Comodoro: trabajadores del arte y la cultura se manifestaron en rechazo a la Ley Ómnibus
La ley pretende dar de baja el Fondo Nacional de las Artes y el Instituto Nacional del Teatro.
Este sábado 30 de diciembre a las 17 horas, los trabajadores del arte y la cultura realizaron un evento en la esquina de Avenida Rivadavia y calle Moreno, en pleno centro de Comodoro Rivadavia.
Se trató de un encuentro artístico, libre y gratuito, en rechazo de la Ley Ómnibus que impulsa el presidente de la Nación, Javier Milei.
Es que más allá de la extensión y de los polémicos puntos que contiene el documento, hay un fragmento que atenta fuertemente contra el financiamiento de las políticas de fomento a la cultura; el cine, la literatura, el arte y la música.
El compendio de modificaciones que deberán pasar por el Congreso de la Nación incluye un apartado para la cultura que se puede leer a partir de la página 153 del documento.
En síntesis, las medidas que más afectan al sector son: reducción del financiamiento a las políticas de fomento al cine, el cierre del Instituto Nacional del Teatro, el del Fondo Nacional de las Artes y también una modificación del sistema de asignación de recursos del Instituto Nacional de la Música.
En este marco, este viernes en Comodoro se realizó una conferencia de prensa en Actitud Pandora con la presencia de Gonzalo Dato en representación de la rama del teatro, Cristina Nieva e Irina Svoboda representantes de las Bibliotecas Populares y Editoriales, Ezequiel Murphy del ámbito de la literatura y el arte independiente, Ignacio Stankewitsch, en representación de la rama de la música, Viviana Almirón, en representación del arte audiovisual y Patricia Soto del área de la danza.
En concreto recordaron que el proyecto establece la derogación de la Ley N° 24800 y el decreto N° 1224 que dispone el cierre de instituciones como el Fondo Nacional de las Artes y el Instituto Nacional del Teatro. Además propone el desfinanciamiento del Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y del Instituto Nacional de la Música (INAMU) al igual que la derogación de leyes que protegen a las Bibliotecas Populares, editoriales independientes y librerías.
En este contexto, Gonzalo Dato - referente del Teatro Actitud Pandora - pidió que los diputados nacionales de Chubut se posicionen al respecto: “Que piensen muy bien lo que van a votar, porque ellos tienen la responsabilidad de cómo el arte y la cultura se va a seguir desarrollando a nivel nacional. La responsabilidad hoy está en ellos y si no toman una decisión coherente, nos va a afectar no solamente a los artistas, sino también a la comunidad".
Cine
En el capitulo 3, se lee que se piden modificaciones en el Instituto Nacional de Artes Audiovisuales (INCAA) aunque no se habla de su eliminación, ya que es un ente autárquico que tiene financiación propia, sin embargo, con estos cambios tendría menos ingresos.
El proyecto de ley propone la eliminación del financiamiento que se obtiene actualmente a través del Ente Nacional de Comunicaciones por la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una de sus principales fuentes de recursos para el INCAA.
Además, la nueva ley propondría cambios en la forma de dar los subsidios a las nuevas producciones.
Si bien la iniciativa no suprime el propósito de fomento de la actividad cinematográfica, el nuevo texto postula que el Fondo de Fomento Cinematográfico se integrará “con un impuesto equivalente al diez por ciento (10%) aplicable sobre el precio básico de toda localidad o boleto entregado gratuita u onerosamente para presenciar espectáculos cinematográficos en todo el país, cualquiera sea el ámbito donde se realicen”, como ya existe, y “con los recursos que defina el Presupuesto Nacional”.
Por la finalidad de estas modificaciones, desde los entes afectados emitieron comunicados que manifiestan la preocupación de los sectores dedicados a la cultura.
Si bien desde el INCAA todavía no hay una publicación oficial, varios organismos de salas de cine y teatro ya salieron a repudiar la medida. Por supuesto, actores comprometidos y afectados por la medida, también se pronunciaron al respecto. Uno de ellos fue Juan Minujín, quien describió la medida como un daño “feroz a la cultura argentina”.
Actores, actrices y el teatro
Una de las publicaciones que rechazó con más fuerza las medidas en redes sociales la realizó el Fondo Nacional de las Artes, entidad directamente apuntada por la Ley Ómnibus.
Con un video que repasa brevemente la historia de Antonio Berni y la importancia del fondo en función de la financiación del arte y la cultura; líneas abajo expresa: “Esta historia fue posible gracias al apoyo del Fondo Nacional de las Artes, al igual que la de miles de artistas de distintas disciplinas y de todo el país a lo largo de los 65 años de existencia del organismo”.
