Denuncian a una empresa por contrabando de langostinos y le aplicarán una multa millonaria

Una empresa chubutense es investigada por el contrabando de langostinos frescos desde Trelew a una planta ubicada en Santa Cruz. La Secretaría de Pesca de la provincia confirmó que realizará una denuncia penal y le aplicará una multa de más de 100 millones de pesos.

“Se detectó un camión con langostino fresco que salió desde una planta de Arvi S.A., en Trelew, hacia la planta de la ex Barilari, que está tomada en Santa Cruz. Es algo que está estrictamente prohibido por la normativa y cualquier empresa lo sabe”, explicó Andrés Arbeletche, secretario de Pesca de Chubut, en diálogo con ADNSUR.

Arbeletche adelantó que la provincia realizará una denuncia penal para que se investigue si la carga fue transportada con documentos falsificados que permitían eludir los controles y si existió una asociación ilícita conformada para cometer el delito.

A esa investigación se sumarán las sanciones administrativas. “Dentro de lo que es la órbita de la Secretaría de Pesca, he instruido al director de Sumario para que haga una imputación por el monto máximo legal que se puede realizar, ya que esta es una falta gravísima, además de vulnerar todos nuestros controles, termina perjudicando la mano de obra en la provincia de Chubut. Así que la multa tiene que ser lo suficientemente grande como para desalentar la reiteración de este tipo de conductas”, afirmó el funcionario.

Aunque el monto final de la multa aún no fue determinado, Arbeletche adelantó que será “muy superior a los 100 millones de pesos” y sostuvo que se trata de una sanción sin antecedentes recientes en la provincia. “Estamos tratando de recuperar el poder sancionatorio punitivo de la Secretaría de Pesca, que es, en definitiva y lamentablemente, la única herramienta ordenatoria. La buena voluntad y las buenas intenciones no funcionan”, aseguró.

Según explicaron fuentes del sector, la maniobra detectada consiste en enviar pescado sin procesar a plantas que trabajan de manera irregular, para bajar los costos y obtener un mayor beneficio. 

“Esto no lo podemos permitir porque además de generarle un problema a la provincia de Santa Cruz, nos genera a nosotros la pérdida de puestos de trabajo y procesamiento de materias primas. Es una práctica que tenemos que cortarla”, agregó Arbeletche.