La Justicia no apartará a los jueces y fiscales que intervienen en el juicio por la Obra pública contra Cristina
De esta manera y por disposición de la Cámara Federal de Casación Penal rechazaron la recusación de Cristina Kirchner y Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu, Diego Luciani y Sergio Mola tendrán continuidad.
Este miércoles, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó las recusaciones de la defensa de la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, contra los jueces del Tribunal Oral Federal 2 Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu y contra los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.
Se trata de quienes la juzgan en el caso por la obra pública en Santa Cruz. En tanto, los jueces de la Sala V de Casación —Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky— rechazaron la apelación que el abogado Alberto Beraldi había presentado contra la decisión del tribunal de descartar las recusaciones.
“Por regla general, las resoluciones que deciden acerca de recusaciones no son susceptibles de ser impugnadas ante esta instancia. Pues, no se trata de la sentencia definitiva de la causa, ni tampoco de alguna equiparable a ella”, dijeron los magistrados en su resolución.
La defensa había recusado a Luciani y Giménez Uriburu por temor de parcialidad y objetividad por integrar el equipo de fútbol Liverpool que jugó un torneo en la quinta “Los Abrojos”, propiedad del ex presidente Mauricio Macri, que durante su gobierno se presentó la denuncia penal que derivó en el juicio oral que se está desarrollando y se encuentra en su etapa final.
Por su parte, a Gorini lo recusaron porque tuvo reuniones con la entonces ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich y a Mola por visitas a la Casa Rosada durante la presidencia de Macri. Los pedidos fueron rechazados por el Tribunal Oral y la defensa apeló. Ahora Casación confirmó el rechazo y mantuvo a los jueces y a los fiscales.
Según confirmó Infobae, el recurrente no ha logrado demostrar, ni se advierte en el estado actual del proceso, la existencia de un perjuicio de imposible o tardía reparación ulterior o una cuestión federal debidamente fundada que permita excepcionar ahora la regla general antes descripta y habilitar la competencia de esta Cámara Federal de Casación Penal, por fuera de los límites previstos por las normas procesales, en los términos sentados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en ´Di Nunzio´”, dijeron los integrantes de Casación.
También señalaron que “a pesar de haberla invocado, la defensa no ha logrado demostrar la arbitrariedad de los fundamentos expuestos en la resolución interlocutoria impugnada”. Y agregaron que “al respecto debe tenerse en cuenta que en atención al carácter excepcional de la admisión de dicha doctrina para que prospere la impugnación con ese respaldo es menester que se demuestren defectos graves en la decisión recurrida, que la descalifiquen como acto jurisdiccional válido, lo que no se advierte en el caso”.
El juicio por la obra pública está en la etapa final de los alegatos de las defensas. Este martes concluyó la del empresario Lázaro Báez. El proceso continuará el viernes con el alegato de Raúl Pavesi, ex presidente de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz.
La Fiscalía acusó a Cristina Kirchner de ser la jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y pidió que sea condena a 12 años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La misma pena solicitó para Báez y 10 años para Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal, y 10 para José López, ex secretario de Obras Pública, entre los principales acusado.
La expectativa de los jueces Gorini, Giménez Uriburu y Andres Basso es dar a conocer el veredicto antes de fin de año para que no sea en 2023, de elecciones presidenciales, y que su decisión tenga un análisis político.