Comodoro: casi 15 mil personas viven en 19 asentamientos ilegales y sin servicios

Comodoro Rivadavia tiene alrededor de 19 asentamientos de tierras consolidados como barrios de precarias condiciones de infraestructura, lo que involucra a alrededor de 3.600 grupos familiares, es decir unas 15 mil personas que viven en esas condiciones.

La falta de acceso a la tierra y las dificultades del Estado para facilitar las condiciones de acceso se ve reflejado en otro dato contundente: el área de Seguridad del municipio ocupa alrededor de 30 intentos de usurpaciones por mes.

“Hay por lo menos un intento de ocupación por día, a veces más, y se intensifica los sábados y domingos, mucho más cuando hay fines de semana largos”.

La descripción correspondiente al secretario de Planeamiento Urbano y Servicios Públicos municipal, ingeniero Luis Ferrero.

“Muchas veces se arman convocatorias por redes sociales y cuando pasa eso, un predio puede aparecer con 40 ocupantes al día siguiente –describió el funcionario, ante la consulta de ADNSUR-. Muchas veces se trata solo levantar un poste y un par de alambres, o un cartel que muestra un número de expediente que es falso. En esos casos se puede desarticular rápidamente; pero a veces hubo que demoler construcciones de material, no es nada grato tener que hacerlo ”.

El problema tiene enfoques múltiples y si bien la acción del Estado municipal apunta a evitar que proliferen asentamientos irregulares, por las condiciones de vulnerabilidad social que en muchos casos quedan cristalizados, desde el ámbito académico se reclaman soluciones para quienes no tienen dónde vivir.

Así lo manifestaba días atrás el investigador Sebastián Barros, en entrevista con el canal ADNSUR: “Vemos que se evitan algunas ocupaciones porque es ilegal, pero tenemos que pensar también adónde va a ir a vivir esa gente, es decir: planificar sin pensar en las personas que tienen que tener un acceso de calidad a la tierra, pueden llevar a cabo condiciones de especulación inmobiliaria que no van a solucionar el problema”.

Barros insistió en el rol que le cabe al Estado ya la clase política para proyectar el crecimiento urbano y garantizar el acceso a la tierra, en una ciudad caracterizada además por el crecimiento poblacional cada vez que el mercado petrolero se activa, por suba de precios y atracción de más familias en busca de oportunidades de trabajo.

Casi 3.600 familias en 19 asentamientos

La falta de acceso a la tierra se ve reflejado en un relevamiento oficial del municipio, en el que se contabilizan 19 asentamientos, muchos de los cuales comenzaron hace más de 12 años. En ese registro se estima 3.580 lotes o parcelas familiares, lo que permite estimar una población cercana a las 15.000 personas.

En el registro municipal, los asentamientos muestran urbanizaciones y consolidadas, entre las que cuentan con Las Américas, con 434 parcelas; San Cayetano-Loteo Rivera, con 770 lotes; acceso norte, Ruta 39 y Código 3030, con más de 500 parcelas; COMIPA Este, con 296 lotes fraccionados, entre otros que se esparcen tanto en la zona norte como sur.

El libro "Toma de tierras y dificultades de acceso al suelo urbano en la Patagonia central", editado por Santiago Bachiller y con participación de otros investigadores vinculados a la Universidad Nacional de la Patagonia, condensa parte de un problema que atraviesa a la historia de la ciudad, pero que se ha revitalizado fuertemente en las primeras dos décadas del siglo 21.

Otro trabajo de Bachiller, quien es doctor en Antropología y profesor de Antropología Sociocultural en la Universidad Nacional de la Patagonia, expresó en una ponencia del año 2015, al analizar el fenómeno sobre todo en la primera parte de los años 2000:

“Los booms petroleros determinan la llegada de miles de migrantes que buscan una oportunidad laboral. Muchos de tales migrantes terminan residiendo en un asentamiento; la explicación del proceso de ocupación reside en el modo en que se combina un mercado inmobiliario que impone precios prohibitivos sin ningún tipo de regulación, con ordenanzas municipales que restringen el acceso a la tierra a los argentinos que llevan años afincados en la zona".

