Por abrumadora mayoría, la Legislatura admitió el pedido de juicio político a Panizzi y lo envió a la Sala de Acusar

La Legislatura sancionó en la sesión de este jueves la ley enviada por el Ejecutivo que incrementa el Presupuesto provincial en 614.510 millones de pesos, y por voto casi unánime, aprobó el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, que declara admisible la presentación realizada por el diputado Emanuel Coliñir, para dar inicio al proceso de juicio político al ministro del STJ, Alejandro Panizzi.

Además,: uno para el financiamiento de las Cadenas Ganadera y Turismo, destinadas a micro, pequeñas y medianas empresas radicadas en la Provincia; otro de financiamiento destinado a las micro, pequeñas y medianas empresas radicadas en la Provincia para el cuidado del ambiente.

También se aprobó el acuerdo con el CFI que adhiere al "Programa para el Desarrollo Productivo y Financiero de Mujeres", y el acuerdo para llevar a cabo acciones conjuntas de cooperación, fortalecimiento y estímulo, destinadas a la promoción turística.

Además, se convirtió en ley el convenio suscripto con YPF S.A., por el cual la Chubut adquiere combustibles y lubricantes de YPF para las reparticiones públicas y se aprobó el pliego de Juliana Paredes, como nueva Jueza de Familia para Esquel.

La Legislatura también aprobó la creación en el ámbito de la Provincia del Chubut, de la Red de Puntos de Atención Digital al Ciudadano, con el objeto de brindar asistencia en los trámites digitales que deban realizar las personas que no tengan acceso a internet o no sepan cómo realizar dichos trámites, impulsada por los diputados Daniel Hollman y Sergio Ongarato.

Ampliación

El primer tema tratado fue la ampliación presupuestaria que fue votada por todos los bloques a excepción del único voto en contra del FIT, así como también la nueva partida presupuestaria que incrementa los gastos en el Poder Legislativo.

Quien fundamentó por el oficialismo fue Luis Juncos, quien destacó que “el presupuesto actual estaba reconducido y esta ampliación representa un incremento del 42 % que tiene que ver con situaciones ajenas a la provincia, son situaciones macro económicas del país, como la suba del dólar y el aumento de la inflación”.

Destacó que “$ 400 millones corresponden a recursos corrientes, como Ingresos Brutos” y resaltó que se suman los “fondos de la deuda que está judicializada con el FFDP, que serán incorporados a este presupuesto y en la comisión se informó que se ha iniciado una etapa de negociación”.

En este sentido, detalló que el “95 % serán destinados a gastos corrientes, especialmente un 71 % en gastos de personal” y destacó Juncos “la no emisión de deuda para gastos corrientes, que fue un cambio de política desde este año, así como el trabajo con los gremios en la recomposición salarial en un año complejo”.

El único voto en contra fue de Santiago Vasconcelos (FIT) quien señaló “es un presupuesto de ajuste, y así lo plantearon los mismos funcionarios que vinieron a la comisión. Parecen celebrar el aumento de la coparticipación con el impuesto al salario, hoy hay un paro nacional de trabajadores de la industria petrolera por este impuesto regresivo”.

Pero advirtió que “esto implica la disminución en concepto de IVA, porque baja el consumo” y liego cuestionó “la idea de la recomposición salarial, venimos de un paro docente con alta adhesión que está marcando que el salario está debajo de los 400 mil pesos”.

Le respondió el presidente del bloque oficialista, Daniel Hollman, quien aclaró que “en este momento estamos tratando la ampliación presupuestaria y no podemos estar faltando constantemente a la verdad”, y señaló “Chubut es una de las provincias rankeadas más alto en aumento a docentes”.

Luego cuestionó que el diputado de izquierda “hizo una campaña a través de una falsa convocatoria a la gente por una ley que nunca ingresó a esta legislatura” en alusión al tema del RIGI, a lo que dijo “venimos trabajando en la calidad institucional, y no sólo se la fomenta aprobando leyes, sino predicando con el ejemplo, y eso es responsabilidad de todos los diputados, y no podemos hacer convocatorias en base a una mentira”.

Luego Vasconcelos explicó su postura, y dijo que “la potestad que tiene el oficialismo de tratar cualquier proyecto sobre tablas existe, y por eso hay movimientos que se están convocando. Por qué suponer que no van actuar de la misma manera que en la primera sesión, celebro que todo el mundo convoque a movilizar”, sostuvo.

