Disponen la libertad de los condenados por la emergencia climática en Comodoro

El tribunal integrado por los jueces Mariano Nicosia y Martín Cosmaro resolvió este lunes disponer el cese de la prisión domiciliaria con la que habían sido beneficiados los imputados en la emergencia climática, cuando el 24 de diciembre último un tribunal integrado por jueces de Esquel accedió al pedido de las defensas.

Se trata del caso que involucra a Abel Boyero (ex secretario de Infraestructura) junto a los empresarios Roberto Monasterolo, Cristian Pérez, Javier Morales y Hernán Lobos Rosas, que fueron condenados en dos instancias, por fraude contra el municipio de Comodoro Rivadavia, durante los trabajos del temporal de 2017. 

Además de ellos, fueron declarados también penalmente responsables Rubén Palomeque (ex secretario de servicios Públicos) y los inspectores municipales Juan Carlos Lara, Joaquín Mansilla, Rubén Sartori y Eduardo Van Heerden, en estos con penas de prisión en suspenso. 
Los imputados que habían recibido prisión preventiva el 4 de diciembre, plantearon sucesivas audiencias de revisión, hasta lograr el día previo a la Navidad la medida de prisión domiciliaria.

PLANTEO DEL FISCAL

Según confiaron fuentes judiciales ante la consulta de ADNSUR, fue el fiscal Cristian Olazábal quien pidió hoy el cese de la prisión domiciliaria para disponer la libertad de los imputados, bajo el argumento de que la situación así planteada (con una prisión domiciliaria sin ningún tipo de control adicional) podría configurar una forma de fraude procesal.

Para entender el planteo, hay que tener en cuenta que cada día de prisión domiciliaria puede descontarse luego, en caso de que la condena quede firme, del tiempo de prisión que corresponde a cada consorte de causa, que va desde los 5 años a para Boyero y Monasterolo, a algo más de 3 años para los demás empresarios. 

A pedido del fiscal, el tribunal dispuso la libertad, pero con prohibición absoluta de salida de la ciudad y con presentaciones ante la Oficina Judicial los días lunes, miércoles y viernes. 

La medida tiene vigencia hasta el próximo 5 de junio, fecha en que debería revisarse, salvo que la sentencia adquiera grado de firmeza antes de esa fecha.