El embargo sobre cuentas del sindicato petrolero es por $24 millones

COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) -  Este miércoles se realizará una asamblea donde los trabajadores petroleros definirán si este jueves harán paro de actividades, tal como anticipó ADNSUR ayer martes. El tesorero y paritario del Sindicato de Petroleros Privados, Héctor Millar, informó que “San Antonio solicitó un embargo por 24 millones de pesos y la jueza Natalia Venter le dio lugar”. Por tal motivo, “vamos a ir a plenario y se decidirán los pasos a seguir. Anunciaremos como se ha planteado la situación de regularizar la situación y que las operadoras hablen con las empresas. "No se descarta ningún tipo de medida”, aseguró y cuestionó que la jueza "no tiene nada que ver con lo laboral y no conoce sobre el origen del conflicto".

En diálogo con La Cien Punto Uno, Millar explicó que “es un avance mal intencionado sobre la institución a raíz de los distintos conflictos gremiales donde la empresa San Antonio con el aval de alguna operadora intentan avanzar sobre la institución para marcar un posicionamiento y amedrentar procediendo al embargo de las cuentas de la institución”.

Y explicó que las operadoras “hacen mención a un expediente de reclamo sindical hacia San Antonio por no cumplir con las condiciones de trabajo, que vayas a un conflicto porque las condiciones no son las adecuadas, hacen que sus empresas aducen que es un perjuicio económico por el conflicto y de ahí proceden al embargo”.

A su vez, remarcó que “San Antonio solicitó un embargo por 24 millones de pesos y la jueza Natalia Venter le dio lugar”. Sostuvo que “es un valor dictaminado por San Antonio y nosotros no podemos saber si existió o no el perjuicio de 24 millones de pesos. Esto está encuadrado en el marco de una conciliación obligatoria y de haber procedido a la medida de acción directa fue producto porque no se tenían las condiciones de trabajo para operar, por lo que fue responsabilidad de la empresa”.

“Ahora se mantienen distintas audiencias donde la empresa tiene que mejorar las condiciones pero estamos en el marco de la conciliación obligatoria. Se hizo un embargo por parte de una jueza ajena al conflicto gremial”, cuestionó.

Y remarcó que “lo único que dice el oficio que nos han enviado es la retención por la suma de 24 millones. Le pedimos a la jueza Venter que nos envié información. Hoy sólo tenemos la información que nos da el banco”.

A su vez, planteó que “es muy difícil la situación: una jueza que no tiene nada que ver con lo laboral y no conoce sobre el origen del conflicto embarga las cuentas del sindicato”. Por tal motivo, Millar remarcó que “lo que venimos pidiendo a la jueza es que en base a ese expediente se expida sobre la petición. El oficio dice que hay que retener al sindicato de Petróleo y Gas Privado de Chubut el monto mencionado y sea depositado a las cuentas de San Antonio”.

“Estamos pidiendo que se expida en base a qué fundamentos, para que tengamos bien claro porque oficialmente no nos han notificado, solo notificó al banco que proceda al embargo”, indicó.

POSIBLE AMPARO

Consultado sobre una posible medida de amparo, indicó que “lo que se tenga que  hacer lo haremos legalmente. El 90% de las empresas tiene condiciones de trabajo inseguras, violación de convenio y si esto hace que cada empresa en defensa ejerza un reclamo y la jueza diga que se embargue, el camino es el equivocado por parte de la jueza que actúa en base de las empresas”.

“Para operar, las empresas tienen que tener las condiciones que corresponden y no podemos dejar que se avance en estas situaciones porque si no no vamos a poder reclamar porque cualquier empresa va a venir a embargar”, sostuvo.

Millar planteó: “Que una jueza que desconoce el origen del reclamo, embargue y genere un antecedente no es bueno porque con este antecedente cualquier empresa va a querer hacer lo que quiera cuando ellos tienen que cumplir con las condiciones de trabajo”.

Por tal motivo, informó que “vamos a ir a plenario y se decidirán los pasos a seguir. Anunciaremos cómo se ha planteado la situación y que las operadoras hablen con las empresas. No se descarta ningún tipo de medida y legalmente vamos a hacer lo que dictamine la justicia. Si existe una conciliación después de un conflicto, la vamos a acatar”.