El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, expresó hoy su satisfacción por las penas de prisión efectiva anunciadas ayer por la Justicia para los farmacéuticos condenados por la estafa al Ipross. Este fallo representa un avance significativo en la prolongada batalla legal por las actividades fraudulentas que afectaron gravemente los recursos destinados a la atención médica de los afiliados del Ipross entre 2013 y 2019.
En un comunicado emitido este viernes, el gobernador Weretilneck declaró: “¡Se hizo justicia!” y destacó la importancia de la decisión judicial, afirmando: “Después de más de cinco años desde la denuncia inicial, la Justicia de Río Negro en Roca finalmente ha dictado sentencia sobre el fraude millonario”.
Weretilneck, quien inicialmente figuraba en una lista de testigos potenciales que la defensa de los farmacéuticos pretendía convocar para declarar en el juicio, señaló: “Esta decisión judicial marca un importante paso en nuestra lucha continua contra la corrupción y la defraudación al Estado rionegrino”.
Nación anunció que finalizará la interminable Ruta 22
El fallo judicial incluye penas de prisión de hasta 9 años y medio, junto con multas y una inhabilitación profesional de seis años para los condenados. Además, el tribunal ha ordenado la utilización de dispositivos electrónicos para monitorear los movimientos de los convictos.
“Desde el gobierno provincial celebramos esta condena ejemplar y reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia y la integridad en la gestión de los servicios de salud pública”, subrayó Weretilneck.
Desde 2021, la provincia estuvo llevando a cabo un caso legal separado en el tribunal contencioso administrativo para recuperar los fondos perdidos debido al fraude. Este caso se encuentra actualmente ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería en Viedma, que programó una audiencia para el 23 de julio, involucrando a todas las partes interesadas.
Río Negro anunció el pago conjunto de medio aguinaldo y sueldos a estatales
Además de las seis personas condenadas en sede penal (incluyendo a cuatro farmacéuticos sentenciados ayer y dos expropietarias de farmacias condenadas en 2022), la demanda administrativa en curso también apunta al Colegio de Farmacéuticos de Río Negro. La entidad está implicada porque tenía el convenio de prestaciones firmado con el Ipross, empleaba a los profesionales condenados y es considerada responsable por la Fiscalía de Estado en relación con la red de farmacias habilitadas en la provincia.