Un hombre, empleado de un banco, estafó a más de 20 jubilados, pidió prestamos en su nombre y recibió una insólita condena. El hecho sucedió en una sucursal de la ciudad de San Pedro de Jujuy. 

El hombre aprovechó la situación de vulnerabilidad de las víctimas y se quedó con grandes sumas de dinero. Sin embargo, la intervención de la justicia fue clave.

Según informó Infobae, todo ocurrió a finales de 2020 y 2021, plena época de pandemia por covid, donde había menor cantidad de gente en la entidad bancaria y por lo tanto, menos control de personal.

En ese marco, fueron perjudicadas 27 personas, jubilados de entre 69 y 80 años que cobraban la mínima. Además, no tenían correo electrónico ni sabían utilizar celular, lo que beneficiaba al estafador.

En el acuerdo por el juicio, el estafador deberá entrega $483.000 pesos a algunas de las víctimas Foto: Archivo
En el acuerdo por el juicio, el estafador deberá entrega $483.000 pesos a algunas de las víctimas Foto: Archivo

“Los mecanismos seleccionados por Mendoza indujeron a error a los clientes, creyendo realmente que debían permitir que se les saque fotografías de su persona y documentación o que debían realizar los depósitos de determinada manera o entregar una suma de dinero a los fines de que se constituya un plazo fijo”, expresó la fiscalía durante una audiencia.

Por ese hecho, Eduardo Hansen, juez federal de Garantías N°1 de Jujuy y en un juicio abreviado, encontró al hombre autor del delito de defraudación por persona a cargo del manejo, administración o cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, en concurso ideal con el delito de defraudación en contra de la administración pública. 

En este sentido, lo condenó a tres años de prisión en suspenso y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. También tendrá que llevar a cabo tareas comunitarias y cumplir una serie de conductas.

Asimismo, en el acuerdo por el juicio, se estableció la entrega de $483.000 pesos por parte del condenado a 23 de las víctimas, a través de la fiscalía. Además, el banco que actuó como querellante, devolvió a las víctimas $1.800.000 pesos de descuentos, tras las operaciones realizadas por el empleado bancario, en una suma de $4.000.000 de pesos.

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