COMODORO RIVADAVIA (Por Raúl Figueroa / Especial para ADNSUR) -  Con un costo de canasta total situado en 28.200 pesos en la ciudad de Comodoro Rivadavia, vale empezar a preguntarse cómo serán los efectos de los tarifazos de la electricidad y el gas, que todavía no estaban contenidos al momento de aquel estudio de la Facultad de Ciencias y Económicas y que determinó ese guarismo.

En concreto, al incrementarse esos valores y con la mayoría de las pautas salariales cerrándose en torno al 30% o menos, es previsible que muchos sectores salariales quedarán por debajo del nuevo valor de esa línea de gastos, por lo que caerán por debajo de la línea de pobreza. En la parte más baja de la pirámide social, la imposibilidad de acceder a una canasta básica hoy situada en 8.000 pesos y cuyo valor sigue aumentando, el escalón por debajo implica caer en la línea de indigencia. Sin pretender ser alarmistas, trabajadores sociales advierten que ya se observan chicos con bajo peso en sectores muy vulnerables de la población.

Más allá del problema petrolero y sus vaivenes, Comodoro Rivadavia afronta en el horizonte el riesgo de un incremento marcado de sectores que no podrán superar la línea de pobreza, básicamente porque el ritmo de incremento de precios es muy superior al de la posibilidad de recuperar salarios.

ESTIMACIONES: 30 % MAS EN LA CANASTA

Una estimación genérica permitiría hoy proyectar que a juzgar por los volúmenes de los tarifazos, la canasta básica total –que mide periódicamente la cátedra de Finanzas Públicas de la Facultad de Ciencias Económicas- crecerá no menos del 30% cuando se incorporen, en la próxima medición, los impactos de las trifas de electricidad y gas.

Con subas promedio del 70 al 150% en el primer caso, según se trate de usuarios residenciales o comerciales; y de un mínimo del 500% en el gas, llegando hasta el 1.000% o más aún, en el servicio de gas, la composición de dicha estructura de costos dará un salto que dejará aun a más sectores salariales por fuera de su alcance. Si hoy sólo 4 sectores salariales superan la línea (petróleo, bancarios y cooperativa), no es difícil despejar la incógnita de cuánto más se profundizará la brecha a partir de los “sinceramientos” tarifarios.

Si bien está por verse si quedarán firmes, ante los recursos judiciales iniciados desde distintos ámbitos y la reunión a la que fue convocado el gobernador Das Neves el próximo lunes por parte del ministro Aranguren, para evaluar algún tipo de ajuste en el nuevo esquema tarifario del gas, está claro que el aumento de tarifas es un elemento que impacta directamente sobre la estructura de ingresos.

Foto: ADNSUR

Por ello, la discusión salarial para la segunda mitad del año ya empieza a plantearse desde sectores estatales, aduciendo que el incremento obtenido en la primera mitad ya fue totalmente diluido por la inflación, aunque el problema desde esa lógica no parece encontrar por ahora una solución concreta: el economista Nelson Alonso demostró con estadísticas recientes, en su paso por esta ciudad, que la evolución de los precios ha seguido a las recomposiciones salariales que se fueron dando. Así, los limitados aumentos siempre son devorados por los precios.

De ese modo, no llamó la atención que el sindicato Petrolero apunte a negociar una nueva suma puente, que es un incremento salarial a través de una suma fija (que considerando que el último acuerdo fue de 6.000 pesos, en el nuevo no estaría por debajo de los 8.000), para sustraer ese aumento del alcance del impuesto a las ganancias.

En efecto, la aplicación de ese tributo continúa siendo un impedimento para que muchos sectores laborales puedan ingresar a sus bolsillos el aumento real que logran las negociaciones salariales: por encima de los 18.000 pesos de ingreso bruto, la retención por ganancias sigue haciendo estragos y el gobierno nacional no parece tomar nota de la gravedad de esa distorsión.

EL PROBLEMA ES COMER

En la parte más baja de la pirámide social, los sectores más vulnerables afrontan problemas más graves aun. Es que la canasta básica de alimentos, situada en la última medición en torno a los 8.000 pesos, define en concreto la línea de indigencia: los aumentos de precios en alimentos terminará arrojando a muchos grupos familiares por debajo de la línea de requerimientos alimenticios básicos.

Y si bien el salario mínimo vital y móvil se ha acordado en 8.060 pesos, sabido es que una gran parte del mercado laboral se desempeña hoy en negro, mientras en los sectores sociales más postergados es la realización de changas –que hoy empiezan a escasear ante el parate productivo petrolero- el medio de sustento y muy alejado de cualquier regulación que pueda fijar el Estado.

Claro está que en muchos de estos sectores el problema no es el tarifazo del gas, sencillamente porque no cuentan con ese servicio. En el mejor de los casos, han llegado conexiones de electricidad, que sí sufrirán el aumento. Por otro lado, en estos barrios el problema de la garrafa social se multiplica en los meses de invierno: no sólo porque falta, sino porque la ANSES les da 77 pesos para comprar entre 4 y 5 garrafas por, pero en la plaza local se venden a 120 y no hay control sobre ese desfase.

Como conclusión, trabajadoras que se desempeñan en el ámbito de salud comunitaria empiezan a advertir una tendencia preocupante en barrios muy postergados de Comodoro: chicos con escasez de peso, revirtiendo una tendencia que antes se daba al revés, con exceso de peso por errores en la nutrición y acceso más barato a alimentos ricos en grasas, planteando otro tipo de problemas para la salud.

Es necesario que esto empiece a observarse, no para provocar grandes impactos mediáticos y luego olvidar los casos expuestos como si los chicos pobres fueran objeto de vidrieras, sino para anticipar y planificar cuál será la respuesta del Estado para impedir que este problema se siga agravando y estalle en toda su magnitud más temprano que tarde.

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