“Se designaba gente en cargos políticos y ni siquiera residían en la provincia, fallaba todo el sistema”, afirmó el denunciante de Ñoquis Calientes

Esta semana se retomó el juicio conocido como ‘Ñoquis Calientes’, y Martín Sandoval, denunciante y exfuncionario, dio el último martes su testimonio, revelando presuntas irregularidades en la gestión de la exministra Cecilia Torres Otarola.

En una entrevista en el programa ‘Sin Hilo’, que se emite por Canal 12, Sandoval expuso su visión del modus operandi en la gestión de aquel ministerio y cómo la pandemia de COVID-19 sirvió de telón de fondo para una serie de contrataciones irregulares en la provincia de Chubut.

“Surge a partir de mi salida con un par de situaciones, justamente por la pandemia, que estaba viendo de compras irregulares”, afirmó, dejando entrever la gravedad de las acusaciones.

El denunciante destacó que muchas de las personas contratadas no residían en Chubut, lo que plantea serias dudas sobre la transparencia de los procesos de contratación. Sandoval no escatimó en detalles sobre la estructura que permitió que estas irregularidades prosperaran. “Había una falla de todo el sistema que permitió que esto se llevara adelante”, enfatizó.

A su vez, subrayó la necesidad de una revisión exhaustiva de los procedimientos administrativos. Su declaración se tornó aún más contundente cuando mencionó que, a pesar de haber denunciado estas prácticas hace cuatro años y medio, la situación parecía ser una “forma de vida” para algunos.

Durante su testimonio, Sandoval se enfrentó a las preguntas del abogado defensor de la exministra, y su relato se mantuvo firme. “En las preguntas que me hacía el abogado defensor, se cayó por tierra todos los dichos de su testimonio”, aseguró, lo que sugiere que las defensas presentadas no lograron desvirtuar sus acusaciones. Además, Sandoval ofreció su celular como prueba, mostrando su disposición a colaborar con la justicia.

DETALLES

En la nota en Canal 12, Sandoval detalló que, desde adentro, siendo funcionario, observó que en la gestión de Torres Otarola hubo “una gran cantidad de personal contratado para cumplir funciones en la planta política que no sólo no residían en Chubut, sino que jamás habían pisado la provincia, como el caso del jardinero peruano”.

Y a partir de esta denuncia, salió a la luz “lo que se vivió en la Legislatura entre 2015 y 2019” cuando “se contrataban los asesores y de lo que cobraban se quedaban con un monto y el resto iba a una caja política para otras actividades”.

Explicó que esta modalidad “era una especie de apriete porque el mismo día que me contrataron me hicieron firmar una carta de renuncia por cualquier cosa, y había chicos que la pasaban mal, porque era su sustento de vida”, al tiempo que explicó que “la caja la manejaba la diputada a través de su niñera, que era la que recaudaba; está todo documentado en la causa con los movimientos de cuenta”.

Luego, en 2020, “en mi caso terminé siendo director general, y ponen a Rodera como subsecretaria sin vivir en Chubut y muchos funcionarios vinculados con ella, como una hermana que debía cumplir tareas en mi área y no iba, generando una situación interna con el personal de planta, porque no existía firma para iniciar los procesos de compra”.

“También parte de esos sueldos volvían a una caja que se transfería automáticamente, y ella quiso culpar al gobernador por firmar la designación, pero aquí fallaban los controles de todo el sistema”, señaló, y agregó que “el año pasado se me pedía la apertura del secreto bancario siendo yo testigo”, comentó Sandoval, sugiriendo que había intentos de obstruir la investigación.

Finalmente, destacó que en los últimos meses ve un cambio de impronta en el Estado. “Vi el trabajo que se ha hecho con el censo y las palabras del discurso del gobernador Torres, donde habló de terminar con los vivos, gente que está nombrada y no trabaja, y me alegra que por fin desde el Estado se empiece a poner coto a esta situación y que sea una política de Estado real erradicar estas situaciones que desprestigian al empleado público”.