El último tiro para aprobar una Ley de Lemas en Chubut: quiénes son los impulsores y qué obstáculos enfrentan

La provincia del Chubut es el único distrito entre los 24 de todo el país, que no tiene Código Electoral propio. Esto significa que, en 65 años de historia, nunca se pudieron obtener los 22 votos que exige la Constitución, las tres cuartas partes de la Legislatura, para lograr un acuerdo general de las principales fuerzas políticas en materia electoral.

Queda apenas un mes para finalizar el año, con seis sesiones por delante, dos en noviembre y probablemente cuatro en diciembre. Ya en 2023 será tarde para cualquier reforma en esta materia. En ese lapso ultra breve y perentorio, un grupo de dirigentes políticos vinculados al peronismo se puso como objetivo lograr la mayoría especial que jamás se logró en 6 décadas, para tratar de sancionar la ley del “doble voto simultáneo” conocida popularmente como Ley de Lemas.

¿Por qué el apuro? Porque varios coinciden en que esta ley, según la cual todos los votos de los sublemas dentro de un lema general, se los lleva el candidato más votado, sería la solución para el justicialismo. La lectura se basa en que, en vez de una interna desgastante, con el peligro de que después queden heridos en la elección general, directamente todos los postulantes a la gobernación irían a una sola elección para traccionar en conjunto.

No son pocos en el justicialismo los que creen que esta ley resolvería la interna entre Juan Pablo Luque y Ricardo Sastre, sumando todos los votos de los dos polos más importantes de la provincia, Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn, y aumentaría las chances ante una alianza de Juntos por el Cambio que podría llevar como sublemas al senador Ignacio Torres y al intendente de Rawson, Damián Biss.

La experiencia le viene dando excelentes resultados al kirchnerismo en Santa Cruz, donde por ejemplo en 2015, Alicia Kirchner fue proclamada a pesar de ser la segunda candidata más votada detrás del radical Eduardo Costa, pero sumando los votos del resto de los lemas del peronismo.

Esto derivó en una batalla legal que llegó hasta la Corte Suprema, que -como ya hemos contado- no se metió en la cuestión de fondo por entender que era de jurisdicción propia de la Constitución local y no de la Constitución Nacional.

En Chubut, el único antecedente en el tema no fue bueno para el justicialismo, ya que en 1991 el PJ fue el lema más votado, siendo el madrynense Osvaldo Sala el candidato ganador por encima del comodorense Marcelo Guinle. Pero se aplicó una “segunda vuelta” entre Sala y el radical Carlos Maestro, quien terminó ganando en medio de un “pase de facturas” del justicialismo comodorense.

Ese error no quiere volver a repetirse, y un grupo de dirigentes asesorado por especialistas está analizando la ley santacruceña y cruzando datos con lo que podría hacerse en Chubut. a continuación, vamos a explicar quiénes son, y cuáles son los dos obstáculos que enfrentan: uno es político, el otro judicial y a la vez temporal.

PROTAGONISTAS

El asunto con la Ley de Lemas es que se trata de una ley que no es bien vista por la ciudadanía, y es cuestionada por la oposición por “tramposa” y “confusa”, al habilitar que los votos de un candidato se computen a otro. Por esa razón, no son muchos los dirigentes que se animan públicamente a defenderla, y varios prefieren operar en las sombras.

El tema volvió a tomar relevancia en la reunión que la dirigencia del PJ realizó en octubre, de la que participó el vicegobernador Ricardo Sastre, quien se comprometió a activar los mecanismos para ver si había chances de obtener los votos en la Legislatura.

Sastre cuenta con el asesoramiento legal de un “especialista” que realmente se las sabe todas en materia empresarial, política y electoral: hablamos del abogado Jorge Aidar Bestene, quien durante años fue apoderado y armador dentro del Partido Justicialista, y conoce todos los vericuetos de las leyes y del arte de la negociación.

Juntos, emprendieron la “patriada” que es apoyada por el intendente de Trelew, Adrián Maderna  y por los principales dirigentes del PJ, como el presidente del partido, Carlos Linares, el presidente del Congreso, José Arrechea, y el apoderado Blas Meza Evans.

Cuentan con un alfil legislativo, que es el diputado madrynense Carlos Eliceche, quien ya asumió la responsabilidad de presentar el proyecto de eliminación de las PASO y días atrás dijo en declaraciones radiales que apoya la Ley de Lemas y no tendría problemas en impulsarla en la Cámara, aunque en privado algunos dicen que sostuvo otra cosa.

Tanto Sastre, como Linares, Maderna, Arrechea y Eliceche, hablaron públicamente a favor de la Ley de Lemas, y no temen a un supuesto rechazo de la opinión pública, como sí ocurre con otros dirigentes que evitan jugársela.

Metidos de lleno en el baile y por el compromiso asumido, Sastre y Aidar Bestene protagonizan por estas horas un raid de llamados y reuniones evaluando voluntades y posibles votos para ver si están dadas las condiciones para impulsar la reforma en la Legislatura. Pero hasta el momento, hay un protagonista que traba todo.

