El hidrógeno quedó fuera de la ley bases y la deuda pendiente del marco regulatorio para canalizar inversiones: lo que dejó el Foro de Transición Energética en Comodoro

Durante una jornada en la que volvió a evidenciarse el interés internacional por el potencial para generar energías limpias desde la Patagonia hacia el mundo, el Foro de Transición Energética e Hidrógeno Verde realizado en Comodoro Rivadavia dejó conclusiones que deberán verificarse en los hechos durante los próximos meses.

“Los pueblos que no se sientan a pensar una agenda de desarrollo, a la larga quedan descartados, porque los recursos naturales son finitos -dijo el gobernador Ignacio Torres, en la apertura del Foro organizado por el gobierno provincial y la plataforma H2 Argentina-. Debemos replantearnos cuáles son las oportunidades que tenemos, porque Comodoro puede seguir siendo el motor energético de la Argentina, pero necesitamos dos cosas fundamentales: calidad institucional y competitividad”.

El gobernador volvió a poner la mira en la posibilidad de que en la ciudad se instalen fábricas de aerogeneradores, como reflejo del desarrollo que podría tener la región patagónica y Chubut en particular, con el aporte de divisas a partir de la exportación de energía verde.

Para que ello ocurra, será necesario que se den pasos imprescindibles, apuntalados por la decisión política que genere las condiciones necesarias para la inversión. Sin ese insumo elemental, que debe producirse por acuerdo entre el gobierno nacional y las provincias a través de sus legisladores, en 2025 podría haber un nuevo foro para seguir hablando de “perspectivas”, pero con el riesgo de que todo ese mapa empiece a formar parte de un archivo de proyectos postergados.

Entre los hechos concretos que se requieren para que el ‘potencial’ empiece a transitar un plano más cercano a las concreciones, se cuenta el impostergable objetivo de que el Congreso de la Nación avance en la sanción de un marco regulatorio para la producción de hidrógeno verde en el país.

Sumado a la ley específica, también surgieron voces de reclamo que advirtieron que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que forma parte de la llamada ley ‘Bases’, no contempla los tiempos requeridos para el desarrollo de este vector energético en el país

Ambos resortes legislativos servirían para dar marco a los proyectos que esperan activarse a partir del interés internacional, que conocen el potencial de los vientos del país y las inmejorables condiciones para su aprovechamiento en la Patagonia.

Así lo enfatizó el vicegobernador Gustavo Menna, al reconocer que el ex senador Marcelo Guinle, de pertenencia justicialista, impulsó el régimen de promoción para la energía eólica, que luego fuera continuado en el gobierno de Mauricio Macri para dar impulso al desarrollo de gran parte de los parques eólicos que hoy funcionan en el país, con especial presencia en la región patagónica.

La necesidad de avanzar con el marco legal se cruza con una certeza que conviene tener presente: el mundo, en especial los países europeos, están expectantes de la posibilidad de que Argentina se inserte en el mercado mundial del hidrógeno, como abastecedor de energías limpias en el marco de los compromisos asumidos para frenar el cambio climático.

Sin embargo, Argentina no es el único país con alto potencial, sino que compite con otros como Chile y Uruguay, por mencionar sólo algunos de Latinoamérica, que ya tienen avances importantes en la misma materia, que podrían desplazar a la Patagonia argentina del último vagón al que espera subirse en el tren de la transición energética.

NO ALCANZA CON LAS ‘MEDALLAS’ YA CONOCIDAS

Puede resultar casi repetitivo hablar del potencial de energía eólica de la región, de los rendimientos superiores al 60% y la experiencia que viene desarrollando Hychico en Comodoro Rivadavia desde hace 20 años con la producción de hidrógeno en su planta experimental.

Hay en esos focos algunos hitos de innegable importancia, pero ninguno de esos logros alcanza por sí solo para garantizar que la región se ‘siente a la mesa’ de los grandes proveedores de energías limpias que demandan gobiernos europeos como los de Alemania o Países Bajos, de cara a compromisos que deben empezar a cumplir en 2030, es decir en los próximos 5 años.

A Comodoro Rivadavia no podrá alcanzarle, para sentarse en esa mesa, el orgullo de que  Hychico haya producido ya una cantidad de hidrógeno suficiente para que una flota de 10 ómnibus recorra 7 vueltas completas al planeta, o que haya concretado avances más que importantes en el almacenamiento a partir del uso de yacimientos depletados de gas. O incluso con los excelentes resultados e producción de oxígeno de primera calidad.

Esos resultados son valorables, pero podrían quedar archivados en la memoria histórica si es que el país no da los pasos necesarios para favorecer la llegada de inversiones para potenciar ése y otros proyectos de gran escala.

Lo dijeron algunos de los especialistas presentes en el Foro del último viernes: “Argentina tiene un gran potencial, pero los países demandantes de energía no van a esperar a que vayamos nosotros a salvarlos”.

La referencia es clara. Si el país no da los pasos que todavía le faltan para jugar en las grandes ligas, lo harán otras naciones, que tal vez no tienen recursos tan buenos, pero que compensan esa menor capacidad con mayor competitividad.

