Marcelo Guagliardo, secretario general del sindicato docente ATEN, se mostró a favor de la investigación sobre la presunta emisión de 800 certificados médicos falsos por un psicólogo de Andacollo. En una declaración reciente, Guagliardo manifestó: "Me parece bien que se investigue, que se pueda hacer un trabajo de seguimiento de qué se trata esto".

La denuncia, presentada por la fiscalía de Estado de Neuquén, puso en evidencia que cerca de 800 certificados de licencia médica fueron ingresados este año, firmados por un profesional del norte neuquino. La causa, que se encuentra en la fiscalía de Delitos Económicos bajo la dirección de Pablo Vignaroli, busca determinar la autenticidad de estos documentos.

Guagliardo enfatizó que es necesario verificar si los certificados son realmente falsos y si los docentes que los presentaron los necesitaron durante el período en cuestión. Sin embargo, criticó al Gobierno por optar por la justicia penal en lugar de derivar el caso al área de Salud Ocupacional. "Esto da cuenta de la propia incapacidad del Gobierno. No solamente hay que hacer esto, sino cuidar la salud de los trabajadores y trabajadoras", dijo Guagliardo.

El dirigente también acusó al Gobierno de utilizar la noticia para generar un impacto mediático, sugiriendo que se busca "generar titulares" en lugar de abordar el problema de manera adecuada. "Se está jugando mucho al título", añadió en una entrevista con RNRadio.

El consultorio del psicólogo implicado fue allanado la semana pasada, y durante la inspección se encontraron certificados médicos posdatados y un volumen de trabajo inconsistente con las historias clínicas disponibles. También se le secuestraron el teléfono celular y la notebook. La investigación debe determinar cómo se realizaban las consultas y si el psicólogo cobraba por emitir los certificados.

Guagliardo afirmó que ATEN no encubrirá a quienes hagan un mal uso del régimen de licencias, pero también advirtió contra la estigmatización de la docencia en general. Expresó su preocupación por lo que considera una campaña en contra del sector educativo.

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