"No obstante, los ejemplos etnográficos presentados en la ponencia me permitieron refutar el sentido común local: las ocupaciones no se restringen a los migrantes, sino que miles de argentinos, muchos de ellos comodorenses, también tomaron terrenos. Los sectores populares, más allá de su lugar de procedencia, comparten las mismas restricciones impuestas por un mercado inmobiliario moldeado por los salarios del mundo petrolero".

Y también agregó el investigador del CONICET en aquel trabajo académico: “Asimismo, la existencia de tomas protagonizadas o fomentadas por empresarios condujo a desmitificar otro tópico, el cual restringe las responsabilidades a quienes padecen una situación de pobreza”.

Baeza: “Hay mucha tierra en 'manos muertas' y el Estado debería redistribuirla”

Brígida Baeza, investigadora independiente del CONICET, es coautora del libro antes mencionado. Consultada sobre si observa algún cambio en la actualidad, en relación al enfoque realizado en aquel trabajo, la docente de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de la Patagonia, respondió para este informe de ADNSUR:

“En la época en que escribimos 'Toma de tierras en Comodoro…' (año 2015) el tema habitacional era uno de los más acuciantes que vivía la ciudad; veníamos del último gran crecimiento poblacional y eso implicaba un re-acomodamiento a nivel de la estructura social, lo que se reflejaba en diversos aspectos, incluido el espacial. Si existe un punto que genera la diferenciación entre una época y otra son las condiciones que atraviesa la extracción petrolera en la actualidad, con la baja del precio –agudizada aún más por el contexto de pandemia- del petróleo, por lo que la ciudad ha dejado de ser 'dadora' de empleo y salarios altos. Esto generó el cese de grupos migrantes, que se veían atraídos por un mercado de trabajo en expansión, y por ende las denominadas 'toma de tierras', todas las tendencias anteriores a la aparición del Covid 19 ”. 

Al remarcar los cambios observados en el último tiempo, la investigadora añadió: “A lo largo de los años que median entre la publicación del libro y la actualidad, fuimos viendo la consolidación de varios de los otrora ‘asentamientos informales’ en barrios constituidos como tales, con servicios y sobre todo con edificaciones, en muchos casos de gran magnitud y costos que reflejan un poder adquisitivos de sus propietarios; en algunos casos seguramente por pertenecer al mercado de trabajo petrolero, pero también a pequeños comerciantes, y otros empleos como la construcción. Sin embargo, también fuimos viendo cómo en escala micro se fue dando la reproducción de la lógica que legitima el funcionamiento de las relaciones sociales, de acuerdo al tiempo de residencia, donde ‘lxs viejxs’ logran ubicarse en mejores situaciones respecto a ‘lxs nuevxs’. 

Eso también podríamos decir que se profundiza espacialmente y en la actualidad vemos zonas de etnicización espacial, donde se pueden observar ciertos espacios que son vistos como ‘de bolivianxs’, como puede ser una parte del Barrio Moure, donde sí es real que allí los grupos migrantes provenientes de Bolivia han realizado edificaciones de viviendas al modo de construcción que requieren para sus celebraciones y ocupaciones. 

En otros casos se ha generado una ‘lucha contra el estigma’, como puede ser el Barrio Las Américas, donde el mote de ‘barrio de paraguayos’, que había sido uno de los modos de denominación que se habían popularizado, y que sin embargo sus vecinxs han logrado revertir mostrando que existen diversas prácticas alejadas de las cuestiones negativas que antes se les endilgaba”. 