LAS LEYES QUE SE NECESITAN: UN MARCO REGULATORIO QUE NO IMPONGA BARRERAS 

Para dar una señal clara en torno al aprovechamiento del gran potencial de vientos y la generación eólica en la Patagonia, como también sobre la capacidad foto voltaica en otros puntos del país, es fundamental la sanción del marco regulatorio por parte del Congreso de la Nación.

Sobre ese tema expuso Natalia Catalano, directora del Centro de Transición Energética y Sustentabilidad de la Universidad Tecnológica Nacional, quien comparó el proyecto de ley que había impulsado el año pasado el entonces ministro Sergio Massa, con la iniciativa que en su momento impulsó el ex diputado nacional Gustavo Menna, que ahora fue retomado por la diputada Fernanda Verasay.

Uno de los puntos críticos del proyecto ‘Massa’ era la exigencia de un elevado componente nacional en la integración de proyectos de hidrógeno, algo que significa una barrera frente al tiempo que demanda este tipo de iniciativas (para la que aún no existen proveedores instalados), tal como ya había advertido el Grupo de Transición Energía Sostenible (TES) del golfo San Jorge el año pasado.

En el proyecto ahora impulsado por Verasay, en cambio, la incorporación de componentes nacionales se toma como un ‘premio’ a través de incentivos fiscales, en la medida que esos equipos sumen mayor participación, pero no funciona como un impedimento.

“Respecto a los costos, hay que entender que la competencia nuestra va a ser el mundo, no será local. No podemos estar agregando requisitos de erogaciones a las empresas para poder desarrollarse”, dijo Catalano, en referencia a que el proyecto Massa exigía aportes económicos para crear un fondo de desarrollo y una agencia promotora del hidrógeno en el país.

“En el proyecto Menna-Versay -comparó-, no hay requisitos sobre costos. Lo mismo pasa con la exigencia de Investigación y Desarrollo, que puede ser viable para proyectos de miles de millones de dólares, pero puede haber también proyectos de 200 millones de dólares, que pueden ser también importantes, pero se los castiga cuando se les exige invertir en esos conceptos antes de empezar a operar”.

La diputada nacional Ana Clara Romero, integrante del mismo panel, estimó que el proyecto de ley que fue retomado para su análisis, a partir de los criterios menos restrictivos que estableció la iniciativa impulsada por el actual vicegobernador de Chubut, podría tratarse en la segunda mitad del año, una vez que el Congreso termine con la agenda de la ley ‘Bases’.

UN PLAZO MÁS AMPLIO PARA LOS INCENTIVOS DE LA LEY ‘BASES’

A propósito de la normativa que hoy ocupa la agenda nacional, Catalano también hizo referencia a limitaciones del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), algo que también fue observado por representantes de las distintas cámaras empresarias.

Una de las principales críticas fue al tiempo de 2 años que establece el proyecto para acceder a los beneficios del RIGI. Ese lapso resulta insuficiente frente al tiempo que demandarán los proyectos de hidrógeno, para los que no sólo aún no hay industria, sino que debe establecerse el mercado.

“Cualquier sistema de incentivos debe tener un plazo más amplio -dijo la experta-. Hay que considerar que sólo para desarrollar la ingeniería de un proyecto, es decir la documentación y los planos, lleva de uno a tres años. Cuando lo comparamos con el RIGI, que es muy bueno para el despegue a corto plazo de industrias ya maduras y establecidas, 2 años para el hidrógeno son muy pocos”.

Catalano apuntó además que la estabilidad de normas es otro aspecto fundamental, frente a inversiones que demandará miles de millones de dólares. “Hablar de rentabilidad parece mala palabra, pero entiendo que nadie va a invertir si no espera una renta futura de esa inversión”, razonó.

QUÉ ESPERAN LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR

Juan Manuel Alfonsín, director ejecutivo de la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) había planteado también previamente la necesidad de modificar el plazo establecido para acceder a los beneficios del RIGI, además de cuestionar otra limitante del régimen, al fijar un tope en los montos de inversión:

“Un proyecto como el hidrógeno verde requiere entre 12 y 15 años -precisó-, no podemos entrar en 2 años. Nosotros vemos proyectos de 20.000 millones de dólares para abastecer la demanda futura de países como Alemania, muy por encima del tope de 900 millones que fija el RIGI”.

Además, apuntó que “la infraestructura no va a estar disponible de un día para otro, los electrolizadores están en una etapa incipiente y van a demandar de 3 a 5 años, no podemos ingresar en 2 años para acceder a los incentivos fiscales”, cuestionó.

En ese plano, refirió que el país debe lograr competitividad, fijando como referencia que el hidrógeno debería producirse a un costo de entre 1,5 y 2 dólares por kilogramo. Y remarcó que debe tenerse presente que el desarrollo de esta nueva industria debe planificarse para los próximos 100 años, para lo cual se están firmando permisos de uso de tierras por 50 años, con opción a otros 50.

