Durante el 2023 destinaron $40 mil millones a comedores y descubrieron que cerca de mil no existen

En el marco de un relevamiento que llevó a cabo la Secretaría de Niñez y Familia del Ministerio de Capital Humano, hallaron que en el ReNaCOM (Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios) había más de 40.000 centros comunitarios inscriptos, aunque poco menos de 5.000 cumplían los requisitos para ser incluidos en el registro. No obstante, fueron dados de alta para recibir el beneficio.

Cabe recordar que el registro fue creado en 2020 mediante la resolución 480 y en época de pandemia por Covid-19. Su objetivo era "acreditar la existencia y el funcionamiento de los espacios físicos".

En cuanto a la modalidad de distribución, el Ministerio de Desarrollo Social adquiría alimentos que luego distribuía en puntos de almacenamiento oficiales para ser posteriormente trasladados a los galpones de diversas organizaciones. Respecto a la cantidad de elementos repartidos, estaba determinado por la cantidad de comedores que debían abastecer y la cantidad de personas que acudían a cada uno de ellos. En última instancia, eran los referentes zonales quienes tomaban la decisión final sobre la distribución correspondiente a cada lugar.

En este sentido, desde el 2023, se realizaron desembolsos impactantes en licitaciones de compras de alimentos para comedores en el área de Desarrollo Social, alcanzando una cifra de más de $40 mil millones. Sin embargo, al llevar a cabo una auditoría en 2.168 espacios, descubrieron que el 54% de esos comedores eran falsos.

Cabe señalar que identificaron direcciones engañosas, números de contacto erróneos y centros que permanecen cerrados desde hace años pero que aún figuran como beneficiarios habituales. Además, muchos de ellos se encuentran cercanos entre sí.

Según informó TN, esos centros comunitarios están relacionados con movimientos sociales, quienes mantuvieron vínculos con el Ministerio de Desarrollo Social durante el gobierno del expresidente Alberto Fernández. En tanto, los vecinos señalaron a grupos sociales como el Movimiento Evita, Barrios de Pie, Libres del Sur, MTE y Pueblos Unidos por utilizar sus domicilios sin autorización. Desde el Gobierno de Javier Milei, plantearon la idea de eliminar a los intermediarios y catalogaron a ese modelo como “extorsionador”.