El Gobierno de Neuquén aplicó la máxima sanción administrativa a un empleado de planta permanente del Ministerio de Desarrollo Social, quien fue exonerado por protagonizar un hecho que la Junta de Disciplina calificó como "grave e inadmisible". El hombre trasladó a tres adolescentes de un Hogar estatal en su auto particular mientras manejaba en estado de ebriedad, a alta velocidad y de forma temeraria.

El incidente, que tuvo lugar el 19 de diciembre de 2022, involucró a menores separados de sus familias por orden judicial debido a situaciones de maltrato y violencia. Según se detalla en el decreto de exoneración, publicado recientemente en el Boletín Oficial, el empleado no cumplió con su horario nocturno en el Hogar. En cambio, subió a los jóvenes a su vehículo, condujo imprudentemente por media hora, excedió límites de velocidad, manejó en contramano y estuvo a punto de chocar un colectivo.

Testimonios que agravan la situación

Los adolescentes relataron que en el vehículo había bebidas alcohólicas y que el conductor despedía un fuerte olor a alcohol. Además, lo acusaron de realizar comentarios obscenos sobre mujeres y familiares de los jóvenes. Para la Junta de Disciplina, estas conductas no solo vulneraron los derechos de los menores, sino que los expusieron a un riesgo extremo, violando el rol de contención que debe garantizar el Estado.

El peso de la exoneración

La exoneración implica la expulsión definitiva del empleado del sistema público provincial. Es una medida excepcional que se toma tras un sumario administrativo cuando las pruebas acreditan una falta gravísima. En este caso, el decreto destacó que el accionar del empleado era incompatible con las funciones en un Hogar que debería ser un espacio seguro para niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Otro caso que conmocionó al sistema público

En otro incidente, un chofer de ambulancia del hospital de Zapala también fue exonerado tras un allanamiento en noviembre de 2022, donde se encontraron 122 gramos de cocaína, una balanza de precisión, cannabis y más de $400.000 y US$1.600 en su locker. La Junta de Disciplina consideró que su accionar, además de constituir un posible delito penal, generó una grave falta administrativa incompatible con su rol en la salud pública.

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