Obra pública con influjo privado y la pelea contra el déficit

COMODORO RIVADAVIA (Por Raúl Figueroa / Especial para ADNSUR) - "Será una semana intensa”, anticipan en el entorno del gobernador Arcioni respecto de los próximos días. La expectativa  está puesta en la sesión extraordinaria del 9 de enero para el tratamiento del pacto fiscal, ley de emergencia y presupuesto 2018 para la provincia de Chubut.

También se definirían cambios en el gabinete, con una nueva jerarquización al área de seguridad.

Con un déficit que supera los 1.000 millones de pesos por mes, la posibilidad de obras quedará sujeta a la adhesión a la ley de Participación Público Privada (PPP): desde rutas, hasta escuelas y hospitales podrían impulsarse bajo esta modalidad.

Desaparece el T.E.G y habrá subsidio sólo para sectores que figuran en padrones de tarifas sociales para servicios públicos.

DÉFICIT

La segunda semana de enero podría marcar un punto de inflexión para la gestión del gobernador Mariano Arcioni, que depende de la aprobación del pacto fiscal para saber si podrá contar con asistencia financiera de Nación.

De hecho, los sueldos de los empleados públicos se pueden pagar cada mes con la ayuda que llega para cubrir el déficit de entre 700 y 800 millones de pesos sólo para cumplir con esas obligaciones, como volvió a evidenciarse el último jueves 4.

Ese déficit se cuenta sólo si no le pagamos a nadie, pero contando los gastos corrientes el desfase es de 1.200 ó 1.300 millones de pesos por mes”, explican desde Fontana 50, para no escatimar datos a la magnitud de la crisis.

En ese contexto, la provincia parece inviable. Las discusiones paritarias parecen cosa del pasado, frente a una inflación que arrasa el poder adquisitivo de los salarios, pero en el gobierno aducen que tampoco hay forma de responder a ese reclamo: “son discusiones estériles”, afirman, sin dejar de admitir que la cuerda está en un punto de tensión del que resulta riesgoso seguir tirando.

Con el pacto fiscal (cuyas consecuencias para pymes regionales fueron advertidas por esta agencia, respecto de la pérdida de competitividad), recibirá asistencia, a cambio de ajustar el gasto político y no incrementar las erogaciones salariales, lo que le valdrá la creciente presión de los gremios estatales.

“Si podemos prescindir de ñoquis, de cargos políticos innecesarios o de quienes abusan de licencias médicas para cobrar sueldos sin cumplir ninguna función, entonces vamos a poder mejorar el ingreso y las condiciones de los que realmente cumplen con su trabajo en el Estado”, repiten como un mantra en los despachos oficiales.

PPP: ¿CAMINO DE CIRCUNVALACIÓN CON PEAJE?

En esa compleja coyuntura, en el gobierno piensan el modo de proyectar obras sin presupuesto del Estado.

Con la adhesión a la ley nacional de Participación Público Privada estamos pensando en un cambio del paradigma de obras –dice uno de los hombres cercanos al gobernador-.

Hay que salir del esquema de financiamiento a cargo del Estado, con presupuestos inflados por las empresas porque saben que cobran tarde, con ‘retornos’ del 5% -(mención elegante a la coima institucionalizada)-, tenemos que cambiar totalmente la cabeza: que los privados hagan las obras con su propio financiamiento y luego lo recuperen a través de determinadas concesiones”.

Uno de los ejemplos que estuvo sobre la mesa en los últimos días fue tomado de países como Perú y Colombia: grupos privados que construyeron mercados concentradores, para recuperar la inversión a través de concesiones de estacionamiento por 20 años.

Traducido al ámbito regional: ya hay una empresa elaborando un proyecto del camino Juan Domingo Perón, entre Comodoro y Rada Tilly, que financiaría la obra para recuperar luego la inversión con cobro de peajes.

También el camino de circunvalación se estaría proyectando con esa modalidad, a partir del ante proyecto que estaría diseñando otro grupo empresario.

¿Escuelas y hospitales también? “Que los construya un privado, luego el Estado les paga la matrícula o la prestación médica por cápita –explican quienes trabajan en el diseño de la adhesión a la ley-. No importa si el que construye es privado, sino que la educación y la salud siguen siendo públicas; esa es la diferencia con el liberalismo de los años 90, porque no estamos hablando de dejar de financiar los servicios esenciales, sino de un manejo más eficiente”.

Lo mismo se proyecta para los planes de vivienda, bajo el argumento del escaso recupero del costo de las viviendas construidas por el IPV: “La tasa de cobrabilidad es del 37% -argumentan quienes trabajan en la iniciativa-, cuando en realidad muchos beneficiarios lo primero que hacen es construir ampliaciones y dejar de pagar por la vivienda; lo que estamos pensando es que se financien a través de un crédito del Banco Chubut, con las contemplaciones necesarias para quienes no puedan acceder a un préstamo”.

SEGURIDAD VUELVE A SER SECRETARÍA Y FIN DEL TRANSPORTE GRATUITO

En los próximos días comenzarán a trasuntarse acciones que evidenciarán la visión del gobernador Arcioni en relación al manejo del Estado.

Por ello se concretarían cambios en el gabinete: el Ministerio de Gobierno dejará de tener el manejo directo de Seguridad y ésta volvería a tener rango de Secretaría (modificación a la ley de Ministerios mediante), con lo que volvería a ocupar ese cargo Norberto Massoni, cuyo nombre circuló semanas atrás.

También se definiría un cambio en el propio Ministerio, ya que Gobierno quedaría en manos del actual secretario de

Por otra parte, con la aprobación de la ley de Emergencia quedará suspendido el sistema de transporte educativo gratuito (T.E.G), ya que es una de las erogaciones que no tendrá continuidad al iniciarse las clases en el mes de marzo.

"Lo que va a haber es un subsidio a los estudiantes que realmente lo necesiten, pero no al conjunto –explican-. Esto se puede hacer cruzando los datos que ya están disponibles en Camuzzi o en CAMMESA, para la aplicación de tarifas sociales; no hay forma de que el Estado mantenga el pasaje gratuito para todo el conjunto de docentes y estudiantes.

EMERGENCIA POR EL AGUA

Otro grave tema para Comodoro Rivadavia y Rada Tilly es el acueducto. En ese plano, se estaría evaluando la convocatoria a proyectos para la construcción de una nueva obra, como también para estudiar alternativas de desalinización de agua.

En el gobierno tomaron nota de la información detallada por ADNSUR en los últimos días, en base a informes que en los últimos dos años venían advirtiendo que la falta de protección catódica a la cañería comenzaría a acelerar las frecuencias de rotura.

Mientras tanto, se apuesta a una negociación con la SCPL para acordar una prórroga el 28 de febrero, para que ésta mantenga la operación y mantenimiento del sistema, mientras se busca acordar un plan de pago de la deuda reclamada.

Además, también en este caso, cualquier nueva obra que se proyecte estaría vinculada a la modalidad de PPP, salvo que se pueda convencer al gobierno nacional (cosa bastante improbable, a juzgar por los resultados de los últimos años) de que asuma el financiamiento del proyecto.

En todos los órdenes, los cambios que se piensan son profundos e implican transformaciones que normalmente llevarían mucho tiempo, que no parecen compatibles con las múltiples emergencias que atraviesa la provincia en sus planos económico y social, sin olvidar la delicada transición política. En la mesa chica del gobierno lo saben y no pierden de vista que el límite no es sólo de tiempos, sino que el principal desafío está dado por la necesidad de cuidar la gobernabilidad.