El policía imputado por el homicidio del joven de 16 años seguirá preso hasta el año próximo, cuando afrontará un juicio por jurados. Los otros 4 agentes propusieron un juicio abreviado, por lo que, si el juez homologa el acuerdo entre las defensas y la fiscalía, recibirían penas de 14 y 18 meses de prisión de cumplimiento condicional.

La audiencia desarrollada esta mañana para evaluar la situación de los policías acusados por falsificación de instrumento público y encubrimiento permitió conocer el acuerdo de juicio abreviado, por el que reconocen su participación en el hecho y aceptan la pena propuesta por la fiscalía. 

Se trata de los agentes Roberto Ortiz, Lucía Rosales, Lautaro Valenzuela, Marcelo Colque, que están imputados por los delitos de encubrimiento y falsificación ideológica del acta policial (es decir, por haberla fraguado para mentir sobre la intervención policial), en dos de los casos y por encubrimiento, en los dos restantes casos. 

La decisión sobre el juicio abreviado será adoptada en una futura audiencia fijada para el mes de febrero del año próximo. Si el juez homologa el acuerdo, se aplicaría una pena de un año y 6 meses para Ortiz y Rosales, más 3 años de inhabilitación especial (para ejercer la función policial) y 3 años de inhabilitación absoluta (pérdida de otros derechos ciudadanos, como posibilidad de votar o de ser elegidos en cargos públicos) para Rosales.

Foto: Ministerio Público Fiscal

Colque y Valenzuela, por su parte, recibirían penas de 1 año y 2 meses de prisión condicional, más 3 años de inhabilitación especial, según explicó la defensora pública que interviene como querellante en representación de la familia de la víctima, Lucía Pettinari. 

Estos 4 agentes seguirán atravesando el proceso en libertad, ya que no hubo sobre ellos medidas restrictivas de libertad.

EXTIENDEN LA PREVENTIVA PARA CRUZ

Distinto es el caso de Simón Cruz, que es el policía imputado como autor del disparo que acabó con la vida de Lautaro Labbe, de sólo 16 años, en la madrugada del 18 de abril de 2023, para perder la vida después de varios días de internación.

“Cruz está con prisión preventiva, alojado en el GEOP, en ASTRA y se le vencía el próximo 19 de noviembre -detalló Pettinari, en diálogo con Actualidad 2.0-. El juez nos consultó si queríamos tratar el tema hoy o esperar hasta la fecha, pero acordamos tratarlo hoy y se le prorrogó hasta el 19 de marzo de 2025, siempre y cuando no haya ninguna revisión antes, pero el defensor estuvo de acuerdo”.

La funcionaria explicó que en este caso no hay oportunidad de juicio abreviado, ya que el imputado afronta una perspectiva de pena de prisión perpetua, mientras que aquella posibilidad queda limitada a delitos que no excedan la pena de 8 años de prisión.

Foto: (ilustrativa Ministerio Público Fiscal)

La expectativa de la querella es que la audiencia preliminar se concrete antes de finalizar este año, en tanto el juicio oral y público, con jurados populares, se desarrollará el año próximo.

Para esa audiencia, en la que las partes deben acordar las evidencias que serán presentadas durante el juicio y se debe formalizar concretamente la acusación por la que se buscará condenar al imputado, se tendrá que designar a un nuevo juez, ya que no podrá seguir interviniendo el juez Martín Cosmaro, que fue el que llevó el proceso hasta hoy y que aún debe resolver la homologación o rechazo del juicio abreviado de los demás imputados.

“CRUZ PIDIÓ DISCULPAS A LA MADRE, PERO NO TENGO DUDA DE QUE EL HOMICIDIO FUE DOLOSO”

Pettinari reiteró su convicción de que el hecho se trató de un homicidio doloso, agravado por el carácter de funcionario policial por parte del imputado, por lo que mantiene la perspectiva de pena de prisión perpetua, en coincidencia con el planteo de la madre de la víctima.

“Nosotros, tanto el fiscal como la querella, sostenemos que es un homicidio agravado y entiendo que la defensa mantiene su tesis de que fue accidental. Hoy Cruz amplió su declaración y entiendo que irán por un homicidio culposo, por lo que seguramente vamos a tratar esas dos teorías del caso”.

“Hoy el imputado, que ya había declarado por escrito, volvió a declarar en forma verbal y le pidió disculpas a la mamá de Lautaro; también habló de un accidente, o de una negligencia, por así decirlo”, añadió Pettinari.

Sin embargo, la defensora pública que interviene como querellante precisó cuáles son las evidencias que señalan lo contrario: “Para mí el hecho de querer encubrir es una prueba clara. Hay una campera que Lautaro tenía puesta, a la que le cortaron la capucha, que supongo que porque ahí estaba el orificio de la bala -enumeró-. Por la mecánica del hecho y el trabajo del perito, que nos da distintas maneras en que podría haber sido realizado el disparo, entiendo que esto tiene que ver con un dolo y no con culpa o una negligencia o impericia”.

Al describir las pruebas, mencionó también que “hay un vídeo bastante duro y crudo, en el que se lo ve a Lautaro vivo todavía y ya le habían arrancado la capucha. Entiendo que todo el accionar de encubrimiento, que hizo la policía, es para para eludir la actuación de la justicia en un homicidio”, concluyó.

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