¿Divorcios más rápido, sin abogados y económico?: el nuevo proyecto de gobierno
La abogada especialista en familia, Adriana Ávila Torrente, habló con ADNSUR sobre la iniciativa para que los divorcios puedan resolverse como si fuera un trámite administrativo más.
El Gobierno Nacional presentó ante el Congreso de la Nación un proyecto con el que busca impulsar el divorcio administrativo. La propuesta tiene por objetivo simplificar la separación de un matrimonio sin necesidad de iniciar un expediente judicial. Siendo así un trámite administrativo mucho más ágil y económico.
Adriana Ávila Torrente, abogada especializada en Familia, habló con ADNSUR sobre los contras de esta nueva propuesta del gobierno.
“El tema administrativo primero debemos cuestionarlo si es válido o no en el extranjero porque no interviene un juez; entonces son leyes que están en contradicción con las normas reales”, reconoció como principal punto a tener en cuenta la validez en lo que se convertiría este divorcio administrativo.
Es que a diferencia del matrimonio, donde ambas partes llegan en igualdad de condiciones, el divorcio a menudo implica una "imposición de uno sobre otro", lo que complica la posibilidad de un acuerdo mutuo.
"Rara vez se ponen de acuerdo y no siempre los dos quieren lo mismo", sostuvo la abogada. Este desequilibrio puede llevar a situaciones en las que una parte oculta información relevante, como la existencia de hijos o detalles patrimoniales. "Para divorciarse siempre hay alguien que averigua cuáles son sus derechos y obligaciones, y el otro lo firma", explicó.
Y en este marco, la abogada resaltó la importancia de consultar a un profesional de las leyes antes de avanzar con un trámite de divorcio. "Los abogados cobramos porque trabajamos, porque estudiamos para esto y seguimos formándonos", dijo en relación a la propuesta del gobierno de que el trámite administrativo eximiría a las partes de contar con un abogado haciéndolo menos oneroso.
“El divorcio es una construcción social compleja y nos llevó muchos años llegar hasta acá, no se puede tirar por la borda por una cuestión económica que no es cierta", enfatiza.
En cuanto a los tiempos del proceso, mencionó que actualmente demora "en tres o cuatro meses, y a veces antes, un divorcio ya puede tener sentencia". Sin embargo, advirtió que "en todos los casos, antes de firmar tienen que conocer los derechos".
Por lo que advirtió que si se implementa este nuevo sistema que propone el gobierno podría haber consecuencias graves: "Si una de las personas firma y después se da cuenta de que fue engañada, se pregunta si puede apelar y no; ¿cómo vas a apelar si no tenés un abogado? Es un problema".
En este marco recomendó esperar tres o cuatro meses -que es lo que demora en promedio una sentencia de divorcio- y saber que seguirás estando amparado por la Ley. Y mencionó que tras la sentencia ,hay solo seis meses para solicitar una compensación económica si corresponde: "Cada caso es especial y se estudia cada uno porque después de que firmaste no hay vuelta atrás".
LOS COSTOS DE UN DIVORCIO
La especialista se refirió a los costos del divorcio y explicó que en promedio se habla de entre 15 y 20 Jus, que equivale aproximadamente a un millón de pesos. Sin embargo, "no se resuelve todo con plata", subrayando que el verdadero desafío radica en "resolver los conflictos que tienen entre las partes".
La abogada destacó que, a menudo, las personas creen que el dinero puede solucionar sus problemas. "El 99% de los hombres creen que con plata resuelven la vida y no es cierto", afirma. Esta percepción errónea puede llevar a decisiones precipitadas en un proceso tan delicado como el divorcio.
En este sentido, advirtió sobre las consecuencias de realizar un divorcio sólo con un trámite administrativo, "si firmas perdiste", señaló enfatizando que una vez que se firma un acuerdo sin el respaldo de un abogado es difícil revertir la situación. La falta de conocimiento sobre derechos y obligaciones puede resultar en pérdidas irreparables para la parte más vulnerable.
Finalmente, manifestó que el divorcio no debe ser visto únicamente como un trámite administrativo o una cuestión de costos. "Es una cuestión de perder derechos de ambas partes, pero sobre todo de la persona más vulnerable", reafirmó. Por lo tanto, es crucial abordar el divorcio desde una perspectiva que priorice la resolución de conflictos y la protección de los derechos de todos los involucrados.
"Si van a hacerlo, previo paguen una consulta jurídica" porque la falta de asesoría legal podría complicar aún más las relaciones familiares y dejar a las partes más vulnerables sin protección adecuada, concluyó.
