La historia de los primeros militantes argentinos que fueron condenados en Comodoro por un corte de ruta

COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – 14 de agosto de 1997. En Argentina se lleva adelante una Jornada Nacional de Protesta de la CTA, el MTA y la Corriente Clasista y Combativa. En Comodoro se produce una manifestación en ese marco. El acto central es al pie del emblemático cerro Chenque, donde un grupo de unos 100 manifestantes cortan la Ruta Nacional N° 3, poco antes de ingresar al Centro.

Todo indica que será una manifestación más de las tantas que hay en una época de crisis que desencadenará en el recordado 20 de diciembre de 2001, cuando la crisis social, económica y política estalló bajo el grito de “que se vayan todos”. Sin embargo, esa fecha quedará marcada en la historia como el día de la marcha que terminó con la primera condena a dos dirigentes sociales por un corte de ruta en Argentina.

LA HISTORIA SE REPITE

En estos días de pandemia y conflicto en las calles esa fecha vuelve a la memoria. Este martes, la Justicia Federal citó a declarar a los dirigentes Armando Vargas y Gerardo Coronado de ATE y fue imposible de recordar al portero Walter Natera (secretario general de Asociación de Trabajadores del Estado entre 1995 y 2003) y al vecinalista Miguel Angel Gatti (presidente de la Asociación Vecinal del barrio José Fuchs), los dirigentes que en 1999 fueron condenado por el juez Ricardo Napolitani, hijo de un prestigioso médico de Comodoro Rivadavia y asesor de Osvaldo Sala cuando éste era senador de la Nación.

Todo comenzó el 14 de agosto de 1997 cuando unas 100 personas cortaron la Ruta Nacional 3 al pie del Cerro Chenque. Con quema de cubiertas y pasamontañas impidieron el paso de vehículos por la principal arteria que une Kilómetro 3 con el Centro de la cuidad. Por ese entonces no estaba el camino Roque González y el Centenario era una huella de ripio.

El corte se prolongó entre las 13:00 y las 15:00 y la policía labró las actas de rigor y dio intervención al Juzgado Federal.  

Parecía que todo iba a quedar en un simple trámite judicial. Sin embargo, la protesta terminó en un juicio oral y público contra los dirigentes sociales, el primero en todo el país.

Era un hecho inédito en Argentina y la repercusión del caso se hacía notar. En las semanas previas al juicio hubo manifestaciones que exigían no criminalizar la protesta social.  

Finalmente, el 14 de julio de 1999 el juez Napolitani condenó a los dirigentes a cinco meses de prisión en suspenso y dos años de trabajos comunitarios por el delito de entorpecer el tránsito en una ruta nacional.

El fallo fue repudiado por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), y su entonces titular, Víctor De Gennaro, lo calificó como “una barbaridad” y denunció que “es un intento por parar el reclamo social”.

Sin embargo,la condena fue apelada y la Cámara de Casación Penal, con sede en Buenos Aires, hizo lugar a un recurso presentado por los abogadores defensores de los imputados y anuló la sentencia.

El argumento fue que el juez “consideró la prueba de la causa en forma fragmentaria y contradictoria, incurriendo en omisiones y falencias respecto de la verificación de los hechos”.  Para los dirigentes fue una victoria y un reconocimiento a su lucha.

En junio del año 2000 se ordenó la realización de un nuevo juicio, pero nunca se concretó y los dirigentes salieron airosos de ese proceso histórico que dejó una huella sobre el juzgamiento en protestas.

“Sirvió para crear jurisprudencia y seguir defendiendo a más de 2500 luchadores”, recordó en su momento Natera, haciendo alusión a la cantidad de trabajadores que habían sido procesados por el mismo delito, según indicaba en ese entonces un informe sobre Derechos Humanos en el Movimiento Obrero que elaboró el Comité de Acción Jurídica, adherido a la Central de Trabajadores Argentinos. 

Dos décadas después este tipo de delitos siguen llegando a la justicia.