“Hay 23 cortes de justicia en el país, eso significa que hay 23 cabarets. La única diferencia es que en estos ambientes andamos de traje y nos tratamos de usted”. La frase, dicha por un integrante del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, grafica a la perfección el momento actual. El clima es de tensión, pujas internas, disputa de poder, egos enfrentados. Nada diferente a lo que se vive en cada organismo colegiado de este tenor en otras provincias, y que siempre ha sucedido a lo largo de la historia.

“En la Corte Suprema ni se saludan entre ellos, y acá siempre fue lo mismo; acordate la época de Royer y Pasutti con Panizzi, que terminó en un escandaloso juicio político”, recordó a esta columna otro de los integrantes del STJ, dando a entender que es cierto que hay ruido, pero que esto no es nuevo, sino que ya ha ocurrido y va a seguir ocurriendo.

Si bien es verdad que las internas de palacio en un organismo colegiado son algo de manual, en esta oportunidad lo peligroso es cuando las tensiones y los roces internos trascienden los despachos del edificio ubicado en la esquina de Roberto Jones y Rivadavia de Rawson, y a partir de los enfrentamientos comienzan a generarse hechos que pueden derivar en una crisis de gravedad institucional.

Arriba, los dos ministros más antiguos en el cargo; Vivas y Panizzi. Abajo, los cuatro nuevos: Bustos, Banfi, Napolitani y Báez.

La interna dentro de la corte se ha puesto más seria, y ya se ingresó en otro terreno que excede lo que veníamos contando hace un par de meses, cuando hablamos de Juego de Tronos, al relatar de qué manera crujía el engranaje entre los nuevos ministros y los antiguos. Ahora ya no se trata sólo de dar un portazo en la oficina o negar un saludo en un pasillo: una denuncia penal cambia todo.

En aquella nota repasamos todos los antecedentes de cada uno de los integrantes, y no los vamos a volver a repetir. El clima que describimos era de pujas internas, y dos meses después podemos decir que la situación es aún peor. De hecho, no hay despacho político en Chubut, en cualquiera de los tres poderes, en el que no se repita el comentario “qué quilombo hay en el Superior”.

Apoyándonos en aquella descripción de hace dos meses que se mantiene vigente, ahora te vamos a contar por qué el panorama es aún más grave. Hay dos protagonistas que libran una batalla a muerte. Entre ambos, el resto de los integrantes van jugando sus fichas y hay dos datos disruptivos y novedosos: una denuncia penal grave, y la inminente designación de una persona para revisar las cuentas.

LA DENUNCIA

Todo lo que vamos a contar desde ahora ya trasciende el terreno del rumor o el comentario: se trata de un hecho puntual, con fechas, nombres y lugares. Involucra nada menos que a un miembro del Superior Tribunal de Justicia y a un funcionario, y es increíble que aún no haya tomado estado público, porque es gravísimo.

El ministro de la Sala Penal, Daniel Báez, realizó una denuncia penal ante la Fiscalía de Puerto Madryn, por presuntas irregularidades en el desarrollo de un concurso para un cargo de auxiliar del Juzgado de Paz de Gastre. El hecho ya generó la visita de dos funcionarios de esa dependencia judicial a esa localidad de la meseta, y ya están trabajando en la etapa preliminar tomando entrevistas a los testigos.

No sólo eso, además se ordenó abrir un sumario administrativo en el área de Recursos Humanos del STJ y la idea es revisar la manera en que se tomaron los concursos en los últimos años. Esto significa que más allá de un hecho puntual, se pone en duda todo lo actuado en tiempo reciente, y se sospecha que, más que un error, puede tratarse de un modus operandi.

La denuncia de Báez apunta a la persona de Daniel Tejero, un director a cargo de personal de los juzgados de paz, y lo acusa de haber fraguado todas las actas y las firmas en el desarrollo de un concurso. Sostiene en su presentación judicial, que en la documentación armada por este funcionario, son falsas las firmas con la presencia de jurados al lugar, que nunca estuvieron.

