Miquelarena, sobre la baja de la edad de imputabilidad: "El problema es más profundo que solo reducir la edad"
El asesinato de Kim González, una niña de 7 años en La Plata, reavivó el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad en Argentina. Tras el arresto de dos adolescentes, el gobierno nacional plantea un proyecto para reducirla a 13 años. Sin embargo, el procurador general de Chubut, Jorge Miquelarena, sostiene que la solución no es solo un ajuste de la edad, sino la necesidad de un sistema penal juvenil integral.
El debate sobre la baja de la edad de imputabilidad volvió a instalarse en la agenda política y social argentina, impulsado por el crimen de Kim González, la niña de 7 años que murió tras ser arrastrada por 15 cuadras en la rueda del auto por dos delincuentes menores que intentaron robarle a su mamá en la ciudad de La Plata. Los adolescentes detenidos tienen 14 y 17 años.
Tras el violento episodio, desde el gobierno nacional adelantaron que priorizará el proyecto de ley presentado el año pasado para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. La pregunta central es si reducir la edad en la que un menor puede ser considerado penalmente responsable contribuiría a disminuir la delincuencia o si, por el contrario, se trata de una medida aislada con escaso impacto real.
El procurador general de Chubut, Jorge Miquelarena, fue consultado y tuvo una postura crítica frente a la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad sin un abordaje integral del sistema penal juvenil. En declaraciones a SETA TV y ADNSUR este jueves, enfatizó que la discusión no debería centrarse exclusivamente en una cifra, sino en la creación de un régimen penal juvenil adecuado.
"La edad de imputabilidad varía mucho en América Latina. En algunos países del Caribe es de 7 años, mientras que en otros, como Chile y Colombia, es de 14. En Argentina, hay proyectos que buscan reducirla a 13 años, similar a Uruguay", explicó Miquelarena.
El procurador argumentó que la cantidad de delitos graves cometidos por menores no es significativa dentro del total de crímenes cometidos. "Es una problemática que genera una sensación de impotencia, pero numéricamente no es un fenómeno masivo", sostuvo. Sin embargo, consideró que bajar la edad podría contribuir a clarificar las reglas del proceso judicial, asegurando un debido proceso con garantías para los menores.
Miquelarena hizo hincapié en la necesidad de pensar en medidas de rehabilitación y reinserción social, ya que de lo contrario, "solo se estaría criminalizando a menores sin ofrecer soluciones reales". Además, mencionó que las condiciones actuales del sistema judicial podrían no estar preparadas para afrontar un cambio de esta magnitud sin un plan adecuado.
LA OPINIÓN DE LA GENTE: UN DEBATE POLARIZADO
En las calles de Comodoro Rivadavia, la discusión también genera posturas divididas. Algunas personas consideran que la baja de la edad de imputabilidad es necesaria, mientras que otras sostienen que el problema es estructural y debe abordarse desde la educación y la contención social.
En este sentido, un vecino afirmó que “la clave es la educación que los padres dan a sus hijos, más que la edad a la que puedan ser juzgados”; mientras que una mujer consideró que bajar la edad de imputabilidad "no está bien", ya que "las condenas nunca se cumplen".
En tanto, un médico se mostró a favor, pero subrayó la necesidad de contar con instituciones de contención y rehabilitación, ya que muchos jóvenes provienen de entornos vulnerables y "si no se hace nada, terminan en la cárcel como adultos o muertos". Otro entrevistado apoyó la medida, argumentando que "los jóvenes de 13 años saben lo que hacen y deben ser responsables por sus actos".
EL PROYECTO QUE EVALÚA NACIÓN
El proyecto en cuestión había sido presentado públicamente a finales de junio mediante una conferencia de prensa, que fue encabezada por Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, titular de la cartera de Justicia, ya que se trata del resultado de un trabajo conjunto entre ambos ministerios.
El principal objetivo de esta iniciativa es “evitar la impunidad de los crímenes cometidos por menores” y, de esta manera, poder “combatir el persistente crecimiento de la criminalidad juvenil”, de acuerdo con lo que expresaron los ministros en esa oportunidad.
Por esto mismo, el proyecto de ley propone establecer un nuevo Régimen Penal Juvenil que contemplará que los adolescentes de entre 13 y 18 años sean imputados por cualquier hecho tipificado como delito en el Código Penal. A su vez, también recaerá una sanción sobre aquellas personas mayores que actúen como instigadores.
Además, uno de los principales ejes es la creación de “establecimientos especiales o secciones separadas de los establecimientos penitenciarios, bajo la dirección de personal idóneo” para alojar a los detenidos.
El proyecto del Gobierno comenzó a ser debatido en un plenario de cuatro comisiones (Legislación Penal, Justicia, Familia y Presupuesto) y se llevaron adelante siete sesiones informativas en las que diferentes expertos expusieron sus puntos de vista.
En las comisiones también se abordaron otros 12 proyectos presentados por diferentes bloques que tratan la misma temática. Por ejemplo, el texto presentado por el diputado del PRO Diego Santilli baja la edad de imputabilidad a 15 años y establece una pena máxima de prisión de 15 años para homicidios dolosos y abusos sexuales, y de 10 años para el resto de los delitos. En cambio, la pena máxima en el proyecto del Gobierno es de 20 años.