Escándalo en un municipio patagónico: jugaron con la enfermedad para no trabajar y terminaron despedidos
Tres empleados municipales fueron exonerados por presentar certificados médicos falsos para justificar sus ausencias. El intendente Buteler advirtió que habrá más controles y denuncias penales.
El intento de evadir el trabajo con certificados médicos truchos tuvo un costo alto para tres empleados municipales de Cipolletti, quienes fueron despedidos tras descubrirse la maniobra. El escándalo derivó en una denuncia penal contra los responsables de la adulteración y abrió el debate sobre el control del ausentismo en el ámbito estatal.
Certificados que no existían y una firma que lo delató
El caso salió a la luz cuando el área de Recursos Humanos detectó irregularidades en certificados médicos presentados por trabajadores de la Secretaría de Servicios Públicos y Desarrollo Humano. Las fechas y diagnósticos no coincidían con los registros médicos habituales, por lo que se inició un control exhaustivo.
Para verificar su autenticidad, el Municipio consultó directamente con los profesionales cuyas firmas figuraban en los documentos. La respuesta fue contundente: ninguno de ellos había firmado ni emitido esos certificados. Ante la evidencia de falsificación, se activó el protocolo de auditoría médica y se avanzó en la exoneración inmediata de los involucrados.
El intendente Rodrigo Buteler no dudó en calificar la maniobra como una estafa a la comunidad. “Los controles están dando resultados y vamos a ser inflexibles. Quien intenta engañar al Municipio, en realidad está defraudando a cada vecino que paga sus impuestos”, sostuvo.
El caso no es aislado. En los últimos años, el Municipio detectó varios intentos de justificar faltas con documentación adulterada. Incluso, se descubrió que firmas y sellos de un médico fallecido estaban siendo utilizados en certificados truchos.
Sin sumario: despido y denuncia directa
En esta ocasión, el procedimiento no incluyó sumario administrativo. “Como eran empleados contratados, la Municipalidad tiene la facultad de rescindir los contratos sin trámite previo. Si hubiesen sido de planta permanente, se hubiera requerido un sumario”, explicó el titular del departamento legal, Sebastián Caldiero.
Además, remarcó que, como funcionarios públicos, tienen la obligación de denunciar cualquier presunto delito ante la Justicia. Por eso, el equipo Legal y Técnica del Municipio presentó una denuncia penal para que se investigue la adulteración de instrumento público.