En resumen, da a entender que el concurso estaría “arreglado” con nombre y apellido para la persona que había sido designada, aunque nunca llegó a asumir, porque hubo impugnaciones de otros pobladores de Gastre que habían participado.

Esta decisión abrupta de Báez de ir directamente a hacer la denuncia generó duros cruces hacia el interior de la corte. Un ministro le cuestionó que la situación se pudo haber solucionado sin llegar a un escándalo institucional, y que se podría haber vuelto a tomar el concurso. Cuentan que el argumento de Báez fue que no actuó de inmediato, sino que esperó dos semanas a ver si el trámite “irregular” del concurso avanzaba o antes actuaba algún organismo de control interno, algo que nunca ocurrió.

El ex fiscal jefe de Puerto Madryn y actual ministro de la Sala Penal, Daniel Báez, presentó una denuncia por un concurso en un juzgado de paz.

Quienes hablan con Báez lo escucharon decir que está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias y que cree contar con el respaldo de los empleados del Poder Judicial. Al parecer, el ex Jefe de Fiscales de Puerto Madryn tendría sospechas de que este tipo de hechos no es la primera vez que ocurre. De este modo, estaría cuestionando la manera en que se hacían las cosas hasta acá.

Se trata de un hecho de una enorme gravedad institucional: ¿son transparentes los concursos para ocupar cargos en la planta de personal del Poder Judicial? La duda se plantea a partir de una denuncia realizada por un ministro de la corte chubutense, nada más y nada menos.

LA GUERRA

Digámoslo sin dar más vueltas, hay una guerra declarada de la que están al tanto todos los miembros del Poder Judicial y del ambiente político de Chubut: los protagonistas son el presidente del STJ, Mario Vivas, y el ministro de la Sala Penal, Daniel Báez. Dos personalidades fuertes, acostumbradas a mandar, a tomar decisiones, a imponerse.

Báez viene de ser el mandamás de la fiscalía madrynense durante casi dos décadas, y Vivas viene de años de manejar el Superior Tribunal junto a Alejandro Panizzi, sin tener casi que consensuar ninguna decisión, y avanzando de manera prácticamente individual en cada una de sus ideas en los últimos tiempos.

Alejandro Panizzi y Mario Vivas son compañeros en el STJ desde 2016, y quedaron como únicos miembros en 2020.

Quienes concurren a los acuerdos plenarios, los ven a Vivas y Báez sacarse chispas. Se tiran por la cabeza reproches sobre -por un lado- decisiones unilaterales y falta de consenso, y -por el otro- falta de conocimiento del reglamento y de las funciones del cargo. Como ya hemos dicho, los nuevos ponen la lupa sobre el trabajo en solitario del tándem entre Vivas y el Administrador General, Héctor Capraro, quienes toman las decisiones más importantes de cómo se gasta y a quién se nombra.

“Vemos que sobra gente en el Superior Tribunal en Rawson y falta personal para brindar el servicio de justicia en el interior, eso lo queremos cambiar”, es uno de los reproches que se oye. Y del otro lado, responden “averigüen quién fue el ministro que pidió las únicas tres designaciones directas que se hicieron y si conoce a alguna de las designadas”.

Los pases de factura están a la orden del día: ya sea por el nombramiento de la hija de un bombero o por un cargo de Jefe de Despacho (el más alto rango) para un coordinador de choferes. De un lado, se repiten los cuestionamientos sobre la conducción rígida, la falta de consulta, las decisiones unilaterales. Del otro, se responde que para consensuar hay que concurrir a trabajar, y que es imposible encontrar a todos los ministros juntos el mismo día.

El aire entre Vivas y Báez se corta con un cuchillo, y el resto de los ministros juegan sus cartas. En primer lugar, hay que decir que Alejandro Panizzi -quien desde siempre se entendió muy bien con Vivas- sigue de licencia por cuestiones de salud y se estaría reincorporando en diciembre.

