La Ley Ómnibus permitirá que las universidades arancelen la educación de los extranjeros
Los estudiantes no residentes en el país deberán pagar una suma de dinero, si se aprueba el conjunto de leyes, si no figuran como ciudadanos argentinos en las diferentes instituciones universitarias.
La Ley Ómnibus de Javier Milei ha sido presentada en el Congreso de la Nación para su tratamiento en Sesiones Extraordinarias. Una de las reformas propuestas por el Gobierno figura la autorización para que las universidades puedan cobrarle un arancel a los extranjeros que no tengan residencia permanente.
El texto, que contiene 664 artículos en 183 hojas, afirmó: “respetando fielmente el principio de gratuidad de la educación universitaria para argentinos y extranjeros residentes, se autoriza a que las universidades que lo deseen puedan arancelar la educación de extranjeros no residentes”.
De esta manera anticipa que en el artículo 553 el artículo 2 bis de la ley 24.521 de Educación Superior que dice que “los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal son gratuitos e implican la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos”.
En este sentido, continuó: “los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal para todo ciudadano argentino nativo o por opción y para todo extranjero que cuente con residencia permanente en el país, son gratuitos, quedando prohibido establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel o tarifa, directos o indirectos”.
Por último y apuntándole a los extranjeros, señaló: “las instituciones de educación superior de gestión estatal y las universidades nacionales en ejercicio de su autonomía, podrán establecer aranceles para los servicios de enseñanza de grado o de trayectos educativos para aquellos estudiantes que no reúnan los requisitos previstos en el párrafo primero”.
También, el artículo 556 de la norma sustituye el artículo 58 de la ley de Educación Superior y dispone que “el aporte del Estado Nacional para las instituciones de educación superior universitaria de gestión estatal se distribuirá en función del número de estudiantes matriculados en cada institución, el tipo de carrera ofrecida, tales como carreras de grado, posgrado y otras, y su área de formación y también el número de egresados y otros criterios que se definan”.
La norma vigente dice que “el aporte del Estado nacional para las instituciones de educación superior universitaria de gestión estatal no puede ser disminuido ni reemplazado en ningún caso mediante recursos adicionales provenientes de otras fuentes no contempladas en el presupuesto anual general de la administración pública nacional”.
El proyecto en su artículo 552 establece que las provincias, “a cuyo cargo se encuentra la gestión de la educación en los distintos niveles, acordarán cada una de ellas en su jurisdicción, las condiciones laborales, el calendario educativo, el salario mínimo docente y la carrera docente”.