Ni remeras en la casa ni veredas calefaccionadas
La discusión de fondo es legal.
COMODORO RIVADAVIA - (ADNSUR/EL ANALISIS DE LA NOTICIA, Por Raúl Figueroa) - En remerita y con la calefacción al mango. Un despropósito, según Frigerio. El ministro del Interior, como tal, tiene ojos para ver lo que ocurre lejos de la Capital, pero quizás su agudeza e haya permitido advertir también el despropósito de veredas de bar calefaccionadas a gas, en algunos pitucos barrios porteños. O las piscinas con agua climatizada, con gas de la Patagonia y pagado a bajo precio, al igual que el petróleo, durante aquellos años en que el barril superaba los 100 dólares y aquí las regalías se liquidaban sobre 42.
No se trata de revolear abusos, a un lado y otro de la General Paz. Ocurre que allá se enmarcan en el glamur, pero al sur del mundo se transforman en “previlegios enquistados”, como definió un ministro de la alianza que gobernaba el país a principios de los lejanos años 2000.
Hay que intentar ver más allá de la torpeza cometida por el ministro, alimentada según citó textualmente, “por los gobernadores patagónicos que nos decían, ‘la verdad que era una locura esto, nosotros teníamos 10 grados bajo cero y la gente en las casas en remera, abría la ventana porque era gratis prácticamente el servicio público’. Eso va en contra de la economía y del medio ambiente. Y había que corregirlo”.
Así como en algún momento también se ha reconocido que los mayores subsidios beneficiaban a la Capital Federal en materia de transporte público, por ejemplo, justo es reconocer que las tarifas de gas a precios bajos favorecieron durante años a empresas que se dedican a la exportación de productos de baja elaboración, por lo que en la práctica se exportaba energía barata, subsidiada por un Estado –es decir, por todo el resto de la población- cuyas cuentas luego no dan para responder a obligaciones esenciales: educación, salud o seguridad, por caso.
Ahora bien, la discusión por el nuevo cuadro tarifario no ha sido tal, sino una decisión arbitraria de un ministro cuya facultad para decidir –no hablamos ahora de Frigerio, sino de Aranguren- está en tela de juicio. El hecho de no haber convocado a audiencia pública para discutir los nuevos cuadros tarifarios es argumento suficiente para que un juez se aboque a definir si la decisión que afecta a millones de personas –usuarios residenciales, pequeños y medianos comercios y empresas, poniendo en riesgo más puestos de trabajo que el veto a la ley de doble indemnización-ha sido legal o no.
Esa es la discusión. Por qué se resolvió el cuadro tarifario tomando como referencia un precio en boca de pozo que ahora resulta el doble o triple que el internacional, cuando estaba claro que la inflación y la crisis económica no permiten seguir sumando presión a los salarios que no dejan de perder poder adquisitivo.
No se trata de si alguien tiene la calefacción alta y usa remera. Les perdonamos también sus bares y piscinas calefaccionadas.
Pero discutamos como manda la ley los nuevos y reales cuadros tarifarios que deben regir en el país: a través del procedimiento de audiencia pública, con la posibilidad de que los usuarios puedan ser debidamente representados.