Luego están los ministros de la Sala Civil, Silvia Bustos y Ricardo Napolitani, de un perfil muy bajo y sin búsqueda de protagonismo ni apetencias de poder. La lectura del conjunto los muestra en sintonía con Báez, en las objeciones al estilo de conducción y el pedido de mayor consenso y control.

Los cuatro integrantes que se sumaron hace un año al STJ: Báez, Banfi, Bustos y Napolitani.

Y finalmente, la figura de Camila Banfi Saavedra, actual vicepresidenta a cargo, y con un rol muy activo en el armado del sistema de Juicio por Jurados y -por ejemplo- participando esta semana de la sesión del Consejo de la Magistratura en Esquel. Su rol aparece como dialoguista con todos los sectores, casi como una mediadora que trata de evitar las confrontaciones. La habilidad de la ex jefa de fiscales de Comodoro Rivadavia radica en que los dos bandos creen que está de su lado.

LAS CUENTAS

Y si algo faltaba para sumar más incomodidad al ambiente, es el planteo que los cuatro nuevos ministros llevarían al próximo acuerdo plenario: la designación de una persona en el cargo de Auditor de las cuentas del Poder Judicial. Se trata de un cargo que ya existe en el organigrama y tiene la misma relevancia que el Administrador General.

Su función sería revisar cada una de las medidas que en materia económica toman el presidente junto al Administrador, ya sea desde las designaciones de cargos, pasando por el manejo de las cuentas bancarias, la ejecución presupuestaria, y hasta las licitaciones de obras.

La decisión estaría tomada, se buscaría imponerla por mayoría, y una vez decidido, comenzar a entrevistar a especialistas en economía que hayan ocupado cargos relevantes en la administración de fondos, incluso si ocuparon cargos de responsabilidad pública, mejor aún.

De concretarse la contratación de un auditor, sería un serio desafío a la autoridad de Mario Vivas y su vínculo con Héctor Capraro. Un mensaje de “desconfianza” hacia el manejo de la plata y de necesidad de controlar. Algo inédito, fuera de lo común, que no sería necesario si el clima dentro de la corte fuera otro.

Mario Vivas y Héctor Capraro, presidente y administrador general del STJ.

En medio de todo este escenario, dos temas fuertes para diciembre: por un lado, el envío del Presupuesto a la Legislatura que este año fue más prudente y plantea un incremento más acorde a la realidad de los ingresos, luego de que el año pasado los diputados se negaran a aprobar un incremento del 94 %. ¿Qué pasará en este caso? La verdad es que cada ministro habla con legisladores, y que los diputados también van a jugar sus fichas en la interna de la corte.

El otro tema fuerte, es la inminente votación para el nuevo presidente/a que recaerá en un ministro de la Sala Penal, y las opciones son dos: Camila Banfi o Daniel Báez. Esa disputa se está jugando también con todo, y esas jugadas se entrecruzan con todas las otras que vinimos narrando.

Entre Camila Banfi y Daniel Báez estará el nuevo presidente o presidenta del STJ.

No por casualidad, un viejo lobo en estas cuestiones, Mario Vivas habló alto, para que todos los oigan, durante un acto en Comodoro, y dijo a todos los operadores de la Justicia que su candidata era Camila Banfi. Si es cierto que Panizzi suele trabajar en sociedad con Vivas, Banfi ya tendría dos votos en el bolsillo.

En el caso de Báez, dicen que el diálogo que mantiene con Bustos y Napolitani es muy fluido, aunque esto no significa que no hablen también con Banfi. La cuestión es la relación con Vivas, si es que es posible estar bien “con dios y con el diablo” al mismo tiempo.

Con este panorama, hay quienes avizoran un empate para definir la presidencia, un motivo que -por si hacía falta- suma al clima de tensión interna de la corte, con un cierre de año para alquilar balcones. Esperaremos el próximo capítulo de la serie del Juego de Tronos, una alegoría probablemente más elegante que el cabaret, aunque quizás menos gráfica en el lenguaje popular.

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