El gobierno de la provincia de Mendoza ha implementado una medida sin precedentes en Argentina, la cual busca responsabilizar a los conductores ebrios involucrados en accidentes viales por los costos de internación, insumos y gastos médicos en los hospitales públicos.
Esta iniciativa, aprobada recientemente, forma parte de un paquete de leyes destinadas a “fortalecer los recursos humanos, invertir en mejoras en el sistema de salud y optimizar los procesos tecnológicos del Ministerio de Salud”.
El Ministro de Salud de Mendoza, Rodolfo Montero, explicó que se ha creado un ente público encargado de centralizar todos los cobros de los pacientes atendidos en hospitales y centros de salud públicos.
Esta medida incluye el recupero de prestaciones de salud otorgadas a conductores que estaban bajo los efectos del alcohol, drogas o sedados al momento del accidente.
¿Cómo manejar cuando hay nieve? ❄️ Algunos consejos para reducir el riesgo de accidentes
Según un informe del Ministerio de Salud de Mendoza, una persona que requiere una semana de internación en terapia intermedia o intensiva debido a un accidente de tránsito genera un costo promedio de al menos 15 millones de pesos en internación, estudios, medicación y tratamientos.
Este costo puede aumentar considerablemente en casos que necesiten terapia intensiva, intervenciones quirúrgicas y rehabilitación.
La ley aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados de la provincia establece que el Ministerio de Salud, a través del Ente Reforsal, podrá cobrar o recuperar las prestaciones de salud brindadas a conductores que, bajo los efectos del alcohol por encima de los límites permitidos, participen en accidentes de tránsito.
La normativa abarca a conductores de automóviles, bicicletas, motocicletas, transporte de pasajeros y carga, así como a aquellos que estén bajo los efectos de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias similares.
Un motociclista argentino de 9 años se accidentó en una práctica y lucha por su vida
Esta medida busca concienciar sobre los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol y otras sustancias, ya que, según la fundamentación de la ley, una de cada cuatro muertes en accidentes de tránsito está vinculada a conductores intoxicados.
En caso de que el conductor alcoholizado cuente con cobertura sanitaria privada, los costos serán dirigidos a la obra social o prepaga correspondiente, y en ausencia de seguro vigente, se iniciará un proceso judicial para hacerse cargo de los gastos hospitalarios.