Pagar por violar la cuarentena: las 3 mil causas abiertas en Comodoro y lo que pide Alberto Fernández

La conciliación que ofrece el presidente Alberto Fernández, para donar la mitad de su sueldo durante 4 meses a partir de la fiesta de cumpleaños de su esposa en plena cuarentena, es un mecanismo legal vigente que ya se aplica en la Justicia Federal de Comodoro Rivadavia: con 3.000 causas abiertas desde marzo del año pasado, ya se cerró cerca de 2.000 con este tipo de solución. ¿Puede el Presidente de la Nación acudir al mismo mecanismo que un ciudadano común?

Distintas visiones para intentar una respuesta: desde el derecho, la política… y el sentido común. 

Aunque algunos medios nacionales hablan de “reparación”, el concepto jurídico en el caso de Alberto Fernández es “conciliación”. Ambos instrumentos están previstos en el nuevo Código Procesal Penal de la Nación, de aplicación progresiva en todo el país.

“Conciliación se da cuando el daño es indeterminado, como en este caso, donde la parte afectada es el conjunto de la sociedad”, explica la abogada Verónica Castillo, integrante de la Defensoría Pública Federal de Comodoro Rivadavia.

“La 'reparación' corresponde cuando hay una víctima determinada –añadió Castillo-. Mientras en la conciliación la propuesta debe ser aceptada por el fiscal federal que interviene, en la reparación del daño la aceptación debe provenir de la persona afectada por el delito cometido. En el caso del presidente, se trataría de una 'conciliación' ”. 

A Fernández se lo acusa del mismo delito que afrontaron 3.000 comodorenses

El Presidente de la Nación afronta la misma acusación que le cupo a miles de ciudadanos que violaron la cuarentena .Ese tipo de medidas está protegida por el artículo 205 del Código Penal de la Nación, que textualmente establece:

"Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia".

Entre las medidas dispuestas para evitar la cuarentena, se cuenta el decreto de necesidad y urgencia por el cual el presidente Fernández dispuso la prohibición de circular desde el 20 de marzo del año pasado, con cierres de actividades económicas y sociales, actividades escolares, etc, durante gran parte del año. 

“En el Juzgado Federal de Comodoro hay unas 3.000 causas abiertas, de las cuales cerca de 2.000 se han cerrado con la modalidad de conciliación –precisó Castillo-. Son personas que no respetaron la cuarentena y el fiscal aceptó estas conciliaciones, que propuso tanto la Defensa Pública como abogados particulares”.

Si el presidente Alberto Fernández viviera en Comodoro y hubiera hecho la fiesta de cumpleaños de su esposa, ¿podría haber resuelto el problema con este mismo mecanismo?

“Sí, exactamente, esa posibilidad existe –respondió Castillo-. También se puede ir a indagatoria, que muchas personas han optado porque creen que tienen una causa justificada. Tuvimos el caso de un hombre que quiso llevar ropa a su madre, que estaba aislada en un geriátrico, hizo dedo porque no tenía auto propio pero se le inició la causa porque no tenía un justificativo legal. Aunque la razón era válida, el único argumento legal era el permiso habilitante para circular”.

La misma funcionaria aclaró que no es lo mismo una persona que tuvo que salir por una necesidad estricta, que aquel que circulaba en un automóvil con 4 amigos borrachos. 

“De todos modos, ambos casos tienen derecho a la conciliación. Nosotros atendimos conciliaciones de gente que hizo fiestas de cumpleaños en la cuarentena”, graficó. “Está claro que no es lo mismo alguien que organiza una fiesta clandestina en un hotel, que una persona que tuvo que salir a hacer una changa para comer y volvió 20 minutos después del horario permitido para circular –reflejó-. Pero en ambos casos es posible conciliar”.

En las conciliaciones de Comodoro, los involucrados pagaron montos que empezaron en 4.000 y alcanzaron los 8.000 pesos, que debieron cristalizar a través de mercadería como aportes solidarios a comedores comunitarios de la ciudad.

“También hubo personas que teniendo una causa justificante, no la quisieron exponer. Hubo una mujer que fue víctima de violencia de género y salió de su domicilio, pero al momento de detenerla la policía, no reconocieron esa situación y le secuestraron el auto, que no era suyo sino de la empresa en la que trabajaba. Si hubiera ido a indagatoria, con esa situación hubiera sido sobreseída, pero no quiso exponer la situación y terminó conciliando”.

El pago que ofrece el Presidente

Alberto Fernández ha ofrecido donar durante 4 meses la mitad de su sueldo, para ser destinado a un hospital de la Ciudad de Buenos Aires. Como el mecanismo judicial está vigente también en la CABA, el fiscal debe resolver si acepta esa propuesta, o incluso podría exigir un aporte mayor, por ejemplo por el doble de tiempo.

