Formalizaron acusación contra el fiscal Rivarola y la jueza de “los besos” con el preso Bustos

El proceso en el que una jueza penal de Comodoro Rivadavia afronta una acusación por mal desempeño, derivada de sus visitas al preso condenado por homicidio Cristian Bustos, tuvo un importante avance la semana pasada, al formalizarse la acusación en su contra.

Si bien la acusación se inició por la conducta indecorosa al visitar a un preso al que acababa de condenar, generando una polémica nacional acerca de un video en el que supuestamente dio un beso al preso (lo que fue negado por la magistrado y en su descargo dijo que fue un acercamiento para que los policías no escucharan lo que hablaban), el juicio por mal desempeño fue promovido también porque al realizar esa visita, en la cárcel de Trelew, la magistrada mintió razones de salud para ausentarse en una audiencia que debía presidir en la misma fecha en su juzgado, en Comodoro Rivadavia.

El mismo paso, de la presentación de la acusación formal, se cumplió en otro proceso, independiente del primero, que involucra en este caso al fiscal Fernando Rivarola, de la ciudad de Rawson, quien afronta dos denuncias que derivaron en el juicio en su contra.

Uno de los sumarios se abrió por violencia o maltrato laboral contra una fiscal que estaba bajo su subordinación jerárquica; y en el segundo, por su accionar en torno a un funcionario que apareció involucrado en una red de pornografía infantil.

Los juicios podrían hacerse entre agosto y septiembre

“Las dos acusaciones fueron presentadas la semana pasada, tanto para la Dra. Suárez como contra el Dr. Rivarola, por parte de las comisiones acusadoras”, confirmó el presidente del Consejo de la Magistratura, Tomás Malerba, en referencia a la sesión que realizó el organismo la semana pasada en Esquel.

Ese paso era esperado, dentro de los plazos normales del procedimiento, tras resolver el inicio del juicio, conocido como jury, que podría derivar en la destitución de ambos magistrados, si es que se confirman las acusaciones en su contra.

Malerba dijo que ahora se abre una etapa de plazos para el traslado de esas acusaciones y el correspondiente descargo de las defensas, pero a partir de ahí quedaría la fijación de la fecha para ambos juicios (que son procesos independientes uno del otro).

“Siempre puede haber algún requerimiento más, de oficios o documentación, pero estimativamente entiendo que los juicios se podrían hacer entre agosto y septiembre –puntualizó el presidente-. Esto es algo que lo define el propio Tribunal de Ejuiciamiento”, aclaró.

Dicho tribunal está conformado por un representante del Superior Tribunal de Justicia y dos diputados provinciales y dos abogados que deben ser sorteados.

Planteo de Rivarola ante el Superior Tribunal de Justicia: ¿podría caerse el proceso de destitución?

Malerba también se refirió al planteo formulado por la defensa del fiscal Fernando Rivarola, al plantear la inconstitucionalidad de la ley que reformó el sistema de juicio político contra jueces, al producir un cambio fundamental: hasta antes de la reforma, la acusación debía realizarse el procurador general de la provincia, mientras que ahora esa función quedó en manos de una comisión acusadora, integrada por 3 integrantes del Consejo de la Magistratura.

Malerba explicó este lunes, en diálogo con Actualidad 2.0, que el pedido de una medida cautelar para dejar en suspenso el proceso fue rechazado por el Superior Tribunal de Justicia (con un voto en disidencia, por parte del ministro Alejandro Panizzi, quien le dio la razón al fiscal), aunque todavía debe resolver la cuestión de fondo, es decir si la ley que produjo ese cambio es constitucional o no.

Sin embargo, ante la consulta de si en caso de que la corte provincial declare la inconstitucionalidad de la ley, lo que afectaría también al proceso contra Mariel Suárez, podría desactivarse el juicio político contra ambos magistrados, respondió:

“Si ocurriera esa hipótesis, lo que podría pasar es que cambie la acusación, que en lugar de que sigan adelante las comisiones acusadoras, esa función volvería a ser ejercida por el procurador general. Pero además hoy los plazos se han ampliado, porque antes era de 6 meses y ahora es de 2 años”, por lo que habría tiempo para seguir el proceso, con ese cambio en la acusación, en caso de que el Superior Tribunal fallara de ese modo.

“Mientras tanto –concluyó Malerba- nosotros cumplimos con la ley que está vigente, que nos exige plantear la acusación”.