Semino en Rada Tilly: “El gobierno celebra el superávit a costa de la calidad de vida de los adultos mayores”

“El gobierno festeja el superávit fiscal a costa de reducir la calidad de vida de los adultos mayores -cuestionó Semino durante su disertación-, porque el recorte a sus jubilaciones aporta entre 26 y 30 puntos de ese superávit”.

Si bien enfocó su crítica a la caída del poder adquisitivo y al veto a la ley de movilidad jubilatoria llevada adelante por el presidente Javier Milei, aclaró que el problema no es achacable a un solo gobierno, al recordar que “la pérdida de ingresos ha sido una constante en la última década”.

Fue en ese marco que insistió que “en los últimos dos años asistimos a una crisis humanitaria, porque los adultos mayores se nos están muriendo. No es sólo por el problema para comprar medicamentos, sino que la pobreza y perder calidad de vida implica gente sin baños, o directamente viviendo en la calle”, describió.

En su presentación, también habló del problema de financiamiento del sistema, en el que sólo hay 1,2 aportantes activos (trabajadores en relación de dependencia, en blanco y con los aportes jubilatorios correspondientes) por cada jubilado o pensionado, lo que hace inviable al sistema.

“En Argentina nadie habla del financiamiento, como sí lo hicieron países nórdicos, que hasta hace 30 años no tenían sistema previsional y lo crearon a partir de la renta petrolera -describió-, como Noruega. En nuestro país, nadie habla de esos aportes, o de la renta minera o la renta financiera.

“EN CHUBUT NO HAY GERIATRAS, PESE A QUE LOS ADULTOS MAYORES YA SON EL 10% DE LA POBLACIÓN”

En diálogo con ADNSUR, Semino observó las particularidades de la situación de la tercera edad en Chubut, al mencionar que el sistema de salud, al que conoce por su relación con la Universidad Nacional de la Patagonia, carece de médicos especializados en adultos mayores de 65 años:

“En Comodoro y diría que en Chubut prácticamente no hay geriatras -detalló-. Esto obedece a que no hay sistemas de salud planificados en Argentina, porque hace 20 años, cuando empecé a venir a la zona, había poco envejecimiento en la región. Patagonia en general es una sociedad muy joven, pero hoy ya no es así. Los adultos mayores representan ya el 10% de la población”, aseveró.

Para Semino, la falta de planificación es una constante en el país, por lo que las decisiones políticas van detrás de los fenómenos sociales, “cuando ya está instalado el problema y es muy difícil de resolver”. Por otro lado, valoró “la participación y la permeabilidad” que se notó en el evento realizado en Rada Tilly, al señalar que “participan no sólo las grandes ciudades, como puede ser Comodoro, sino que vino gente de San Martín, de Río Mayo, que son pueblos pequeños pero que hoy están sufriendo lo que es atender al envejecido y me parece que han avanzado muchísimo”.

En ese plano, indicó que colaborar permanentemente con localidades del interior. “Hablamos con gente de Río Mayo que tenía un pequeño geriátrico, para 11 ó 12 personas y ahora están por inaugurar una residencia nueva, con mucha más capacidad. Esto es reconocer el envejecimiento de la población y atender sus particularidades”.

En ese marco, valoró la participación de la intendenta de Rada Tilly, Mariel Peralta, durante el encuentro, al ponderar que “es importante el apoyo de la Universidad y de los municipios, más allá de las asimetrías en términos de ingresos de situación económica de los adultos mayores, que existe en cada lugar. Es bueno no hacer políticas lineales exclusivamente, sino respetar las particularidades, pero tener un eje y un destino común”.

RECURSOS JUDICIALES POR LA LEY DE MOVILIDAD JUBILATORIA

Con referencia al planteo judicial para que se promulgue la ley de movilidad jubilatoria, a la que definió como un pequeño aporte para los jubilados, pero necesario para evitar que queden condenados a un haber jubilatorio de extrema pobreza, Semino explicó que la primera presentación en Capital Federal está a la espera de un pronunciamiento, luego de la recusación de la jueza que intervino inicialmente.

Por esa vía, se busca que la justicia federal promulgue la ley vetada por el presidente Javier Milei, con presentaciones que se hicieron no sólo en Buenos Aires, sino también en Chaco, Córdoba y Misiones, además de modelos que se enviaron a todo el país, por lo que se espera una próxima presentación en Comodoro Rivadavia.

“Lo que se cuestiona es el argumento del veto -explicó-, porque si bien éste es una facultad constitucional del presidente, conlleva la obligación de que los fundamentos tengan razonabilidad. La demanda es que no existe esa razonabilidad, por varias cuestiones”.

Al precisar por qué el veto carece de razonabilidad, indicó que en el veto no se hay ningún fundamento sobre la alta incidencia que le atribuyó a la ley sobre el gasto público, cuando en realidad la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación (organismo técnico y sin dependencia política partidaria) aseveró que la ley tendría una incidencia máxima del 0,4% del PBI.

Por otro lado, indicó que los futuros incrementos atados a la variación salarial (de la que la ley asignaba una mínima porción) no afectan al gasto público, porque se financian con el propio aporte de los trabajadores en relación de dependencia, que crecen en función de las actualizaciones salariales.

"Actualizar haberes solamente a través de la inflación es ponerles una lápida a los jubilados", había dicho en su disertación, al explicar que si el gobierno alcanza su objetivo de 'inflación cero', los haberes quedarían congelados en valores que hoy resultan insuficientes frente a la inflación que se acumuló durante el último año (ya que no se tuvo en cuenta el 25,5% de inflación de diciembre, mientras que del 20,1% de enero sólo se reconoció un 12%).

En caso de que un juez haga lugar al planteo y ordene promulgar la ley, la medida tendría efecto extensivo a todo el país. Y si hay rechazos, anticipó Semino, tienen decidido apelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por vía del per saltum.