El hecho que cambió la historia política de Chubut: se cumplen 5 años del “sobre bomba” que desató una ola de causas judiciales contra la gestión dasnevista

En la mañana de un día como hoy, exactamente hace cinco años atrás, una mujer ingresaba a la Legislatura, supuestamente a realizar una diligencia. Era una empleada política del Poder Ejecutivo, que se desempeñaba como secretaria privada del Ministro de Coordinación de Gabinete.

La mujer recorrió algunos despachos de la planta superior, caminó por los pasillos, hasta que se trasladó a la otra punta del edificio, y en un lugar no registrado por las cámaras de seguridad, dejó apoyado sobre un banco -de manera totalmente anónima- un sobre de papel madera bastante pesado, con el nombre escrito de tres diputados del bloque del PJ-FPV: Blas Meza Evans, Gabriela Dufour y Alejandra Marcilla.

Luego de esta curiosa forma de entrega postal, la rubia secretaria del gobierno -que ya había renunciado a su cargo- se retiró silenciosamente de la Legislatura. Minutos después, alguien advirtió la presencia “sospechosa” del sobre. Algo fuera de lo común, porque este tipo de documentación suele entregarse por Mesa de Entradas de la Cámara o directamente a algún secretario o asesor de bloque.

Sin embargo, el “paquete” estaba a la vista de todos, sin datos del remitente, y lucía un aspecto grueso, como inflado. Era porque estaba lleno de documentación, pero entonces nadie lo sabía. Lo primero que se pensó, por lo extraño de la situación, era que podía haber algo peligroso. Entonces se dio aviso a los policías que se desempeñan en la casa de las leyes, quienes resolvieron que antes de mover o abrir el sobre, debían descartar que no se tratara de un atentado.

Por ello, se convocó a efectivos de la brigada de Explosivos de la Policía del Chubut, que llegaron hasta el lugar, y –después de las pericias de rigor- comprobaron que no había peligro, ya que no se trataba de una bomba, como algunos llegaron a suponer. Despejadas estas dudas, el paquete fue entregado a los tres diputados que figuraban como destinatarios del sobre, que eran los principales opositores al gobierno de entonces, ejercido por Mario Das Neves.

El día posterior a aquel lunes, todas las crónicas periodísticas registraron el hecho y lo titularon como la aparición de un “sobre bomba” que había asustado a todos en la Legislatura. Quedó reflejado como una anécdota risueña, y se vio casi como una exageración la intervención de los especialistas en explosivos.

Pero lo que nadie sabía en esos momentos, es que se trató de un titular periodístico premonitorio, que quedó para la historia: el sobre efectivamente era una bomba, pero una bomba que iba a hacer estallar todo el poder político conocido hasta entonces.

Dentro de aquel sobre sólo había fotocopias de documentación y de facturas de compras de elementos para la emergencia climática que había sufrido la zona sur de la provincia tres meses antes. Para un observador desprevenido, no hubiera significado nada. Ese material, en manos de experimentados diputados opositores, significaba el preludio de un desastre.

Por supuesto que la mujer, que trabajaba en los despachos de máximo poder, sabía lo que eso representaba, y no fue inocente ni al azar la elección de los destinatarios: Meza Evans y Dufour eran los dos principales enemigos políticos del gobernador Mario Das Neves. ¿Qué la motivó a la mujer a tomar semejante decisión? Circularon todo tipo de rumores en torno a los hechos que rodearon a los meses previos, propia de los programas de espectáculos, de las que no podemos hacernos eco a nivel periodístico, pero que darían material para varios capítulos de una serie de Netflix al estilo “House of Cards”.

Lo que sí tenemos como hechos incontrastables, son todas las consecuencias que este material provocó: por un lado desde lo judicial, con una ola de allanamientos y detenciones sin igual, que derivó en juicios y condenas contra altísimas figuras del poder; por el otro, desde lo político, por el cambio que generó en la población respecto a la imagen de un gobernador que se había convertido en el único que había logrado alcanzar tres mandatos en Chubut, siempre respaldado en las urnas, y como decían desde su entorno, había “llegado para el bronce”.