Y se añade la explicación del origen de los fondos: “Creado por la ley 1224, el FNA es un ente autárquico, cuyo financiamiento no proviene de las arcas del Estado. Los fondos que recauda a través del Dominio Público Pagante son redirigidos a las nuevas generaciones de artistas a través de becas, concursos, préstamos y subsidios, generándose así un círculo virtuoso con alto impacto también en la comunidad local que recibe estas obras y en el fortalecimiento de una cultura nacional que se exporta al mundo entero”, cierran.
De este modo, de aprobarse el nuevo régimen, no subsistiría la garantía de financiamiento que hoy prevé la Ley 17.741 para sostener las políticas de fomento con el 25% “de las sumas efectivamente percibidas” por el Ente Nacional de Comunicaciones sobre los tributos de la Ley 26.522.
A la vez el proyecto propone eliminar otra fuente de financiamiento que hoy surge de computar el diez por ciento del monto que se derive de la “venta o locación de todo tipo de videograma grabado”.
El comunicado de la Asociación argentina de Actores
La Asociación Argentina de Actores expresó en un comunicado: “La ley que acaba de ingresar el Poder Ejecutivo al Congreso contiene tal cantidad de barbaridades antidemocráticas y autoritarias que llevaría muchos comunicados repudiar esas intenciones que, esperemos, el Congreso no convalide”.
Y continúa enumerando cómo afectaría esta medida a la actividad: “Todas las medidas propuestas afectan gravemente la vida de los argentinos. Pero solo nos referiremos a continuación a nuestro mundo de trabajo: la perversa disolución del Instituto Nacional de Teatro a través de la derogación de la Ley 24.800, una iniciativa que llevó años de lucha del colectivo teatral, que sostiene y promueve el crecimiento de una actividad que crea fuentes de trabajo genuinas y expresa el espíritu de un pueblo”.
Música
Algo similar ocurre con el Instituto Nacional de la Música (Inamu), que seguirá funcionando, aunque con cambios y de manera descentralizada.
Del mismo modo que con el Incaa, el proyecto propone la supresión del financiamiento fijo derivado de la carga impositiva prevista en el artículo 97 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El artículo 25 del texto propuesto dispone: “Los fondos destinados al Inamu serán propuestos y asignados por la Secretaría de Cultura de la Nación u organismo que en el futuro la reemplace, dentro del Presupuesto General de la Nación”.
Preocupados por estas medidas, desde el Inamu y la UMI, emitieron un comunicado: “Desde UMI vemos con gran preocupación el avasallamiento que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei de los consensos alcanzados durante años en la actividad Cultural”.
Y continúa: “En el caso particular de la cultura, esta propuesta legislativa trasformaría al INAMU que es un Ente Público. La aprobación del proyecto sería el certificado de defunción de la experiencia de fomento más federal, transparente y participativa de la actividad cultural”.
Bibliotecas populares y librerías independientes
Por otro lado, también se prevén cambios en la ley 23.351 que regula la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), el organismo fue creado por Domingo Faustino Sarmiento en 1870, para fomentar la creación y el desarrollo de las bibliotecas populares que difunden el libro y la cultura.
El sector editorial manifestó también su profunda preocupación por estos cambios que afectan directamente en una actividad que vive una situación compleja incluso antes de el plan que propone el gobierno de Milei.
Desde la Cámara Argentina de Librerías Independientes (CALI) repudiaron la intención de derogar la Ley 25.542 y advirtieron el peligro que supone para el ecosistema librero, para la industria del libro en su conjunto y para sus destinatarios, lectoras y lectores.
“Las librerías somos espacios culturales de encuentro, intercambio y vinculación con los lectores y también con toda la cadena del libro, a la que aportamos valor en el trabajo diario con editoriales pequeñas, medianas y grandes.La Ley 25.542, que establece que el precio del libro debe ser uniforme y respetarse en todos los puntos de venta sin importar su dimensión ni su poder económico, preserva y favorece la existencia de un variado y bibliodiverso entramado de librerías y editoriales a lo largo y a lo ancho del país”, apuntaron.
“Con la derogación de la Ley 25.542, propuesta por el actual gobierno, la industria del libro queda en manos de unos pocos que, en la medida en la que sus posibilidades económicas se lo permitan, monopolizan y destruyen una industria que, en los últimos años y en el marco de esta ley, ha crecido, se ha profesionalizado y es modelo para otros países de América Latina”, expresaron.
Por su parte, la Fundación El Libro, institución integrada por la Cámara Argentina del Libro, la Cámara Argentina de Publicaciones, la Sociedad Argentina de Escritores; la Cámara de Librerías, Papeleras y Afines, la Federación Argentina de la Industria Gráfica y el Sector español de Libros y Revistas, difundió un comunicado en donde “manifiesta su total y absoluto rechazo a los proyectos de derogaciones de leyes fundamentales para el funcionamiento del valioso y admirado sistema cultural argentino”.