Para Baeza, “otro de los elementos significativos que han ocurrido en la ciudad desde la publicación del libro ha sido el reconocimiento oficial de la zona norte de Comodoro Rivadavia como un espacio donde también se requería atención institucional para trámites vinculados a tierras, con la instalación de la Secretaría de Tierras en zona norte. En la época en que iniciamos el trabajo de campo para la investigación que dio origen al libro, existía el mito de que la zona norte se presentaba como planificada, ordenada, sin los perjuicios que ocasionaban ‘las tomas’ en la zona sur, lo cual representaba un imaginario instalado en la época de hegemonía de YPF y las demás empresas de la zona norte. Sin embargo lo que veíamos era –en algunos casos- situaciones aún más graves en la zona norte –y que continúan- que era no sólo la existencia de asentamientos informales, sino también la convivencia de precariedad y problemáticas ambientales, cuyo símbolo sigue representado en la conformación de viviendas alrededor de una cigüeña de petróleo en pleno funcionamiento como se da en km 8”.

Se le preguntó a la investigadora cómo cree que debería el Estado municipal, resolver la tensión entre la necesidad de acceder a la tierra y la dificultad que plantea la geografía local, limitada por instalaciones petroleras y otras complejidades. 

“En los últimos años se fue dando un mayor reconocimiento de lo que significa tanto la geografía local (marcada fuertemente a partir de las consecuencias de la catástrofe de 2017) y de las limitaciones que genera la extracción petrolera, en particular por tener que cumplimentar con los códigos de edificación y tendido de redes de servicios en los lugares donde por ejemplo existen pozos de petróleo sellados con normas de casi un siglo atrás. Sin embargo, Comodoro Rivadavia no escapa a la lógica predominante e histórica de gran parte de Patagonia: la existencia de tierra pública y privada que se encuentra en ‘manos muertas’, como se conoce la situación vinculada al ausentismo, al atesoramiento, a la acumulación por parte de grupos hegemónicos, etc. Entonces, si el Estado municipal o provincial fuese capaz de generar políticas de redistribución de la tierra, generando impuestos acordes a la cantidad de tierra que se encuentra en manos de empresas y determinados grupos empresariales, se podría dinamizar y atender a la necesidad crucial de tierras para viviendas”. 

Baeza advirtió también sobre los riesgos aún no resueltos:
“Las ausencias estatales en materia de regulación generan y profundizan una serie de desigualdades sociales que contribuyen a que determinados sectores sociales se perjudiquen aún más al tener que acceder a tierra sobrevaluada de terrenos sin servicios, sin acceso, a verse ‘engañados’, estafados por comprar tierra o viviendas ‘sin papeles’, que luego terminan perdiendo, entre otros modos totalmente perjudiciales para quienes no pueden acceder a la vivienda”. 

Finalmente, concluyó: “Creo que como cientista social dedicada al análisis de los procesos migratorios de grupos altamente subalternizados, veo con preocupación el modo en que la ciudad sigue naturalizando y por ende condenando a quienes atraviesan por problemas habitacionales, tal como se sostuvo recientemente en una toma ocurrida en Km 4: ‘no es un desalojo. Es un levantamiento’. Pareciera que el cambio de palabras quita dureza a una acción que en el fondo sigue siendo lo mismo: desconocer lo que significa no poder solventar los gastos de alquiler, no poder acceder al derecho al suelo porque los valores de esta ciudad resultan prohibitivos también para quien tiene un sueldo promedio en la ciudad”.

Una demanda de al menos 4.000 lotes en espera

Para Luis Ferrero, hay dos aspectos esenciales para afrontar el tema tierras. “Por un lado, el Estado debe tomar un rol de control fuete, pero también, por otro lado, la tierra fiscal municipal se debe vender barata solamente para casos de familia que lo necesitan, pero no en cualquier caso.  Cuando no se cumple, nos obligan al recupero de esos terrenos, además de perseguir ventas o cesiones de derechos, que están prohibidos por ordenanza, pero igualmente se hacen”.  

Ferrerro reconoció que un lote municipal puede valer la décima parte del valor que presenta el mercado inmobiliario, lo que en algunos casos puede dar lugar a la especulación inmobiliaria: se accede a lotes por esta vía y luego son vendidos, o sub divididos.