DEL SOBRE A LA DENUNCIA

No vamos a detenernos en el detalle pormenorizado de todo lo ocurrido “post sobre”, porque nuestra columna se convertiría en un repaso voluminoso y denso de hechos judiciales que ya han trascendido públicamente y son conocidos por todos. Vamos en cambio a detenernos en los hitos centrales y basar nuestra explicación de por qué todo el entramado de poder se cayó como un castillo de naipes a partir de esa “filtración”; en todo caso, para quienes quieran tener el panorama más completo de las causas ya juzgadas y las que están en trámite, elaboramos una infografía aparte con una cronología de lo más importante.

La sorpresa de los diputados cuando abrieron el contenido del sobre, fue mayúscula. Las fotocopias mostraban cómo desde el área de Unidad Gobernador, que conducía Diego Correa, en conjunto con el Ministerio de Familia, comandado por Leticia Huichaqueo, se habían realizado compras millonarias a empresas de dudosa procedencia, y por montos absolutamente exagerados.

Por ello, apenas una semana después, el martes 5 de septiembre, los tres legisladores opositores se presentaron ante el Ministerio Público Fiscal: denunciaron “sobreprecios exorbitantes en comercios que no existen”, en operaciones “vinculadas a la emergencia climática en Comodoro”, según expresó en esos momentos el mismo Meza Evans y consta en la crónica publicada aquel día por ADNSUR.

Apenas estalló este escándalo de manera pública, ya con los primeros allanamientos en Casa de Gobierno, saltó el primer fusible: renunció el Ministro Coordinador de Gabinete, Alberto Gilardino. Las versiones hablaban además de que Das Neves –quien estaba de licencia por su tratamiento de salud, como era habitual en aquellos tiempos- iba a despedir a Leticia Huichaqueo.

Apenas regresó a la provincia, en medio de un clima de tensión extrema, un enojado Das Neves llamó a los medios a la residencia oficial el domingo 10 de septiembre a la tarde. Allí habló a través del canal oficial para toda la provincia, denostando a los diputados opositores por deslizar sospechas sobre sus hijos y sobre Leticia Huichaqueo, a quien respaldó como la mejor ministra de su equipo.

Ese mismo día, Das Neves confirmó la salida de Gilardino de Coordinación, y tomó una decisión trascendental: convocó para reemplazarlo en el cargo más importante del gobierno, a su alfil político, el presidente del bloque de diputados del oficialismo, Jerónimo García. Luego de que le autorizaron la licencia en su banca, asumió al frente del Gabinete el 20 de septiembre.

El gobierno era un hervidero, aparecían sospechas de corrupción e investigaciones judiciales, se tomaban endeudamientos en letras para poder pagar los sueldos, y la salud del gobernador no aguantaba más. Sin embargo, quedaba una última satisfacción: la boleta del oficialismo ganó las elecciones para renovar diputados nacionales del 22 de octubre. El elegido fue Mariano Arcioni junto al radical Gustavo Menna.

Muchos creían que Arcioni renunciaría a su cargo de vicegobernador para asumir en el Congreso, pero nunca lo hizo. El triunfo en las urnas, uno más en la carrera política de Das Neves, fue su última alegría.  Una semana después, el gobernador en ejercicio, falleció en la tarde del martes 31 de octubre.

LA CALLE DEL VELERO GALÉS

A partir de la documentación aportada por los diputados el 5 de septiembre, apenas dos días después el fiscal original que tuvo a cargo la denuncia, que fue Sergio Ferrín, pidió al gobierno una gran cantidad de expedientes, la mayoría dentro del área de Unidad Gobernador, creada especialmente un año antes para que sea conducida por Diego Correa, mano derecha y hombre de mayor confianza del gobernador Mario Das Neves. Se secuestraron todos los legajos de la ayuda para la emergencia y más; algunos estaban en Casa de Gobierno, otros en el Tribunal de Cuentas.

Entre octubre y noviembre, el equipo interdisciplinario creado por el procurador Jorge Miquelarena, continuó trabajando en el análisis de la información que figuraba en los papeles de todas las contrataciones efectuadas por el área de Diego Correa. Peritos en informática y contadores empezaron a cruzar datos. Y nadie podía imaginar con lo que se iban a encontrar.

