Polémica en el juicio por la muerte de Otoño Uriarte: el ministro pidió declarar por escrito
El ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara, exjefe de la Policía de Río Negro, podrá declarar por escrito en el juicio por el secuestro y muerte de Otoño Uriarte. La decisión del tribunal generó fuertes cuestionamientos por parte de la defensa.
Una controversia judicial se desató este martes en el juicio por el secuestro y muerte de Otoño Uriarte, cuando el tribunal resolvió que el ministro Daniel Roberto Jara, testigo clave del caso, pueda declarar por escrito. Jara, quien fue jefe de la Policía de Río Negro y lideró la Comisión Investigadora del caso, debía presentarse en los tribunales de Cipolletti, pero optó por ejercer su derecho a declarar de esta manera.
El reclamo de la defensa
La ausencia de Jara en la audiencia provocó el reclamo de los abogados defensores de los cuatro acusados: Germán Antilaf, Néstor Cau, José Jafri y Maximiliano Lagos. El abogado Edgardo Lucero, representante de Lagos, calificó la situación como “un privilegio inadmisible”, argumentando que la normativa invocada por Jara no se ajusta al nuevo Código Penal, que prioriza la oralidad en los procesos judiciales.
“No podemos permitir que en la sociedad rionegrina haya gente con privilegios. Un ministro que estuvo a cargo de la Comisión Investigadora debe dar la cara y someterse al contraexamen”, sostuvo Lucero, quien además recordó que el padre de la víctima, Roberto Otoño, había pedido conocer toda la verdad durante el juicio.
La postura de la fiscalía y el tribunal
La fiscal María Teresa Giuffrida, junto con la querellante Gabriela Prokopiw, defendió el derecho de Jara a declarar por escrito, basado en una acordada del Superior Tribunal de Justicia y disposiciones del Código Procesal Penal. Según explicó, el ministro notificó por correo electrónico su intención de presentar un escrito debido a estar “exento” de asistir presencialmente.
Tras evaluar los argumentos, la presidenta del tribunal, María Florencia Caruso Martín, resolvió permitirle al ministro enviar su declaración por escrito. La magistrada fundamentó su decisión señalando que la Constitución provincial y el Código Procesal Penal otorgan esta facultad a ciertos funcionarios públicos, como gobernadores, legisladores y ministros.
Repercusiones y críticas
Los demás defensores, Rubén Antiguala (Jafri), Carlos Vila (Antilaf) y el defensor oficial Caraballo (Cau), coincidieron en el reclamo de Lucero y advirtieron que la decisión del tribunal podría vulnerar los derechos de los acusados. “Esto es un avasallamiento a los derechos de mi defendido”, enfatizó Caraballo, quien anticipó que presentará una impugnación.
Con información de LMC, bajo supervisión y edición de un periodista de ADNSUR.
