La Fiscalía de Esquel presentó un protocolo de actuación para todos los miembros de dicho espacio “para evitar que haya desinteligencia entre funcionarios", específicamente "para los casos de abusos sexuales agudos, que son aquellos que, desde la denuncia pasaron 72 y hasta 96 horas antes y se debe aplicar un protocolo médico legal”, explicó a ADNSUR, Maria Bottini, fiscal jefa de Esquel.

Tal como explicó, “es un protocolo que se refiere a la toma de muestras que se hacen para pericias genéticas, el reconocimiento médico también legal de la víctima, para poder establecer si tienen lesiones compatibles con lo que denuncia o lesiones en su cuerpo”.

Asimismo, agregó “también la parte médica es para aplicar medicación o para que se programe medicación para -por ejemplo- anticoncepción de emergencia o para las enfermedades de transmisión sexual preventiva”.

"Eventualmente se puede pedir una detención con prisión preventiva, evaluable en cada caso y según la gravedad del hecho, para el acusado".

CÓMO SE PROCEDE CON EL ACUSADO

Respecto del imputado, lo importante es “poder hacer esta misma toma de muestras, para posteriores pericias, también el reconocimiento médico -en caso que la víctima haya tenido algún tipo de posibilidad de defenderse frente a este ataque- y también lo que solicitamos con orden judicial es que se haga un análisis de las enfermedades de transmisión sexual, para -en su caso que sea negativo ese resultado- cortar el tratamiento”.

En ese sentido, justificó “esos tratamientos son muy agresivos para el cuerpo de las víctimas, que se otorgan por los médicos por prevención, pero la realidad es que si no es necesario, es mejor cortarlo porque trae un montón de malestar a la persona”, precisó Bottini

Este protocolo, “lo que particularmente tiene de ‘novedoso’ es que, nosotros hicimos un convenio con el Ministerio de Salud en su momento, con el servicio de adolescencia del Hospital Zonal de Esquel, donde a las víctimas se las traslada -sean del interior de la provincia o de la propia localidad de Esquel o Trevelin- al servicio de adolescencia. No importa si son mayores o menores y ahí van a ser atendidas por un médico de salud pública”. Y continuó, "son cuatro médicos que hacen guardias para estos casos de abuso sexual agudos, junto con uno de los médicos forenses que están en esta jurisdicción.

“Esto es para evitar que haya médicos que no conozcan cómo aplicar el protocolo y esto signifique demoras o una falla en la aplicación que pueda generar o una cuestión negativa para la toma de muestras y para la prueba, que después se necesite para aprobar el caso o bien que el problema sea que no se le aplique bien lo relativo a los médicos”, detalló.

MEDIDAS JUDICIALES

En lo relativo a qué medidas hay que pedirle al juez, “este protocolo tiene un anexo con una serie de documentos que son para ayudar a los miembros de la Fiscalía a que puedan realizar rápidamente las medidas que hay que solicitar”.

Por ejemplo, la detención del imputado -en caso de estar identificado- para proceder a la toma de muestras y a la realización médica. También “las medidas de protección hacia la víctima, sean de prohibición de acercamiento, de exclusión del hogar, eventualmente hasta se puede pedir una detención con prisión preventiva, esto es evaluable en cada caso y según la  gravedad del hecho”, señaló.

“También puede existir la necesidad de hacer un allanamiento para hacer una inspección ocular, si es que esto no ocurre en la vía pública, sino que acontece en un lugar cerrado, el secuestro de elementos que la víctima pudo haber manifestado que se utilizaron elementos como armas de fuego, armas blancas para amenazar o bien algún elemento para introducirse en alguna parte del cuerpo que agrave el abuso sexual, o que la víctima haga alguna descripción especial de dónde ocurrió el hecho y eso también hay que documentarlo”, explicó Bottini.

OBJETIVO PRINCIPAL

En definitiva, destacó, "la víctima que va a denunciar necesita también una respuesta de la justicia, así que en este sentido nosotros hicimos este acuerdo con los médicos para que tengan una respuesta integral, que en realidad están interrelacionadas:

🔸Por un lado, “la respuesta que se les da desde lo médico y desde lo legal también redundan en su salud física y psicológica”, porque la persona está esperando que quien la ha atacado sexualmente tenga una condena.

🔸La violencia de género, para la Organización Mundial de la Salud, “es un problema de salud pública, por lo cual hay que tener en cuenta todas estas circunstancias y que los médicos y las médicas que apliquen en salud pública este protocolo sean personas también capacitadas para esto, es lo que lo que pudimos lograr a partir de trabajar en especial con la doctora Estefanía Lewis, jefa del Servicio de adolescencia en el hospital de Esquel y también con el doctor Carlos Winter, que es el director del hospital, para poder lograr esta eficiencia de parte del Estado”, concluyó.

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