Sortearon la comisión que determinará si se admiten las denuncias contra la jueza Mariel Suárez

El Consejo de la Magistratura de Chubut sorteó este martes, en el inicio de sus sesiones en la ciudad de Sarmiento, a los integrantes que formarán la comisión que deberá determinar si las denuncias contra la jueza Mariel Suárez, de Comodoro Rivadavia, son admisibles o no. Se trata del caso que explotó tras la visita de la magistrada al condenado Cristian Bustos, luego de integrar el tribunal que tuvo a su cargo el juzgamiento del doble homicida.

Tal como anticipó esta agencia, las dos denuncias que pesan contra Suárez fueron unificadas para evaluar su admisibilidad por una única comisión, que en las próximas semanas deberá resolver si las mismas son admisibles y tienen fundamentos suficientes para abrir un sumario, que podría derivar en un juicio de destitución u otro tipo de sanciones de menor gravedad.

Los consejeros que tendrán a su cargo el trabajo en la comisión son Mirta Antonena, en representación del foro de abogados de la provincia; Jorge Früchtenicht , por el sector de magistrados; Esteban Defelice, representante de empleados judiciales; y Silvina Ruppel, consejera popular.

Las denuncias fueron impulsadas, en forma paralela y por vías separadas, por la Asesoría Legal del municipio de Comodoro Rivadavia, por un lado; y por los senadores Ignacio Torres y Edith Terenzi, junto a familiares del policía Tito Roberts, víctima de Bustos, por el otro. Ambos planteos coinciden en el pedido de destitución de la jueza, contra quien también se desarrolla un sumario interno en el Superior Tribunal de Justicia.

La comisión no tiene plazo para expedirse, pero se estima que la definición podría conocerse el mes próximo, cuando el Consejo vuelva a sesionar. En caso de un dictamen favorable a la admisión, se abrirá un sumario con plazo de 90 días para determinar si cabe o no un jury de enjuiciamiento. 

Además, la comisión deberá analizar un pedido de suspensión de la jueza realizada por el municipio de Comodoro Rivadavia, basado en el hecho de que sus pares pidieron a la oficina judicial no compartir tribunales con Suárez. Además, se debe resolver el sumario administrativo que sigue contra la jueza el Superior Tribunal de Justicia.

ESCANDALO

Todo se originó al viralizarse en el mes de enero pasado las imágenes de las visitas de Suárez a la cárcel. En las imágenes, se observaba a Suárez en un vínculo muy cercano a Bustos –había sido integrante de uno de los tribunales que lo juzgó- y en una situación casi afectuosa, en la que da la impresión de llegar a besarse, aunque ella lo negó públicamente.

El Consejo de la Magistratura realizó su primera sesión del año en la sede del municipio de la localidad de Sarmiento, lugar de residencia del nuevo presidente, Tomás Malerba. Entre los 12 temas del Orden del Día, el 7 y el 8 consistieron en el ingreso y sorteo de comisiones de admisibilidad por las denuncias contra Suárez por el escandaloso hecho con Bustos: una impulsada por los senadores chubutenses de Juntos por el Cambio, Ignacio Torres y Edith Terenzi; otra, presentada desde el municipio de Comodoro Rivadavia.

En vez de evaluarlas por separado, el Consejo resolvió unificar todo en una sola comisión para evaluar ambos temas, que están totalmente relacionados y aluden al mismo hecho. Una vez resuelto esto, se procede al sorteo de la comisión de admisibilidad, que es un paso formal previo a una investigación.

La tarea de esta comisión, será evaluar si las denuncias reúnen los requisitos formales y las causales previstas en la Constitución, para en ese caso, definir si es admitida o no. En el caso de ser admitida, en la sesión siguiente del Consejo, se debería sortear un sumariante, es decir, un consejero que está encargado de hacer una investigación y luego emitir un dictamen para que lo vote el pleno del Consejo: en ese tipo de dictámenes, lo que se define es si la causa es archivada, o si se recomienda una sanción al STJ, o si se accede al pedido de los denunciantes, y el caso es elevado a un jury de enjuiciamiento.

