos.

La regulación de los fondos de campaña está incluida, entonces, en las leyes nacionales 26.215 y 26.571 que tienen como autoridad de aplicación la secretaria electoral del juzgado Federal de Rawson, y que se ha aplicado hasta el momento en las elecciones para las categorías nacionales.

Los partidos reconocidos en cada provincia reciben aportes públicos del Ministerio del Interior, que luego deben rendir en planillas con un aplicativo específico que llenan los responsables económicos de cada campaña.

De acuerdo a estas leyes vigentes, un partido debe informar antes de los 30 días de terminadas las PASO y hasta un máximo de 90 días de finalizadas las elecciones generales, de qué manera gastó los aportes de campaña. Si fueron públicos o también privados, la declaración jurada con los montos y el nombre de los aportantes, y cómo se gastaron el dinero.

¿Quiénes rindieron la plata de las campañas? ¿Quiénes fueron sancionados? Según la información oficial, hasta el momento en Chubut se aplicaron dos tipos de multas. La lista de la agrupación Muchos por Chubut que llevaba a Miguel “Cone” Diaz como candidato a gobernador, nunca rindió de qué manera gastó los fondos aportados por el Estado que le aportó la suma de 200 mil pesos.

La sanción: el responsable económico y quienes fueran candidatos en cargos nacionales titulares y suplentes en esta lista, deberán pagar una multa de su propio bolsillo por el doble de lo que le aportó el Estado nacional. Es decir, unos 400 mil pesos por infringir el articulo 36 de la ley 26.571

Por otra parte, el PJ y el partido de la Cultura, la Educaciòn y el Trabajo, perdieron la posibilidad de recibir fondos del Estado en las próximas elecciones por haber infringido la ley 26.215, ya que si bien cada uno integró una alianza electoral en 2015 que tiene aprobado su balance de campaña, no hicieron el informe individual que corresponde a cada partido.

Esto significa que para 2019 no podrán recibir los aportes correspondientes del Ministerio del Interior.

La mayoría de los balances de las campañas electorales de la elección 2015 están ya aprobados y publicados en la página web de la justicia electoral, mientras que los de 2017 aún están siendo auditados.

Pero es importante destacar que hasta aquí en la historia de la provincia, que carece de Código Electoral propio sancionado por la Legislatura ya que requiere una mayoría especial de 3/4 partes de la Cámara, nunca hubo un control sobre los gastos de campaña para los cargos de gobernador y diputados provinciales, así como tampoco para las campañas de intendentes y concejales de cada ciudad.

¿Quién financia la política? La respuesta no está en la ley, sino en la trampa. En los “cuadernos de Chubut” hay un relato de andamiaje provincial de la corrupción. Las planillas de Excel son la muestra de que cualquier “donante” o aportante puede ocultarse. Y, si es así, los ciudadanos carecen de información crucial para ejercer su derecho a saber antes o después de las elecciones.

El sistema también debilita a los políticos que quieren dar transparencia a sus actos y a los empresarios, sindicatos o individuos que aportan con ingresos legales a las campañas electorales. Porque con las reglas actuales, el manto de sospecha los cubre a todos. Justos y pecadores, en la misma bolsa.

El 2019 está a la vuelta de la la esquina. Operadores, “gestores”, punteros activarán sus estructuras. Lápiz y papel en mano o planillitas de Excel, los principales candidatos de ajetreado mapa político chubutense diseñan los costos de una campaña en donde saben que lo oficialmente declarado para sostener al candidato con chances distará mucho de lo que en realidad presentan tarde, mal y nunca ante la justicia electoral.

En este sentido, el 2019 es una oportunidad para velar y reclamar por un circuito legal y transparente.

Esto sí: los partidos anticipan una campaña bastante mas austera que las anteriores y en la que los ocasionales aportantes deberán estar dispuestos a prestar sus estructuras para evitar que, a futuro, se filtre alguna planilla perdida en donde figure la plata en negro y en efectivo aportada durante la la batalla electoral.