Señalados y sobreseídos: el enigma de Santorini y el brote en Comodoro
El buque pesquero Santorini quedó en el centro de la polémica cuando se lo señaló como el origen de un brote de coronavirus en Comodoro Rivadavia en 2020. Sin embargo, la investigación judicial determinó que no hubo pruebas suficientes para culpar a la tripulación.
El viernes 12 de junio de 2020, el buque pesquero Santorini atracó en el puerto de Comodoro Rivadavia. Lo que debía ser una jornada rutinaria se convirtió en el inicio de una ola de contagios que sacudió a la ciudad. En aquel momento, se detectaron ocho casos positivos entre la tripulación, lo que llevó a las autoridades a iniciar una investigación para determinar cómo se había originado el brote.
A lo largo de los meses siguientes, el caso generó gran revuelo social y judicial, con marineros señalados como responsables del incremento de casos en la región. No obstante, en mayo de 2021, la justicia dictaminó su sobreseimiento, al no encontrar pruebas de que hubieran infringido normas sanitarias.
EL INICIO DEL BROTE Y LA REACCIÓN INICIAL
Cuando se conoció el primer caso positivo de COVID-19 en la tripulación del Santorini, la ciudad ya comenzaba a enfrentar los desafíos de la pandemia. En ese contexto, el fiscal federal Norberto Bellver inició una investigación para determinar si los marineros habían violado el artículo 205 del Código Penal, que sanciona a quienes incumplen medidas sanitarias en situaciones de emergencia.
El buque había zarpado desde Rawson y llegó a Comodoro Rivadavia tras varias semanas de operaciones en altamar. Según los registros sanitarios, la tripulación había dado negativo en los testeos previos a la salida. Sin embargo, al arribar al puerto comodorense, varios marineros dieron positivo, desatando una ola de contagios en la ciudad.
LAS HIPÓTESIS SOBRE EL CONTAGIO
Las primeras versiones indicaban que los marineros del Santorini habían sido los responsables del brote. Se barajaba la posibilidad de que hubieran violado la cuarentena o participado en reuniones sociales, generando un aumento exponencial de casos en la comunidad. No obstante, la defensa de los tripulantes argumentó que no había pruebas concretas que los vincularan con esas actividades.
Bellver sostuvo en aquel momento que los marineros no habían bajado del barco y que alguien más pudo haber subido y generado el contagio. “Estamos viendo quién subió al barco porque se supone que los marineros no bajaron”, declaró el fiscal en septiembre de 2020. Pese a los intentos por esclarecer el caso, la investigación se topó con la dificultad de recolectar pruebas fehacientes sobre cómo se originó realmente la transmisión del virus.
Incluso, durante la investigación epidemiológica, la entonces directora del Área Programática, Myriam Monasterolo, había asegurado: “Nosotros hemos hisopado a las familias, novias, amantes y prostitutas; se ha hisopado todo lo que tiene que ver con los contactos estrechos de estas personas”. Esta afirmación reflejaba el alcance exhaustivo del rastreo de casos, aunque no logró establecer un nexo claro entre los marineros y el origen del brote.
El caso del Santorini no solo tuvo repercusiones judiciales, sino también sociales. Durante meses, los marineros fueron estigmatizados y señalados como los culpables del aumento de casos en Comodoro Rivadavia. La condena social pesó sobre ellos, afectando su vida personal y profesional.
En la etapa inicial de la investigación, se analizaron registros fílmicos y documentos sanitarios para determinar la cadena de contagios. Se verificaron los movimientos de la tripulación entre abril y junio de 2020, periodo en el cual el Santorini había realizado múltiples viajes entre Comodoro y la zona de pesca. También se tomó en cuenta que, entre el 27 y el 29 de mayo, el armador del buque había viajado a Puerto Madryn, donde tuvo contacto con los tripulantes antes de que algunos comenzaran a manifestar síntomas.
LA RESOLUCIÓN JUDICIAL
El 30 de mayo de 2021, casi un año después del inicio del brote, la jueza federal Eva Parcio resolvió el sobreseimiento de los marineros. En su fallo, destacó la falta de pruebas contundentes que permitieran vincular a la tripulación con la violación de medidas sanitarias.
El documento judicial señaló que “existe una orfandad de pruebas para vincular a los nombrados en acciones que podrían haber violado medidas sanitarias previamente dispuestas, lo cual es condición indispensable” para su imputación. Además, enfatizó que no hubo testimonios ni evidencias concretas que los ubicaran en situaciones de riesgo fuera del barco.
Otro punto clave de la resolución fue la ausencia de denuncias formales que respaldaran la teoría de que los marineros participaron en eventos sociales o reuniones clandestinas. Según la jueza Parcio, la falta de identificación de los tripulantes en tales actividades imposibilitaba su procesamiento.
El fallo de la justicia dejó en evidencia que no se pudo determinar con certeza cómo se originó el brote de COVID-19 en Comodoro Rivadavia. Aunque durante meses se señaló al Santorini como el epicentro de los contagios, la investigación no logró demostrar que la tripulación hubiera incumplido los protocolos sanitarios.
La sentencia también puso en discusión el impacto del escarnio público sobre los marineros, quienes enfrentaron fuertes acusaciones sin pruebas concluyentes. En un contexto de incertidumbre y temor, fueron convertidos en chivos expiatorios de una crisis sanitaria que afectó a toda la comunidad.
A cuatro de los hechos, el caso del Santorini es un recordatorio de los desafíos que enfrentaron muchas ciudades en el manejo de la pandemia y de cómo, en medio del miedo y la desinformación, las condenas públicas pueden adelantarse a la verdad judicial.
