Un atleta paralímpico patagónico fue indemnizado con una cifra millonaria tras ser estafado
El deportista ganó una demanda contra un proveedor que no cumplió con la entrega de una silla de ruedas de competición. La jueza consideró que el incumplimiento afectó gravemente sus derechos como deportista y ordenó el pago de más de una cifra millonaria en compensación por los daños sufridos.
Un atleta paralímpico de alto rendimiento logró una victoria judicial al demandar a un proveedor que nunca le entregó la silla de ruedas de competición que había adquirido en mayo de 2023. La jueza a cargo del caso, en El Bolsón, dictaminó que el demandado había incumplido con sus obligaciones y ordenó el pago de más de $15.000.000 por concepto de devolución del dinero, daño moral y daño punitivo.
El deportista, miembro de la Selección Argentina Juvenil de Atletismo Paralímpico, había gestionado la compra de una silla Top End Eliminator Cage OSRS Racing Wheelchair, especialmente diseñada para mejorar su rendimiento en competencias de alto nivel. La adquisición fue posible gracias a una contribución de 2.550.000 pesos otorgada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y a fondos recaudados a través de rifas y bingos.
Para realizar la compra, el atleta se comunicó con un intermediario que, según su relato, había realizado compras similares para otros atletas del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD).
El 25 de mayo de 2023, el deportista transfirió $2.595.088 al proveedor para adquirir la silla. Posteriormente, entre noviembre y diciembre, realizó pagos adicionales por un total de $1.457.300 destinados al empaque, envío y traslado del producto.
El proveedor le informó que la silla llegaría a Buenos Aires el 18 de febrero de 2024, pero ese plazo expiró sin novedades. A partir de ese momento, el vendedor dejó de responder a los mensajes y llamadas del atleta. Ante la falta de respuestas, el deportista presentó una demanda y obtuvo una medida cautelar que obligaba al proveedor a entregar la silla antes del 5 de mayo de 2024. Sin embargo, dicha orden judicial nunca fue cumplida.
La falta de la silla impactó negativamente en la carrera del atleta. Aunque había sido convocado para participar en diversas competencias nacionales e internacionales, su equipo técnico decidió que no participara hasta contar con la silla reglamentaria. El deportista expresó que esta situación le causó angustia, frustración e incertidumbre respecto a su futuro deportivo.
La jueza consideró que el proveedor actuó con un total desprecio hacia los derechos del atleta, calificando su conducta como “engañosa y dolosa”.
En su fallo, destacó que el incumplimiento en la entrega de la silla afectó gravemente la dignidad, la autonomía y las oportunidades del deportista como atleta paralímpico, lo cual generó un perjuicio que iba más allá de lo económico.
La magistrada subrayó que el daño causado tiene una repercusión social innegable, ya que se trataba de un atleta que depende de equipamientos específicos para su desarrollo profesional. En consecuencia, la sentencia ordenó al proveedor el pago de $15.435.125 en concepto de devolución de dinero, daño moral y daño punitivo. Además, señaló que el proveedor ignoró todos los reclamos y violó el derecho del consumidor a recibir información clara y veraz sobre su compra.