“La defensa que hace el presidente Fernández la hemos aplicado también en Comodoro –continuó Castillo-. Cuando él dice ‘no contagié a nadie’, es el mismo argumento que aplicamos acá, sobre todo hasta el mes de junio del año pasado, cuando no había casos de contagios autóctonos”.

Al preguntársele si, desde su rol en la Defensa Pública, avalaría la posición del Presidente o impulsaría un juicio político, respondió:  

“Esas son evaluaciones que hará el ámbito político. Yo creo que ha sido duro para todos los que hemos intentado cumplir a rajatabla con la cuarentena; y me imagino lo duro que ha sido para mucha gente que ha sufrido un gran dolor, que no pudo despedirse de familiares o personas que pasaron situaciones inimaginables, como perder a la madre y al padre en el mismo día. No está en mi posición evaluar si cabe o no un juicio político, porque son carriles que corresponden al Congreso de la Nación. Creo que ha sido una imagen durísima para todos y más para aquellas personas que han sufrido esto de una manera fatal, ya sea porque tuvieron que cerrar un negocio o perdieron familiares sin despedirse de sus muertos”.

Más allá de esas consideraciones, atendibles desde el sentido común, la funcionaria indicó que en el plano legal el presidente está en condiciones de ofrecer el pago de una parte de su salario para evitar ir a un juicio penal, resolviendo el conflicto mediante este mecanismo alternativo. 

Menna: “Fernández no puede beneficiarse con la conciliación”

Para el diputado radical Gustavo Menna, no hay dudas de que el mecanismo de conciliación no le cabe al presidente Alberto Fernández.

“Yo creo que no le corresponde, por la razón de que es un funcionario público perpetrador del hecho, en el que ha vulnerado un decreto que él mismo firmó. Si lo asimilamos a otras figuras alternativas, como la probation (suspensión de juicio a prueba), en esos casos se excluye del beneficio a los funcionarios públicos”. 

El legislador por Chubut profundizó en su razonamiento: “No es lo mismo y no sería justo ni equitativo que un funcionario público concluya una causa por esta vía alternativa, corresponde que se someta al proceso penal. Tampoco veo un ánimo conciliatorio, porque el propio presidente dice que no cometió la figura penal porque nadie se contagió, lo cual no sabemos”. 

Para que se configure el delito, añadió, no es necesario que se verifiquen los contagios, ya que es un delito de peligro, comparable a la figura de abuso de armas, que para configurarse como tal no exige verificar si alguien resultó herido o muerto. 

“La figura penal del artículo 205 se produce por poner en riesgo la norma sanitaria”, enfatizó.

Sobre la posibilidad del juicio político, Menna reiteró que él ha sido el único firmante por Chubut del pedido impulsado por Mario Negri, en réplica directa a su rival en la interna de Juntos por el Cambio, Ignacio Torres, quien había criticado al comodorense cuando dijo que “mientras algunos proponen amnistía, nosotros impulsamos el juicio político al Presidente”.

El diputado opositor admitió que más allá de que a su criterio hay causales para iniciar dicho proceso, entiende que las mayorías no están dadas en el Congreso de la Nación para iniciar un procedimiento que podría derivar en la destitución del actual Presidente de la Nación. 

“Se necesitan mayorías especiales en Diputados y en el Senado que hoy no se cuentan, soy consciente de que esto no va a prosperar, pero no necesariamente depende del proceso penal”, dijo, para explicar que Alberto Fernández puede afrontar el proceso penal por vulnerar su propio decreto, pero no por eso afrontar una instancia de remoción del cargo.  

Por otro lado, explicó también que su propuesta de amnistía excluye a funcionarios públicos y a quienes debiendo cumplir una cuarentena, por haber sido contacto estrecho o provenir de viajes al exterior, vulneraron el cuidado hacia los demás. También excluye de ese beneficio a quienes participaron de fiestas clandestinas.

“Mi proyecto de amnistía es para casos de gente que por trabajar fue imputada, como un soldador de Esquel al que le secuestraron el auto y las herramientas de trabajo por volver 15 minutos tarde. Es para evitar este tipo de procesos a personas que quedarán alcanzadas por una exageración, sobre la base de una norma de dudosa constitucionalidad. El proceso debe seguir adelante para el Presidente, que deliberadamente participó de una celebración violando su propio decreto, por el que aplicó restricciones desmedidas al resto de la sociedad ”.

Conciliar o no conciliar. Esa será la cuestión a resolver por el fiscal del caso que investiga los hechos ocurridos en la fiesta de Olivos. El otro veredicto, el de la mayoría de la sociedad, se conocerá en una primera instancia el próximo 12 de agosto.