Luego de una gran investigación policial y ambiental, este viernes se llevó a cabo la clausura del predio donde funcionaban dos empresas ubicadas en la zona de chacras de Centenario, en la provincia de Neuquén. 

La orden de clausura fue emitida por violar el artículo 99 del Código de Faltas, que prohíbe el desagüe de efluentes contaminantes en la vía pública. 

La investigación comenzó tras denuncias por el vertido ilegal de agua contaminada en desagües cercanos al predio, que luego fue constatada por el personal de la División de Delitos Ambientales de la Policía de Neuquén. 

Los efluentes contaminados eran provenientes del lavado de maquinaria pesada usada en la industria hidrocarburífera. Por otro lado, desde la Dirección de Inspección y Control Ambiental de la localidad se tomaron muestras de los efluentes, que revelaron la presencia de 2,5 miligramos por litro de petróleo.

Foto: Mejor Informado

En el mismo predio también funcionaba otra empresa, que se dedica al lavado de equipos petroleros. La investigación reveló que ninguna de las dos compañías se encontraba registrada como generadoras de residuos peligrosos, infringiendo la normativa vigente. 

Además, una empresa de jugos presentó una denuncia alegando que una fracción del terreno que pertenecía a su ex planta fue ocupada ilegalmente por la otra parte en locación, quien expandió sus operaciones de manera irregular. En la ex planta depuradora de efluentes de la juguera, se encontraron residuos de hidrocarburos.

Tras la orden de allanamiento, se inspeccionó todo el predio de 14 hectáreas, con la supervisión de la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales. En el operativo identificaron a varias personas relacionadas con el predio. 

La policía secuestró armas de fuego.
Foto: Mejor Informado

En la inspección, la policía secuestró un arma de fuego tipo pistola .45 marca Glock 21c, con cinco municiones calibre 9 milímetros, 24 vainas servidas calibre 9 mm y dos vainas calibre 12/70. También secuestraron una escopeta calibre 12/70 con municiones, documentación de las empresas y un DVR con grabaciones de seguridad.

La policía demoró a un hombre de 36 años, el principal investigado, que fue imputado por delitos ambientales, pero puesto en libertad ambulatoria. 

La investigación continúa bajo la supervisión del Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de determinar el alcance de la contaminación y la responsabilidad de los implicados.

Con información de Mejor Informado

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