Piden que las 16 sociedades vinculadas a Vayo Group sean intervenidas judicialmente
La Inspección General de Justicia solicitó la intervención de las empresas vinculadas al grupo creado por una mujer de Comodoro y que esta sospechado de realizar una estafa piramidal.
Vayo Group, la compañía que estaba sospechada de realizar una estafa piramidal a partir de su criptomoneda Vayo Coin, puede recibir una intervención judicial solicitada por la IGJ (Inspección General de Justicia). El grupo fue creado por Ana María Lavitola, que tiene registrado su domicilio en el Barrio José Fuchs en Comodoro, y es propietaria del 95 por ciento de las acciones. Su hijo que fue condenado en 2021 por estafas en Chubut. Su socio y CEO de una de las empresas tiene domicilio en una rotisería de Rada Tilly.
Vale recordar que la compañía había sido promocionada por famosos e influencers y prometía rendimientos extraordinarios tanto en pesos como en dólares.
Ante esta situación, los funcionarios de la IGJ presentaron una denuncia penal ante el Juzgado Comercial N° 8 cargo de Javier Cosentino en la que piden acceder a toda la información de las empresas.
Las empresas de Vayo Group intervenidas
Se trata de Vayo Group S.A., Vayo Capital S.A. Vayo Coin S.A., Vayo Exchange S.A., Vayo Finanzas S.A., Vayo Inversiones S.A., Vayo Real Estate S.A., Vayo Business S.A., Polo Coin S.A., Futbol Coin S.A., Kit tu casa S.R.L., Plan tu Casa S.A., Grupo Obras Latinoamericanas S.R.L, Reparación Maquinarias y Automotor S.R.L, Universal Exchange S.A.; y Buenos Aires Factoring S.R.L.
Vayo Group operaba de la misma manera que Generación Zoe: prometía rentabilidades financieras inéditas de hasta 16% al mes en dólares. En este caso, se apoyaba en la imagen de varios famosos e influencers para la promoción de su criptomoneda. Pero ahora ha cortado su cadena de pagos.
Días atrás, el Gobierno pidió informes a varios famosos -entre los que figuran Laura Fernández, José María Listorti y Zaira Nara- por haber promocionado a través de sus redes sociales a las empresas Vayo Business y Vayo Coin, que prometían rendimientos mensuales de hasta el 10% por inversiones en criptomonedas, ya sea que se invirtieran pesos o dólares.
La Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores -de la Secretaría de Comercio Interior- les preguntó cuál es el vínculo que tienen con Vayo Business S.A.. Puntualmente, la oficina quiso saber si los testimonios sobre su experiencia invirtiendo en Vayo Business fueron reales o una publicidad con indicaciones provistas por la firma anunciante.
En caso de haber invertido, se les solicita documentación probatoria y, si no lo hicieron, que expliquen los términos de la contratación.
José María Listorti afirmó al diario La Nación que no invirtió en la firma, sino que solo les hizo publicidad. Sin embargo, indicó que no cobró por sus servicios porque los cheques "rebotaron". De acuerdo al servicio de análisis crediticio Nosis, la compañía acumula 29 cheques rechazados por $26 millones.
La actuación de oficio de la Subsecretaría se inició a partir de reclamos efectuados por consumidores contra la firma en la Ventanilla Única Federal y de informes periodísticos publicados en diversos medios. A partir de esa investigación, se pudo advertir que esa empresa ofrece sus servicios en redes sociales, a través de las recomendaciones de personalidades reconocidas que poseen un número importante de seguidores o suscriptores.
Marcelo Tinelli es otro de los famosos que publicitó a la empresa a través de sus redes sociales y en su programa, pero no recibió pedidos de información.
En los últimos días, el senador Guillermo Andrada presentó un proyecto de ley con miras a ampliar las facultades de la Comisión Nacional de Valores (que figuran en la Ley 26.831) para ejercer funciones de control sobre la actividad publicitaria relacionada con criptomonedas y desarrollar una reglamentación acorde a la promoción de todos aquellos valores para proteger a la ciudadanía ante publicidad engañosa y posibles estafas vinculadas con criptoactivos.
A fines del mes pasado, Vayo Group publicó un comunicado que decía que había tenido que reprogramar una parte mínima de los vencimientos de sus clientes "sólo circunstancialmente y por razones transitorias de mercado". Quienes ingresaban a invertir firmaban contratos por un determinado plazo -generalmente 30 días- que cuando finalizaba recibían el capital que habían puesto más intereses.
La oficina que tenía el grupo en Madero Center ya no funciona y quienes invirtieron están siendo contactados por los abogados de la firma para agendar nuevas fechas en las que se les devolvería lo adeudado.
Con información de Ámbito
