Dos trágicas muertes masivas de cóndores andinos en diferentes regiones de Argentina pusieron en evidencia la grave amenaza que enfrentan estas aves emblemáticas de la cordillera. En los últimos diez años, 170 ejemplares perecieron debido a la utilización de agroquímicos por parte de productores ganaderos que buscan eliminar a otros depredadores. La comunidad científica y organizaciones ambientalistas están pidiendo con urgencia una ley de trazabilidad de estos compuestos para detener esta alarmante tendencia.

El cóndor andino es una especie clasificada como vulnerable a nivel internacional por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Su supervivencia está ahora en manos de las acciones humanas, y las prácticas agrícolas actuales están poniendo en peligro su existencia. Los productores ganaderos, en un intento por controlar depredadores como los pumas y los zorros, están utilizando cebos tóxicos que terminan afectando a los cóndores, que se alimentan de la carroña.

Luis Jácome, biólogo y presidente de la Fundación Bioandina, explica que el uso de estos venenos es la principal causa de muerte de los cóndores. “Los productores envenenan a los animales muertos para matar a los depredadores, pero terminan matando a los carroñeros como el cóndor”, señala Jácome. Además, esta práctica es ineficaz para controlar a los depredadores, ya que afecta principalmente a especies que no representan una amenaza directa para el ganado.

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En 2017, 19 cóndores fueron encontrados muertos alrededor de una oveja envenenada en Jujuy, lo que encendió las alarmas sobre el uso de carbofurán, uno de los pesticidas más tóxicos. En 2018, la muerte de 34 cóndores en Los Molles, Mendoza, llevó a la prohibición del carbofurán por parte del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). A pesar de estas medidas, la falta de una ley de trazabilidad de agroquímicos permite que estos venenos sigan circulando libremente.

La Fundación Bioandina rescató 474 cóndores en 33 años y liberado 247 de ellos, demostrando un compromiso constante con la conservación de la especie. Sin embargo, los incidentes de envenenamiento continúan, y el llamado a una regulación más estricta se hace cada vez más urgente.

Jácome y otros expertos proponen una ley de trazabilidad que permita rastrear los agroquímicos desde su producción hasta su uso final. Esta medida podría controlar el acceso a estos compuestos y garantizar que solo sean utilizados bajo supervisión profesional. “Necesitamos saber el camino que hace el agroquímico desde el productor hasta las manos que lo usan”, enfatiza Jácome.

La propuesta también incluye que los ingenieros agrónomos sean los encargados de recetar estos compuestos, asegurando que se utilicen de manera adecuada y segura. Esta iniciativa fue presentada en el Congreso en 2018 por el exdiputado mendocino Federico Zamarbide, pero no avanzó más allá de las comisiones de Agricultura y Ganadería, y de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano.

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