Detuvieron al concejal patagónico que amenazó de muerte a una intendenta y a los funcionarios
El presidente del Concejo Deliberante llegó armado al edificio municipal, amenazó a la intendenta y golpeó a un funcionario. Horas más tarde, el hombre se entregó voluntariamente y quedó detenido.
En las últimas horas el presidente del Concejo Deliberante de Catriel fue detenido en una investigación por amenazas contra la intendente. El hombre se entregó de forma voluntaria este viernes por la tarde.
La Fiscalía de Catriel comenzó una investigación por un violento episodio que ocurrió en la Municipalidad de la localidad rionegrina, cuando Alberto Araiduo, presidente del Concejo, amenazó de muerte a Daniela Salzotto, intendente de la ciudad, y a Paulo Pérez, secretario de prensa.
Según trascendió en las primeras informaciones, el acusado y Paulo Pérez tuvieron una discusión que terminó a los golpes. Posteriormente, el secretario de prensa y la intendente denunciaron que fueron amenazados con un arma de fuego por el Presidente del Concejo Deliberante, mientras este gritaba “los voy a matar a todos”.
Según la información publicada por Mejor Informado, a la denuncia se sumaron fuertes imágenes que fueron registradas por las cámaras de seguridad, donde se observa al acusado con un arma en la mano. Algunas imágenes circularon a través de las redes sociales, y fueron la clave para lograr su detención horas más tarde.
Este sábado por la mañana se realizó la audiencia solicitada por la Fiscalía de Catriel, en la cual se presentaron cargos contra el Presidente del Concejo Deliberante de la localidad, además de solicitarse medidas cautelares para proteger la institucionalidad local, a la víctima y a los testigos involucrados.
De acuerdo con la acusación fiscal, se habrían producido seis incidentes. El primero habría ocurrido el pasado 8 de marzo, cuando Alberto Alfredo Ariaudo envió un mensaje de WhatsApp en el que amenazaba al Asesor Técnico del municipio, con la intención de forzarlo a dejar su puesto de trabajo en Catriel, lo que generó temor en la víctima.
El segundo hecho se habría dado este viernes, cuando el imputado habría enviado un mensaje similar a la Intendente, causando temor en ella.
“El tercer incidente se registró cuando el Presidente del Concejo Deliberante se presentó en la sede del órgano legislativo, portando un arma de fuego tipo revólver, de uso civil, sin la autorización legal correspondiente, la cual mostró frente a una cámara de seguridad interna, con el objetivo de intimidar a la Intendente”, explicó la fiscal.
El cuarto hecho involucró un mensaje de WhatsApp enviado por Ariaudo al Secretario de Prensa del municipio, lo cual también le generó temor. En cuanto al quinto incidente, Ariaudo se habría presentado en el municipio, donde, tras realizar una amenaza telefónica, intentó agredir físicamente al encargado del área de Comunicación.
Finalmente, el sexto hecho ocurrió de manera inmediata al anterior, cuando Ariaudo portó nuevamente un revólver de uso civil, sin la debida autorización, y lo mostró en el patio frontal del edificio municipal a dos personas.
La fiscalía formuló cargos bajo la calificación de "coacción agravada por haber intentado obligar a una persona a dejar su puesto de trabajo" según los Artículos 149 ter, inciso 2, apartado b, y el Artículo 149 bis (referente al primer hecho). Asimismo, se le acusó de "amenazas reiteradas" conforme al Artículo 149 bis en relación con el Artículo 55 (hechos 2, 4 y 5), y de "portación ilegal de arma de fuego de uso civil reiterada", según los Artículos 189 bis, inciso 2, párrafo 3 (hechos 3 y 6), todo en concurso real según el artículo 55 del Código Penal.
El imputado, asistido por su abogado defensor, expresó en la audiencia su arrepentimiento por lo ocurrido y ofreció presentar su renuncia al Concejo Deliberante a partir de este mismo día. La parte querellante estuvo de acuerdo con esta medida, contando con el respaldo de la Fiscalía, y subrayó la importancia de que la renuncia se formalice hoy.
“El imputado llegó detenido a la audiencia. La Fiscalía iba a solicitar su prisión preventiva y desafuero, pero él decidió colaborar con el órgano municipal y con la investigación judicial”, explicó el fiscal jefe.
Por tal motivo, se solicitaron medidas cautelares como la fijación de un domicilio, la obligación de presentarse semanalmente ante la justicia, y la prohibición de interferir en el desarrollo de la investigación. El imputado no podrá contactar ni directa ni indirectamente a la víctima, a los testigos ni a otras personas mencionadas en el caso.
Además, se pidió una restricción de acercamiento de al menos 300 metros tanto a la vivienda de la Intendente como a la sede del Concejo Deliberante y al Municipio.
