En la sesión ordinaria de este jueves, la Legislatura tratará un Orden del Día con 21 puntos, entre los que se destacan los dos últimos: dos dictámenes de la comisión de Asuntos Constitucionales por el rechazo a dos pedidos de juicio político que considera inadmisibles: uno contra el procurador general, Jorge Miquelarena, y otra contra el procurador adjunto, Emilio Porras Hernández.

La denuncia contra Porras Hernández fue presentada por el ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz, y tiene tres aristas: la primera, le cuestionan el alquiler del local para el laboratorio forense que autorizó, y que lo beneficiaría de manera indirecta, ya que es un familiar político, como su suegra: “lo escandaloso y que vulnera toda norma ética, es que la titular es la progenitora de la por entonces esposa de Porras Hernández Ana Karina Koroluk”, dice la denuncia de Iturrioz.

El segundo hecho, apunta a la influencia ejercida por Porras para que se avance en una investigación por la presunta responsabilidad de la cooperativa local en el incendio de una propiedad que le pertenece. La explicación para el denunciante es que “el funcionario tiene bajo su órbita la supervisión de todas las causas que se tramitan en aquel medio, la que ejerce sin la enjundia demostrada en esta, vale decir que desprecia el valor justicia y solo pretendió hacer valer su elevado rol jerárquico para intentar cambiar la suerte de la investigación, prevaliéndose de su posición de superioridad sobre el correcto accionar de su subordinada”.

Lo acusa de que “para lograr tal trato preferencial no dudó en "visitar" reiteradamente a los funcionarios que tenían a su cargo el trámite del Legajo” por lo que “con la actitud asumida el infractor claramente violentó los postulados contenidos en el artículo 15 de la Ley I N°: 231, que impone el deber de Objetividad, incurriendo en mal desempeño de sus funciones y demostrando un claro desconocimiento inexcusable del derecho”.

Y finalmente, le cuestiona los términos de una nota dirigida al procurador Jorge Miquelarena respecto a los lugares de detención en la zona sur, en la que “demuestra a las claras un desconocimiento inexcusable del derecho. Tal conclusión se impone como irreductible. Igual o más claro aún en cuanto a demostrar que Porras confunde la vigencia de la forma republicana de gobierno y el sistema acusatorio/adversarial que impera en nuestro medio”, afirma Iturrioz.

Otra denuncia

En ambos casos, la comisión consideró que no reúnen las condiciones para pasar a la Sala de Acusar, y quedarán archivados. Foto: Archivo de Jorge Miquelarena
En ambos casos, la comisión consideró que no reúnen las condiciones para pasar a la Sala de Acusar, y quedarán archivados. Foto: Archivo de Jorge Miquelarena

La denuncia contra el procurador Miquelarena fue presentada por el médico Fernando Urbano, pediatra y sanitarista, en su carácter de Presidente de la Fundación Salud Sin Obstáculos, (Fundación FUSSO), por considerar que “ha incurrido en mal desempeño en sus funciones, falta de cumplimiento a los deberes de su cargo y desconocimiento inexcusable del derecho, en sus actuaciones en el Expte.  96025 MPF/202, tramitado en la órbita del Ministerio Público Fiscal (MPF)”.

Allí denuncian “hechos de corrupción” en el Hospital Zonal de Trelew (HZT), durante los años 2014, 2015 y 2016 en los que “la Fundación FUSSO realizó reiteradas denuncias formales a la dirección del HZT y Ministerio de Salud”.

Pero sostienen que “su actitud indiferente y defectuosa posibilitó que se mantenga el daño  inmenso a las finanzas del Hospital Zonal de Trelew, a través del tiempo”.

En ambos casos, la comisión consideró que no reúnen las condiciones para pasar a la Sala de Acusar, y quedarán archivados.

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