Para que la causa tome velocidad, fue clave un informe del contador José Velázquez, quien observó que, en las contrataciones que se hacían desde Unidad Gobernador, se repetía el nombre de dos empresas, llamadas Sepat y Dual Core, que previamente habían tenido escaso movimiento operativo en el ámbito privado.

Esto surgió del relevamiento del total de expedientes de todo el año anterior, incluso previos a la emergencia climática. Como el material era voluminoso, el procurador convocó a trabajar en la causa al fiscal de Trelew, Omar Rodríguez.

Cuando el Ministerio Público Fiscal informó a Diego Correa que lo estaban investigando y que debía designar un abogado y establecer un domicilio para las notificaciones, saltó un dato que dio un giro espectacular a la causa: el funcionario del gobierno dijo que la dirección de su casa era Velero Vesta 127.

Se trata de un nombre de calle poco común, que llamó la atención del contador Velázquez, que había analizado todos los expedientes. Y efectivamente, comprobó que era la misma dirección legal de una de las empresas contratadas por Unidad Gobernador, que se llamaba Dual Core.

Los fiscales enviaron a los policías de la Brigada de Investigaciones a averiguar sobre ese lugar en la zona sur de Trelew, y en las fotos vieron estacionada una camioneta que en los papeles figuraba a nombre de Sepat.

No hace falta imaginar demasiado para comprender todo lo que siguió: se volvió evidente que las dos empresas estaban vinculadas al mismo Diego Correa y su entorno familiar. Es decir que el funcionario se auto contrataba, pagando a empresas que respondían a él para hacer obras del gobierno. Se estaba ante una posible estafa al Estado.

LAS GRABACIONES

Las primeras medidas fuertes fueron a fines de diciembre de 2017 y durante el verano de 2018. En la feria judicial, el fiscal Rodríguez pidió el apoyo de otro colega, porque vio que se venía una causa compleja, y ante la indicación de Miquelarena, aceptó sumarse el fiscal madrynense Alex Williams. Ambos lograron en febrero que el juez autorice a que se intervenga el teléfono de Diego Correa y uno de los titulares de las empresas, Sergio Ramón.

Todavía tenían mucho trabajo por delante, pero los hechos se precipitaron cuando en las escuchas, surgió la inminente partida de Diego Correa a Buenos Aires. Por ello, en la mañana del 7 de marzo de 2018 se debieron ordenar las detenciones y allanamientos, en el instante preciso en que el funcionario provincial se preparaba para subir a su camioneta para salir desde su casa hacia el aeropuerto.

Ese mismo día se detuvo a su pareja, Natalia Mac Leod, así como a su “mano derecha”, Diego Luthers en su despacho de Casa de Gobierno. También a otros integrantes de su entorno que figuraban en las empresas. Y se conoció públicamente el nacimiento de la causa “Embrujo”, llamada así porque en las intervenciones telefónicas, un asesor espiritual extranjero le daba consejos a uno de los implicados.

Todo lo que siguió a partir de aquel material original, fue absolutamente impensado por la velocidad de los acontecimientos y por la gran cantidad de “mugre” que se fue descubriendo. Cada papel era como abrir una Caja de Pandora, de la que salían ramificaciones a todo un entramado de corrupción enquistado en el mismo gobierno.

Y esto fue así porque Diego Correa, mano derecha del gobernador, era uno de los hombres más fuertes de la administración. Ejercía un poder que le fue delegado por Das Neves, y todos debían obedecerle. Lo que se estaba a punto de descubrir, es que entre sus funciones, tenía a su cargo el control del manejo de una fuente de financiamiento en negro proveniente de ingresos ilegales de retornos provenientes de la obra pública.

Este enorme hallazgo se produjo dos semanas después, cuando los fiscales allanaron una casa ubicada en la calle Lezana de Playa Unión, que pertenecía al Ministerio de Infraestructura pero de la que Correa tenía las llaves, ya que era utilizada como depósito y lugar de “esparcimiento”, según dijeron los investigadores.

