El dueño del kiosco que compró datos biométricos de la gente por $20.000 rompió el silencio
Un escaneo de iris a cambio de dinero desató críticas, denuncias y dudas sobre los riesgos. El kiosquero defendió la iniciativa como una "oportunidad", pero especialistas alertan sobre las consecuencias de ceder datos sensibles.
Zapala fue escenario de una controversia inesperada cuando se supo que en el Maxiquiosco San Martín, ubicado en pleno centro, se realizaban escaneos de iris a cambio de dinero o criptomonedas. Raúl, dueño del local, explicó que no era él quien hacía los registros, sino que prestó el espacio a una empresa de criptomonedas que ofrecía $20.000 por datos biométricos o su propia moneda digital si el usuario abría una cuenta.
“Yo lo hice con las mejores intenciones. Me parecía una oportunidad para las personas de generar un ingreso extra”, explicó Raúl, quien además detalló que él mismo participó del proceso antes de asociarse con la compañía. Sin embargo, las largas filas y el revuelo generaron preocupación en la comunidad y las autoridades, que advirtieron sobre los riesgos legales y de seguridad.
¿Qué dicen los especialistas?
Los datos biométricos, como el escaneo de iris, son información sensible regulada por la Ley 25.326 en Argentina, que solo permite su uso en casos de interés general debidamente autorizados. Daniel Domene, director provincial de Tecnologías aplicadas a la Ciberseguridad, advirtió que ceder estos datos puede derivar en suplantación de identidad, hackeos y otros delitos cibernéticos.
Aunque Worldcoin, la empresa detrás de esta propuesta, asegura que los datos no se almacenan sino que se convierten en claves únicas, Domene señaló que no existen garantías reales. “El problema es que estas prácticas no están tipificadas como delito penal, lo que deja a las personas expuestas”, comentó.
Una empresa cuestionada a nivel global
Worldcoin ya fue cuestionada en Europa y América Latina. En España y Alemania, se le ordenó eliminar datos recolectados y se destacó su falta de medidas para evitar registros de menores. En Argentina, la provincia de Buenos Aires le aplicó una multa de $194 millones por irregularidades y cláusulas abusivas en sus contratos.
Raúl insistió en que en su local no se atendía a menores y que no notó nada sospechoso. “Nunca pensé que esto iba a generar semejante quilombo”, afirmó. Mientras tanto, los especialistas y las autoridades continúan investigando las implicancias de esta práctica.
