La megacausa por la estafa con planes sociales en Neuquén llega a su etapa clave. El 19 de marzo se definirá la prueba y los testigos que formarán parte de un juicio que puede extenderse por más de dos meses. Son 17 los imputados, entre ellos cinco exfuncionarios de alto rango del Ministerio de Desarrollo Social, acusados de liderar una organización delictiva que desvió más de 153 millones de pesos.

Cómo funcionaba la red del fraude

Según la investigación de los fiscales Pablo Vignaroli y Juan Narváez, la maniobra tenía cinco niveles de responsabilidad. En la cúpula estaban los exfuncionarios Ricardo Soiza, Néstor Sanz, Marcos Osuna, Abel Di Luca y Tomás Siengenthaler, quienes habrían diseñado el mecanismo de extracción de dinero.

Bajo su mando, operaban:

  • Colaboradores: ejecutaban los pagos fraudulentos. Entre ellos, Luis María Gallo y Laura Carolina Reznick, exdirectores de Finanzas del ministerio. También Julieta Oviedo, exdirectora de Tesorería, quien firmaba los cheques irregulares.
  • Reclutadores: buscaban supuestos beneficiarios y les entregaban tarjetas de débito. Isabel Natalia Montoya fue señalada como una de las principales operadoras.
  • Recaudadores: retiraban el dinero con tarjetas ajenas y cobraban cheques. Aaron Escobar y Valeria Noemí Honorio habrían extraído más de 4 millones de pesos en cheques. Ariel Krom, Omar Rodríguez Quezada y Emmanuel Contreras también participaron en la maniobra.
  • Beneficiarios ilegales: cobraban subsidios sin cumplir requisitos. Alfredo Cury y Fernando Cardozo Regidor fueron imputados por recibir dinero del fraude.

Una estructura que operó durante años 

La fiscalía sostiene que la red realizó 9.303 extracciones fraudulentas con tarjetas de débito. Cada mes, los fondos se repartían entre distintos actores de la organización.

El auditor de la Contaduría General, Julio Arteaga, es acusado de encubrir la maniobra mediante informes falsos que daban apariencia de legalidad a las operaciones.

Mientras en la justicia penal se discuten acuerdos y penas para los acusados, la Fiscalía de Estado de Neuquén inició una acción administrativa para recuperar el dinero desviado.

La demanda original recae sobre 22 imputados, con ampliaciones recientes que sumaron a Pamela Rivera, Gustavo Mercado, Carolina Hernández y Gisel Tarifeño. También se incluyó a Victoria Contreras y Pamela Cea, mientras que Marines Huaiquipán fue sobreseída.

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