A su turno, Héctor Ruiz Moreno, gerente general de la Cámara Eólica Argentina, resumió el pedido del sector empresario para avanzar en el desarrollo del hidrógeno verde:

“Reglas claras y estabilidad fiscal, con un escenario que garantice esa seguridad y un marco normativo atractivo -pidió-. Y, sobre todo, decisión política para avanzar. El año pasado los socios de la Cámara presentaron al gobierno un proyecto para financiar la ampliación de redes, para sumar 1.000 MegaWatt de capacidad de transporte. Los socios estaban dispuestos a financiarlo, pero no tuvieron respuesta”, refirió.

EL COSTO DE DESALINIZAR AGUA

Alfonsín hizo hincapié en otro aspecto fundamental, vinculado al uso de agua para separar las moléculas de hidrógeno y oxígeno.

“Una tonelada de hidrógeno consume 9 metros cúbicos de agua dulce, por lo que se van a necesitar muchas plantas desalinizadoras para producirlo -apuntó-. Que nadie se confunda, porque no se va a tomar agua dulce para producir, sino que se va a desalar agua, lo que insume entre 2 y 4 kilowatt para hacer 1 metro cúbico de agua dulce. Con las nuevas tecnologías se proyecta que vamos a llegar 1 kw/hora, lo que equivale a 1 centavo de dólar por cada 1.000 litros de agua. Estamos en condiciones de tomar agua de mar, no nos confundamos”.

En materia de infraestructura, propuso pensar proyectos de redes eléctricas específicos para la zona patagónica, para que sean totalmente verdes, sin vincularse con el resto del interconectado del país, que se abastece con energías fósiles.

DESARROLLO DE NUEVAS INDUSTRIAS

Raúl Bertero, presidente del Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética de la UBA (CEARE), brindó un panorama auspicioso en cuanto al impacto esperado.

“El proyecto de hidrógeno en la Patagonia no se va a exportar, sino a través de productos derivados, como el amoníaco o fertilizantes. La Patagonia tiene factores de capacidad únicos en el mundo, además de los espacios necesarios. Promover la fabricación significa que habrá hidrogeno-química, primero de amoníaco y metanol y otros combustibles sintéticos, que necesitan algún tipo de carbono. Eso traerá la fábrica de cemento, con eso tendremos el carbono. Ustedes van a tener un polo con hidro-químico con fertilizantes, con puertos para exportar todo eso al mundo”, describió.

Bertero señaló que la magnitud es difícil de imaginar, ya que se trata de multiplicar por 10 ó por 20 veces la capacidad actual de generación.

“Habrá fábricas de aerogeneradores, porque no tendrá sentido importarlos -vaticinó-, la economía va a llevar a eso”.

 LA INFRAESTRUCTURA DEBERÁ SER APORTADA POR EL SECTOR PRIVADO

La subsecretaria de Transición y Planeamiento Energético de la Secretaría de Energía de la Nación, Ing. Mariela Beljansky, destacó el hecho de que el gobierno nacional haya asignado su presencia a participar durante las 8 horas del foro, además de valorar el hecho de que la cartera a su cargo se incluya la palabra ‘transición’ es “un mensaje concreto del gobierno”.

Especializada en energía y cambio climático, la funcionaria enfatizó que para el actual gobierno tiene una alta relevancia el hidrógeno verde, al referir que se viene realizando un intenso trabajo en torno a inversiones sobre hidrógeno verde.

“Es un punto más que relevante -valoró-, en esta gestión trataremos de intervenir lo menos posible y haremos un esfuerzo enorme para no obstaculizar a los privados. En la ley Bases se deja de pensar que las empresas tengan que pedir permiso para poder exportar, con un concepto de que tienen el derecho a exportar el producto fabricado”.

También marcó diferencias con el gobierno anterior, al referir que “primero vamos a dejar que el hidrógeno exista y se exporte, luego vendrán los proveedores locales. Ya entendimos que el RIGI necesita ajustes por los tiempos, hay que trabajarlo con los legisladores nacionales”, propuso.

“El estado no tiene plata, ni un peso, no es un slogan -dijo, ante el tema de la falta de infraestructura en redes eléctricas, que fue estimado en 40.000 kilómetros-. Van a salir nuevas reglas de juego, para que haya inversores privados interesados, pero el Estado no tiene plata para hacerlo”, planteó, en referencia a la inversión necesaria en alrededor de 40.000 millones de dólares.

Además, aclaró que el hidrógeno verde no estará vinculado al sistema interconectado, sino que se requieren redes específicas para las plantas de generación, lo que requiere una planificación específica para ese tipo de instalaciones.

La funcionaria nacional llamó a fijar metas de trabajo concretas, con las reuniones que sean necesarias, pero pidió “no escribir de más” ni interferir en el sector privado “más allá de lo estrictamente indispensable”. Y fijó el objetivo de que a fines de 2024 “estemos sentados en la mesa internacional”.

Los próximos meses definirán si las proyecciones empiezan a encauzarse, o si el tren habrá terminado de partir y alejarse de esta región.