OBSTÁCULO POLÍTICO

Ricardo Sastre y Jorge Aidar Bestene hacen cuentas y creen (el verbo no es casual, se trata de una suposición) que pueden contar con los 6 votos del bloque del PJ, más los 4 del sastrismo, los 3 del madernismo y el de Eliceche. Esto suma una mayoría simple de 14 votos, pero no alcanza para los 22 que requiere la Constitución.

Hay otros votos que muy posiblemente se puedan conseguir si la cosa avanza, como el de los dos diputados petroleros, Carlos Gómez y Emiliano Mongilardi (militan la campaña del PJ), el madrynense Sebastián López, y la diputada que responde al dirigente mercantil Alfredo Béliz, es decir Gabriela De Lucía.

Probablemente también se pueda contar en última instancia con el voto de la legisladora Tatiana Goic, si su jefe político -el titular de Camioneros Jorge Taboada- se lo pide. Esto significa que la cuenta se podría estirar a 19 votos, un número importante, pero que todavía no alcanza.

La esquelense Zulema Andén, peleada con el oficialismo y cercana a Chubut Unido, quizás podría ser el voto 20 si se logran hábiles negociaciones y ofrecimientos para las listas en 2023. Y pare de contar.

Los 7 diputados restantes pertenecen a la UCR (dos votos absolutamente imposibles de Manuel Pagliaroni y Andrea Aguilera) y hay cinco diputados que responden el liderazgo del gobernador Mariano Arcioni, que son Juan Pais, Roddy Ingram, María Cativa, Graciela Cigudosa y Pablo Nouveau.

Es decir que la llave de todo la tiene el gobernador, a quien -por supuesto- han llamado y vienen tratando de convencer de las bondades del sistema y de cómo su espacio político, conformado por el Frente Renovador y el Chusoto, podría salir airoso con una Ley de Lemas.

La respuesta del mandatario hasta el momento, viene siendo la misma: “yo no estoy de acuerdo, que mis diputados hagan lo que quieran, pero no lo avalo”. La cuestión fue hablada además con su presidente de bloque, Juan Pais, y ambos coinciden en que el tema no debe avanzar, que ya está perimido, y que no tiene chances. Coinciden además en que no tiene licencia social y en que es un riesgo.

Si el mandatario mantiene esta visión, de nada serviría a los actores del PJ seguir juntando voluntades, porque los votos no darían, y encima se corre el riesgo de un veto que luego debe ser votado nuevamente por la Cámara. Por ello, el intento de la reunión que ya hemos anticipado, donde se busca convencer no sólo a Arcioni, sino a su referente político Sergio Massa. Hasta ahora, de ese encuentro se habla mucho, pero no hubo ninguna novedad.

BATALLA JUDICIAL Y DEMORA

Pero los problemas para una hipotética Ley de Lemas no terminarían con la mayoría especial que se requiere en la Legislatura, sino que luego, en caso de una aprobación, se abriría un capítulo judicial. Es un hecho que, si la ley se promulga, desde Juntos por el Cambio habrá un planteo de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia algo que en su momento detallamos en profundidad.

La discusión es fácil de prever, ya que se objetará que una ley de este tipo, que habla del lema más votado, chocaría con el artículo que expresa que en Chubut el gobernador es el “candidato más votado a simple pluralidad de sufragios”. La redacción no deja lugar a dudas, y justamente es diferente en el caso de la Legislatura, donde expresa que “el partido más votado” es el que ubica 16 bancas y el resto por sistema proporcional.

Para ser proclamado gobernador en Chubut, hay que ser el candidato más votado, y por algo en 1991 se incorporó la segunda vuelta, una especie de ballotage para que el ganador cumpliera con ese precepto. Los defensores de la Ley de Lemas dicen que la redacción de la Constitución de Santa Cruz es prácticamente igual y que de todos modos se aplicó.

Claro está que, para eso, en la provincia vecina hizo falta el aval de la corte de justicia local, algo que también sería necesario en el caso de Chubut. Por lo tanto, la última palabra, sea como fuere, la tendrían los 6 ministros del STJ: Mario Vivas, Ricardo Napolitani, Silvia Bustos, Camila Banfi, Daniel Báez, y Alejandro Panizzi.

Una batalla legal de este tipo prolongaría la discusión ya en medio del año electoral, es decir, en pleno 2023. De ocurrir, sería absolutamente desprolijo que las reglas del juego para definir las candidaturas se estén discutiendo sobre la marcha, a pocos días de la convocatoria.

Con esto queremos explicar que, más allá de las trabas de las mayorías políticas, desde el punto de vista institucional, da la sensación de que ya es tarde, y que los tiempos no dan para una Ley de Lemas. Sin embargo, la política es el arte de lo posible, o en este caso, de lo casi imposible. Se viene el mundial, pero en diciembre se estará jugando otro campeonato de penales a matar o morir entre la dirigencia chubutense.