El pasado martes 2 de octubre, se llevó a cabo una marcha multitudinaria de docentes y estudiantes universitarios en todo el país. Sin embargo, el Gobierno confirmó este jueves por la madrugada, el veto a la Ley de Financiamiento Universitario través del Decreto 879/2024.

En este marco, jueces defendieron la universidad pública y exigieron al Congreso ratificar la ley de financiamiento. Así lo expresó el Capítulo Argentino del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU), quienes rechazaron el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario y llamaron a los legisladores a aprobarla, en defensa de la educación pública como motor de inclusión y desarrollo.

Cabe recordar que la Comisión Directiva del Capítulo Argentino de COPAJU está integrada por destacados magistrados de todo el país, entre ellos el coordinador César Raúl Jiménez, juez en lo Correccional y de Menores de Posadas, Misiones; el vicecoordinador Roberto Carlos Pompa, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo; y el secretario Maximiliano Francisco Benítez, defensor general de la provincia de Entre Ríos.

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EL COMUNICADO DE LOS JUECES

En el documento, la organización de magistrados manifestó su "profunda preocupación ante la amenaza latente de desfinanciamiento de la educación universitaria pública e investigación", considerando que "la educación pública iguala y es un motor esencial de la movilidad social ascendente".

En ese sentido, las juezas y jueces recordaron el llamado del Papa Francisco a evitar la "cultura del descarte" y la "catástrofe educativa", enfatizando que "debemos educar y educarnos para acoger, abriéndonos a los más vulnerables y marginados".

Asimismo, señalaron que el Papa Francisco "destaca el valor de la educación como un instrumento para encontrar otras formas de entender la economía, la política, el crecimiento y el progreso; para que estén verdaderamente al servicio del hombre y de toda la familia humana en la perspectiva de una ecología integral".

"El presupuesto debe ser entendido como un instrumento esencial para el desarrollo social y el futuro de nuestras/os jóvenes", y no como un "gasto" sino como una “inversión”, agregaron.

Los jueces manifestaron que "el fortalecimiento de la educación pública es clave para la inclusión social, el desarrollo de nuestro pueblo y la democracia"
Ilustrativa-Infobae

En tanto, mencionaron “la educación es ‘el antídoto natural de la cultura individualista que a veces degenera en un verdadero culto al yo y la primacía de la indiferencia’”, parafraseando a Francisco.

Por último, los jueces del COPAJU manifestaron que "el respeto y fortalecimiento de la educación pública e investigación es clave para la inclusión social, el desarrollo de nuestro pueblo y de la democracia".

Con información del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana, intervenida con IA, bajo supervisión y edición de ADNSUR

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