Polémico fallo de una jueza chubutense: un hombre que chocó y mató a dos personas evitará el juicio a cambio de un pago mensual
La medida, rechazada por las familias de las víctimas, fue impugnada por la fiscalía ante el Superior Tribunal de Justicia.
La procuradora de fiscalía Janet Daviesl impugnó ante el Superior Tribunal de Justicia una resolución de la jueza Karina Breckle, quien resolvió otorgar a un hombre acusado de atropellar y matar a dos personas la posibilidad de evitar el juicio a cambio de una compensación económica.
El dinero fue ofrecido por Elian Alberto Saucedo, quien manejaba un Fiat Uno que, en noviembre de 2023, embistió sobre la ruta 25, entre Rawson y Trelew, a un moto en la que viajaban dos personas.
Según testigos, en medio de una larga caravana en la que varios vehículos circulaban a 60 kilómetros por hora, el auto se cruzó imprevistamente de carril y chocó de frente contra la moto.
El conductor, Alexis Rojas, perdió la vida en el acto. Su acompañante, Cristian Ramos, fue trasladado muy grave hacia el Hospital de Trelew y allí murió tres horas después. Ambos llevaban puesto el casco en el momento del choque.
Saucedo, a través de su abogada defensora, ofreció el pago de $200.000 mensuales durante tres años a cada una de las dos familias de las víctimas. Además, estuvo de acuerdo en que se lo inhabilite para conducir durante tres años y el cumplimiento de pautas de conducta.
Según informó el Ministerio Público Fiscal, Davies se opuso y planteó la necesidad de que el caso vaya a juicio oral y público, con una expectativa de pena de cinco años de prisión efectiva para Saucedo.
La funcionaria judicial afirmó que “la gravedad de un hecho de esta naturaleza implica un interés social en su resolución”, que el accidente “causó un daño inconmensurable por la pérdida de las vidas de dos personas de mediana edad, con sus respectivas familias” y que es necesario “saber lo que ocurrió y que la sentencia sea un dictamen ejemplificador hacia la sociedad”.
Presentes en aquella audiencia, familiares de las dos víctimas expresaron su oposición a la reparación económica. Indicaron que lo ocurrido fue por “imprudencia” del conductor del vehículo, y que la muerte de las víctimas cambió sus vidas para siempre.
Más allá de sus planteos, la jueza Breckle avaló la aplicación de la figura legal de la suspensión de juicio a prueba y el acuerdo económico ofrecido por el imputado a través de su abogada defensora.
LOS ARGUMENTOS PARA RECHAZAR LA DECISIÓN
En su impugnación, la procuradora de fiscalía Davies centró su argumentación en la gravedad del caso y la falta de conformidad de las víctimas. En este sentido, destacó el rol del Ministerio Público Fiscal como “representante y titular de la acción penal y los intereses generales de la sociedad, en su carácter además de tutelar a las víctimas, puntualmente en este caso, a los familiares de los dos hombres fallecidos”.
Asimismo, destacó la posibilidad de realizar el juicio oral y público “para que las víctimas sepan en realidad lo que sucedió, con las pruebas, testimonios y pericias, independientemente de la pena que se pretende desde esta Fiscalía”.
La funcionaria judicial agregó que la figura de “suspensión de juicio a prueba” que resolvió la jueza Breckle, “es aplicable para casos de menor entidad, no para casos en donde el bien jurídico en juego es el valor ‘vida’, el de mayor protección que otorga la Ley”.
En su presentación, la fiscal detalló que la concesión de esta suspensión equivale a una sentencia definitiva, lo que obstaculiza el ejercicio de la acción penal. Recordó que el cumplimiento de las reglas de conducta impuestas podría llevar al sobreseimiento del acusado, afectando así los derechos de las víctimas del delito.
Davies fundamentó su impugnación en la gravedad del caso, que provocó la pérdida de dos vidas humanas debido a la imprudencia en la conducción de un vehículo. Asimismo, hizo hincapié en la disconformidad de las viudas de las víctimas, quienes han manifestado su disconformidad con la decisión judicial.
En base a esos argumentos, la Fiscalía solicitó al Superior Tribunal de Justicia de Chubut que se revoque la resolución que otorga la suspensión del juicio y se reenvíe el caso para la realización del juicio oral y público correspondiente.
Con información del Ministerio Público Fiscal, editada por un periodista de ADNSUR
