TRELEW (ADNSUR) - El juez de garantías Sergio Piñeda resolvió cuatro meses de prisión preventiva para la mujer que el pasado día 28 de agosto asesinó de tres puñaladas a su concubino con el que convivía desde hacía 15 años y con el que había tenido tres hijos, ahora en proceso de adopción por la adicción al alcohol de ambos miembros de la pareja. Ni bien producido el hecho la mujer espontáneamente se autoincriminó como autora de las lesiones ante los policías que arribaron al lugar. Esta circunstancia y la presunta expectativa de pena –prisión perpetua por el delito de homicidio calificado por el vínculo- fue la base argumental del fiscal general Fabián Moyano que dirige la investigación y que avaló el juez Piñeda en una audiencia de control de detenidos realizada el martes al caer la tarde en el edificio de Tribunal de Trelew

“Es como pedirle a los policías que se tapen los oídos”, dijo el fiscal general Moyano al contrarrestar los argumentos del defensor Javier Romero que intentó desvalorizar y no darle crédito a la confesión que hizo la mujer en medio de la calle cuando llegaron los primeros policías en un patrullero. “Es mi concubino, vino a hincharme las pelotas y lo apuñalé porque me tenía cansada”, dijo la mujer ante un oficial de Policía que brindó su testimonio en la investigación. Para Moyano la autora de la agresión “estaba exaltada pero era consciente de lo que hacía”. Agregó en sus fundamentos que las estocadas fueron dirigidas a zonas vitales del cuerpo (dos puntazos en el pecho y una puñalada mortal en el abdomen), que un examen médico determinó que la mujer no presentaba signos ni lesiones de haber sido agredida, que las puñaladas fueron dadas con tal nivel de agresividad que se desprendió el mango del cuchillo de importantes dimensiones (20 centímetros de largo por dos y medio de ancho).

PROBABLE INIMPUTABILIDAD

El fiscal general Moyano reconoció que existe la posibilidad de una inimputabilidad que beneficiaría –judicialmente- a la mujer. Por ello pidió la inmediata pericia psicológica medida que fue avalada por el defensor Romero. “No puedo pasarlo por alto. Si esas medidas indican que la imputada no comprende la materialidad de los hechos, este mismo Ministerio Público Fiscal pedirá una audiencia de revisión de esta medida coercitiva”, reconoció Moyano.

En realidad la mujer se sometió a varios tratamientos contra el alcoholismo, tanto en el área de Psiquiatría del Hospital Zonal de Trelew como así también a través de los servicios de un psiquiatra particular. Pero ambos tratamientos no tuvieron continuidad.

Tanto ella como su concubino Toledo padecieron la misma problemática, aunque la situación de él en los últimos tiempos había sido aliviada al concurrir a una Iglesia Evangélica. Sus pedidos para que su concubina también concurriera fueron inútiles, según contaron amigos del entorno familiar.

El fiscal general Moyano hizo un detallado informe sobre la vida de la pareja, se interiorizó acerca de denuncias entre ambos y antecedentes tanto en la Justicia Penal como en el Juzgado de Familia. Los detalles los expuso en la audiencia. En este sentido dijo que la pareja vivía en una pequeña habitación que les había prestado un matrimonio amigo en la calle Fagnano del barrio Tiro Federal de Trelew. Habían sido desalojados de un inquilinato de las cercanías. Sus tres hijos habían ingresado en varias oportunidades al Hogar de Menores de Trelew. Ambos solían visitarlos en estado de ebriedad y sumado a otras circunstancias una jueza de menores había decidido la prohibición de acercamiento para los padres y que los tres niños ingresen en procesos de adopción. Moyano agregó que en el año 2012 la mujer denunció penalmente a Toledo por haber sido agredida y la causa en manos de la entonces fiscal Mirta Moreno, había sido archivada. También citó denuncias de la mujer en un Juzgado de Familia de la ciudad de Trelew. “La imputada ha demostrado ser renuente a los tratamientos contra el alcoholismo”, dijo Moyano.

PELIGRO DE FUGA

De ser hallada culpable, a la mujer le podría caber la pena de prisión perpetua si además en el devenir del proceso se mantiene la calificación penal que, por el momento y a pesar de ser provisoria, es de “homicidio calificado por el vínculo”.

Para fiscal Moyano la imputada no está en condiciones de entorpecer la investigación, pero si argumentó que está latente el riesgo de fuga en caso de haberse decidido su libertad o el arresto domiciliario. Esta última posibilidad fue pedida por el defensor, pero el juez de garantías Sergio Piñeda fue contundente. al destacar como prueba válida la autoincriminación espontánea de la mujer ante la Policía. Fue más allá y dijo que la posible condena –prisión perpetua, la más dura condena prevista por el Código Penal argentino- puede hacer que la imputada se fugue, ya que además no tiene arraigo en la ciudad, trabajo inestable, no cuenta con vivienda y los hijos que ya no están a su disposición.

Para Piñeda fue un hecho “con características violentas y de alta agresividad”. En su resolución decidió la prisión preventiva de la mujer por el plazo de cuatro meses a la espera del avance de la investigación. No obstante, tanto el fiscal Moyano como el defensor Romero estarán atentos a las pericias psicológicas que en breve se le realizarán a la imputada.

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