 Ante la consulta de si funcionan los mecanismos de filtro y control para evitar que los terrenos fiscales sean adquiridos por sectores que no justifican la necesidad social, respondió: 

“El control está contemplado en la ordenanza de tierras, pero puede ser que sean parámetros muy ambiguos para determinar la capacidad adquisitiva de una familia. Entonces hay formas de evadirlo y mostrar una realidad económica diferente de la real, por ejemplo si un matrimonio presenta sólo un recibo de haberes”. 

En la actualidad, confió el funcionario, hay alrededor de expedientes iniciados en procura de un terreno. “Si hacemos una actualización, porque hay personas que inician el trámite y se van de la ciudad, o en otros casos hay fallecimientos, van a quedar unos 4.000, que es igualmente un número muy alto –precisó-. Es una grande demanda, pero cuesta mucho responder, porque hay problemas para financiar las redes de servicios públicos. A veces no puedo avanzar con el ofrecimiento de 40 lotes”, graficó.

Servicios clandestinos: mangueras de gas enterradas en la periferia

En ese marco, reconoció que también se da la doble dificultad del costo para realizar la instalación de servicios en asentamientos ya consolidados, mientras que en otros casos hay dificultades para concretar la mensura, por instalaciones petroleras cercanas.

El riesgo de los servicios clandestinos es otro elemento preocupante.

“Quienes tienen servicios, es porque están colgados, tanto de electricidad como del agua. También estuvimos reunidos con gente de Camuzzi que nos manifestó su preocupación: hay mangueras enterradas que conducen gas por un montón de tierras de la periferia, en asentamientos ilegales, lo cual es un riesgo muy alto”.

Lucas es un vecino que participó de la ocupación de tierras en barrio COMIPA, en zona norte, que comenzó allá por el año 2006, mientras que en 2018 se organizó la asociación vecinal. “Acá debe haber entre 38 y 40 manzanas, pero de éstas una parte muy chica, alrededor de 4 manzanas, pertenecieron a la empresa Petroquímica”, recordó.

El vecino indicó que llevan años de reclamo para acceder a los servicios, tanto de electricidad como de agua.

“Todo lo que tenemos es por conexiones clandestinas”, reconoció. “El municipio nos dice ahora que están con el problema de pandemia, desde el año pasado, pero llevamos mucho tiempo con estos reclamos y no se hacen cargo, desde hace más de 5 años”, cuestionó. 

El vecino asegura que en el asentamiento hay alrededor de 420 familias, lo que incluso supera el registro del municipio, que tiene asentado algo menos de 300 familias.

“Lo que pasa es que acá se siguen multiplicando, porque no hay control ni mensuras, entonces los terrenos se siguen subdiviendo y un lote se transforma en 3 ó 4 casas más. Cada relevamiento va quedando mal, porque la gente vende, compra, sale, es un desastre –admitió-. Esto nos perjudica también a los que vivimos aquí y queremos permanecer, porque yo ya hice mi casa de material y no me quiero ir”.

Lucas también llama la atención sobre el riesgo para las familias que viven en este asentamiento. 

“Hay casas que son totalmente de chapas y los cables de electricidad pasan por arriba –describió-. Donde se corte un cable, va a quedar una casa hecha un microondas. No sé cómo va a responder el municipio ante un problema de esa magnitud”. 

Lucas reclama la atención desde el Estado municipal. 

“No queremos la reubicación, eso se debería haber pensado hace más de 15 años, cuando comenzó el asentamiento. Hay muchos vecinos que han hecho su casita y no se van a querer ir, son gente de laburo que ya vive acá. Seguimos presentando notas al municipio para las mensuras y los servicios, pero no tenemos ninguna respuesta”.

Finalmente, el vecino reflexionó sobre lo que esperan: "Necesitamos las mensuras o pre mensuras, para poder contar con servicios y vivir dignamente".