Lo que encontraron allí, fue todavía más impactante que lo visto anteriormente: se hallaron planillas Excel elaboradas por Diego Luthers a pedido de Correa, que llevaban la contabilidad de todo lo que ingresaba y en lo que se gastaba. En ese listado detallado, estaban los números de los montos aportados por empresarios de la construcción, mayormente a través de cheques que eran retornos de obras contratadas. Y también figuraba la salida de ese dinero en el pago de sobresueldos a los funcionarios del gabinete, así como en algunos gastos cotidianos para Correa y nombres que aludían al entorno de la familia Das Neves.

EFECTO DOMINÓ

El hallazgo de esas planillas fue tremendo y dio origen a la causa conocida luego como “Revelación”, comandada por los fiscales Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz, la primera en su tipo a nivel nacional en llegar al juicio y condena de una asociación conformada por funcionarios públicos y empresarios para financiar la política con dineros de la obra pública.

Todo un entramado de poder empezó a caerse a pedazos: comenzaron a desfilar por los tribunales, esposados, quienes hasta hace días antes habían sido ministros del gabinete, así como también dueños de empresas constructoras de larga historia y prestigio. Aquellos que la sociedad creía que eran intocables, ahora dormían en los calabozos de comisarías y alcaldías.

Hubo unos pocos que creyeron que estaban protegidos por un manto de impunidad, y de pronto se dieron cuenta de que se habían vuelto vulnerables. Se hicieron comunes los allanamientos en domicilios, algunos incluso en plena noche, con chicos durmiendo. Era el tema de moda en toda reunión social, y rebotaba en los medios nacionales. Se volvieron virales los videos de las detenciones de los “famosos” locales y algunos audios de las intervenciones telefónicas.

Cada investigación daba lugar a una nueva. Además de Embrujo y Revelación, a la causa de la compra de elementos para la emergencia climática para Comodoro Rivadavia, se le agregaron dos: una por peculado en la venta de alimentos para mascotas que habían sido donados; otra por compra de material eléctrico desde Servicios Públicos.

El histórico director de Ceremonial de Das Neves, Oscar Alarcón, era juzgado por enriquecimiento ilícito, mientras se investigaba si el grupo de Diego Correa había avanzado en contrataciones ilegales con las autoridades de Lotería.

Hasta se llegó a detener por la fuerza y sacar esposado a un ministro en funciones en su despacho en Casa de Gobierno en septiembre de 2018, como fue el caso de Martín Bortagaray. Algo inédito y no previsto en la Constitución, en una decisión que luego puso en aprietos al juez y los fiscales responsables ante el Consejo de la Magistratura.

Pasados cinco años, el repaso indica que se iniciaron 10 causas en total: 7 de ellas fueron a juicio oral y en 5 (Embrujo, Revelación, Royal Canin, Emergencia y Enriquecimiento de Alarcón) se encontró culpables a ex funcionarios. 

En la causa TESLA, por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública, fue absuelto el ex titular del ISSyS, Cristian Eguillor. Mientras que aún está pendiente de una presentación ante el STJ el juicio de la compra de equipamiento de Servicios Públicos, contra Pablo Korn, que dio inicio durante la pandemia.

La única causa archivada fue la de Lotería, que estaba por ser elevada a juicio, pero los incendios de diciembre pasado destruyeron todas las pruebas.  Y resta decir que la fiscalía piensa llevar a juicio por presunto enriquecimiento ilícito a los funcionarios del IAS, Carlos Barbato y Leonardo Aquilanti.

Lo que está claro es que un fenómeno electoral como el “dasnevismo”, que había dominado la vida política de Chubut durante 15 años, sufrió un golpe de gracia ante la imagen de la opinión pública. Un gobernador que había llegado para que su nombre figurara en plazas y escuelas, y del que estaban escribiendo el libro de su vida, de golpe se volvió innombrable. 

Había una frase que a Mario Das Neves le gustaba decir en los discursos respecto a su gobierno: afirmaba que “hubo un antes y un después”, en alusión a que todo cambió cuando llegó su gestión. Y la cita se aplica perfectamente a lo que estamos relatando. La historia de Chubut se escribía de una manera hasta el 28 de agosto de 2017, cuando una mujer ingresó con un sobre a la Legislatura. Y la mirada sobre los hechos cambió de manera definitiva a partir de entonces.