Condenan a 19 imputados de una banda que vendía drogas en Chubut

TRELEW - El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia dio un nuevo golpe para el narcotráfico con 19 condenas para una banda que vendía cocaína y otras drogas en Río Negro, Chubut y Santa Cruz. La investigación se concentró entre enero del 2011 y abril del 2012, con cientos de conversaciones telefónicas interceptadas desde Villa Regina hasta Puerto Madryn, Trelew, Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Caleta Olivia. Esta semana se habían conocido otras 25 condenas por el caso “Verano Blanco”.

El estupefaciente llegaba del norte del país, a cargo de sujetos que no pudieron ser identificados. La banda guardaba, fraccionaba y transportaba la droga en su circuito comercial en diferentes ciudades. Los consumidores les pagaban incluso con vehículos y motos en buen estado y sin deudas.

“Se extendió a otras localidades patagónicas, según un rol preestablecido en una estructura básica, en la que se involucraron todos a sabiendas y libremente para vender drogas y conseguir ganancias”, advierte el fallo.

LA CAUSA

La causa comenzó en enero del 2011, por una denuncia anónima en la División Especial de Investigaciones Policiales de Trelew, que acusó a una pareja de vender estupefacientes en su domicilio de Pedro Derbes al 200.

Se realizaron vigilancias y se concluyó que se trataría de un “grupo cerrado”, pues la venta no se daba por típicos movimientos de pasamanos o manipulación de objetos pequeños en la vía pública, sino que por contacto de conocidos, para entregarles la droga en delivery. También se observaron movimientos del tráfico al menudeo y en “kioscos”.

La pesquisa reveló ramificaciones con otro sujetos de prontuario y en otras provincias. Se amplió la vigilancia. Incluso hubo allanamientos frustrados porque la data de los operativos se filtró a los investigados.

Se descubrieron contactos en Fortín Dragones, Salta; y en Cipolletti, General Roca, Lamarque y Las Grutas.

Según el fallo, “ante las habituales precauciones ingeniosas” de los involucrados para ocultar droga enterrándola, depositarla en casa de gente sin antecedentes, desplazarla en un vehículo precedido por otro que detectaba y avisaba los controles policiales, o usar rodados como medios de pago, “lo verdaderamente sorprendente no fue no hallar estupefacientes o pocos, sino justamente lo contrario, es decir encontrarlos”.

El grupo sólo negociaba con personas de su entorno con arreglos telefónicos y mensajes de texto. Por eso los frecuentes cambios de chips de los investigados. La Policía verificó movimientos en horas inusuales, además de viajes de los capos de

la banda.

“Se aportaron sobrados elementos sobre sus menesteres ilegales, mencionando las sustancias, sus métodos de obtención, partición, expendio, enajenación, desplazamientos, valores, cantidades, calidades, sitios deencuentros, modalidades de pago y aportaron datos que dieron cuenta de un plan racional y encubierto asumido por los citados, que estuvo destinado a lograr ganancias en las ciudades patagónicas de su aplicación, incluso en especie, que a veces se derivaron a otros lugares, aunque no se lograron precisas cantidades económico financieras de sus labores”, escribieron los jueces Enrique Guanziroli, Pedro de Diego y Nora Cabrera.

CONTACTOS

Los celulares se usaban y se tiraban, y la droga se guardaba fraccionada para venderla rápido en dosis aptas.

“En nada fue esta rudimentaria sociedad una ocasional junta de consumidores, destinada a satisfacer su propio vicio y lograr moderadas ganancias individuales, sino una estructura elemental, que utilizando con disimulo medios al alcance de cada uno, tuvo el plan común de introducir estupefacientes en las ciudades”.

“No exigió varios componentes materiales o sofisticados o importantes movimientos económicos, o una vasta organización de personas, sino sitios de discreción para sus encuentros, cercanos al lugar de expendio, ya que en este tipo de transacciones se abona usualmente al contado, aunque aquí también la sagacidad de los involucrados, admitió el pago en especie, -rodados- como la mejor modalidad para pasar desapercibidos y asegurar sus ganancias”.

Los trabajos se dividían: algunos escondían las sustancias, otros la preparaban para el expendio y traslado seguros, y otros cobraban. “Fue evidente la alusión a una intensa actividad comercial local encubierta, en la negociación de estupefacientes, de varios de los escuchados judicialmente en sus conversaciones telefónicas”.

Por confabulación fueron condenados Néstor Fabián “Caíto” Ferraro y Gustavo Baltazar “Junior” Colil a dos años de prisión cada uno. Por comercio agravado, César Federico Damián Grosso, Juan Martín “Momia” Almandos Almonacid y Marcelo Pedro “Manzanita” Villagra a tres años de prisión y 3 mil pesos de multa. Por el mismo delito, Paola Andrea Vázquez purgará cuatro años de prisión y pagará $ 1.500 de multa, por comercio con estupefacientes.

Walter Alberto “Pelo Duro” Torres, Martín Sergio Raúl Ocampo y Ramón “Rama” Vicencio fueron sentenciados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización a cuatro años de prisión y 3.000 pesos de multa cada uno.

Eladio Néstor “Medio Pollo” Rojas purgará cinco años de prisión y pagará 4.500 pesos de multa, y Silvia Rosa Seguel, 4 años y 6 meses de prisión y $ 4.000 de multa, ambos por comercio de droga.

Por comercio agravado por la intervención de tres o más personas, fueron condenados Walter Raúl “El Rengo” Rodríguez, a siete años de prisión y diez mil pesos de multa; Beatriz Margarita “Betty” Ulloa a seis años de prisión y 4.500 pesos de multa; Hugo Orlando Villagra a siete años de prisión y 9 mil pesos de multa, y el expolicía Alejandro Rogelio “Titi” Silveira a seis años de prisión y 9 pesos de multa, además de ser declarado reincidente.

También por comercio agravado, Pablo Gabriel “Gaby” García fue castigado con 6 años de prisión y 5.000 pesos de multa; Armando Segundo Enrique Tombessi, a 6 años de prisión y 9 mil pesos de multa; a César David “Colla” Siuffi, a 6 años de prisión y multa de cinco mil pesos y a Inés Almandos “La Turca” Almonacid a 6 años y 6 meses de prisión y 5.500 pesos de multa.

Las penas menores podrán dejarse en suspenso si los condenados fijan domicilio, no cometen nuevos delitos ni usan drogas o armas ni abusan del alcohol. Además deberán realizar cada uno 200 horas de tareas comunitarias a favor de una entidad de bien público local.

La causa tenía otros dos involucrados que fueron asesinados con dos días de diferencia: Marcelo Roque Grosso fue acribillado por un encapuchado en Catriel el 1º de mayo de 2015, y a Diego Monsalves lo mató en Trelew Alejandro “El Gordo” Jara, el 3 de mayo del mismo año. Fuente: Jornada / Rolando Tobarez