La comisión de admisibilidad está integrada por cuatro integrantes, uno por cada estamento del Consejo. Es decir, que la deben integrar un representante de los abogados, otro de los representantes populares, otro de los magistrados, y finalmente otro de los trabajadores judiciales.

DOS DENUNCIAS

Vale recordar el pedido de destitución de la jueza Suárez es promovido desde la Asesoría Legal del municipio de Comodoro Rivadavia, por un lado; y por parte de los senadores Ignacio Torres y Edith Terenzi, por el otro, en una presentación promovida junto a familiares del policía Tito Roberts, asesinado por Bustos y en cuyo juicio intervino Suárez.

Aunque con matices que enfocan los argumentos en distintos puntos, las denuncias coinciden en cuestionar la conducta de la jueza por vulnerar normas vinculadas a la ética pública y al ejercicio de la función.

“La magistrada denunciada habría reconocido el ofrecimiento/formalización de una relación laboral/locativa con un procesado –Sr Bustos- en un caso donde se encuentra abocada para el ejercicio de su labor jurisdiccional, ello a fin de obtener un beneficio (producto destinado a ser ‘ofrecido’ a editoriales) acceso a la disponibilidad de los datos personales del procesado para volcarlos en una obra intelectual destinada a ser ofrecida a terceros; labor incompatible con el artículo 21 de la ley de Etica en la Función Pública”, se lee en uno de los fundamentos de la presentación impulsada por el abogado Iván Alexandre Visser, en representación del municipio de Comodoro Rivadavia.

Uno de los ejes que se desprende de esa denuncia es la posible obtención de un rédito económico a partir de la publicación del libro que la jueza pretende elaborar, según argumentó al referirse públicamente al tipo de vínculo que ha establecido con el preso, rechazando una relación de carácter personal, como denunció el responsable de turno en la penitenciaría, el día de su visita a Bustos, al señalar que hubo “abrazos y besos (en la boca)”.

Por su parte, la denuncia encabezada por Torres deja entrever que la jueza pudo haber tomado postura a favor del imputado que se encontraba bajo su juzgamiento, al haber iniciado el vínculo personal cuando el juicio estaba en plena realización.

“Toda la construcción argumental de la jueza Suárez es apologética de Bustos –sostiene la denuncia de los legisladores nacionales-, a la par que ataca a la policía de un modo notablemente resentido”.

En varios pasajes, en dicha presentación se alude a que la jueza actuó de un modo más cercano a la defensa del imputado al que estaba juzgando: “Es notorio que Suárez estaba cautivada por Bustos y en tal sentido estaba tan afectada su imparcialidad –sostiene la denuncia- que no duda en emplear calificativos de enjundia con él, al mencionar que es rápido y ágil, a la partir que trata de ineficientes a quienes cumplían la función de capturar al prófugo”.

SUMARIO Y AISLAMIENTO

Paralelo a estas actuaciones del Consejo de la Magistratura, está pendiente de definición el sumario administrativo que ha dispuesto el Superior Tribunal de Justicia, tarea que lleva adelante la jueza de Cámara de Puerto Madryn, Flavia Trincheri.

En tren de hipótesis, no se descarta que se sume una tercera denuncia ante el Consejo de la Magistratura, en caso de que el sumario interior que dispuso la corte provincial también concluya que hay causales de mal desempeño, pasibles de promover un juicio de destitución.

Por otra parte, tiempo atrás ingresó una nota dirigida a la directora de la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia, Marcela Freile, por parte de un grupo de magistrados que integra el Colegio de Jueces Penales de esa ciudad afirman que no integrarán ningún tribunal con su colega “hasta tanto su situación procesal sea definida”.

En el texto, los jueces expresan: "Consideramos oportuno manifestarnos para asegurar un correcto ejercicio de la función jurisdiccional, renovar la confianza pública en el honorable servicio hacerle conocer la decisión que adoptaremos dado el inicio de un sumario administrativo por el Superior Tribunal de Justicia y la existencia de dos denuncias ante el Consejo de la Magistratura”.

Por este hecho, el Municipio de Comodoro Rivadavia solicitó que mientras dure el proceso, la jueza sea suspendida en sus funciones, algo que también estará a cargo de la comisión de admisibilidad.