Finalmente, la diputada Jacqueline Caminoa, le respondió que “el diputado forma parte de Labor Parlamentaria y sabe los que temas que se van a tratar en la sesión mejor que nadie” y luego pidió la votación a libro cerrado.

Números

La ley sancionada expresa en el artículo 1°, el incremento en $ 614.510.326.089 el total de Erogaciones del Presupuesto General de la Administración Provincial Central y Organismos Descentralizados para el Ejercicio 2024, distribuidos de la siguiente manera: $ 126.637.932.313 para la Administración Gubernamental; $ 69.590.492.409 para Servicios de Seguridad; $ 371.042.270.583 para Servicios Sociales; $ 47.239.630.784 para Servicios Económicos.

Se informa que se destinan 0 (cero) pesos a Servicios de la Deuda, y que -en total- se distribuyen $ 596.180.872.508 para Administración Central y $ 18.329.453.581 para Organismos Descentralizados, alcanzando la cifra final de $ 614.510.326.089.

En el artículo 2° se estipula un incremento de $396.797.266.508 en el Cálculo de Recursos destinados a atender las Erogaciones, mientras que en el artículo 3°, se da cuenta de la disminución en $ 217.713.059.581 de las Aplicaciones Financieras, por amortización de la deuda y disminución de otros pasivos.

Finalmente, el artículo 4° incrementa en 223 el número de cargos de la planta permanente y temporaria de personal (200 cargos en Salud, 16 en Producción y 7 en la Universidad del Chubut) y se aumenta en 1.200 las horas cátedra, destinados en su totalidad a la Universidad del Chubut.

Respecto a la distribución de los fondos, $ 3.781 millones son para el Poder Legislativo; $ 56.600 millones para el Poder Judicial y los restantes $ 554.129 millones para el Ejecutivo, de los cuales, la mayor suma es $ 162.968 millones destinados a Educación (la mayor planta de personal), seguido por la Secretaría de Salud ($ 92.238 millones) y por el Ministerio de Seguridad y Justicia ($ 67.972 millones).

El caso Panizzi

Al tratarse el dictamen de admisibilidad del pedido de juicio político a Alejandro Panizzi para ser derivado a la Sala de Acusar, habló la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, Andrea Aguilera, quien fundamentó “respecto a los fundamentos legales”, ya que dijo “su función es ver si la denuncia cumple con los requisitos formales”.

Explicó que este rol es “fundamental para que el proceso se inicie sobre una base sólida”, y se comprobó que “la denuncia viene acompañada de las pruebas y la identificación de cómo acceder y se acompaña prueba testimonial identificando con nombre y apellido”.

Luego Coliñir se refirió a los términos de la denuncia, que consta de 23 fojas. La denuncia de Coliñir afirma que Panizzi “ha demostrado en reiteradas oportunidades su inconducta por violación al deber de imparcialidad y falta de neutralidad política, en un ámbito público como son las redes sociales”.

En ese sentido, adjunta una serie de publicaciones de sus redes para “demostrar las causas del mal desempeño por violación al deber de imparcialidad, inconducta, falta de neutralidad, manifestaciones impropias de su investidura, y una fijación negativa con un espacio político que tiene vida activa en nuestro sistema político actual”.

Coliñir menciona concretamente 12 publicaciones de la cuenta de X de Panizzi en la que expresa opiniones políticas críticas hacia los gobiernos kirchneristas. Para Coliñir, “dichas expresiones en redes, y sus repercusiones en distintos medios”, socavan “el respeto a una de las instituciones más importantes de nuestro sistema republicano, afectando directamente la confianza pública en el sistema judicial, tiñendo de parcial cualquier fallo dictado por el ministro en cuestión”.

Por otro lado, Coliñir sostiene que Panizzi hizo una publicación -luego eliminada- con acusaciones a otros magistrados: “al escribir NAP, refiere al ministro del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Ricardo Napolitani. Y al escribir BARR, se refiere al Dr. Adrián Barrios, como consecuencia de su enfado luego de que ambos, fallaran a favor del Dr. Enrique Maglione. Aquí, además falta a la consideración, decoro, y respeto que debiera tener para con sus colegas magistrados”, sostiene Coliñir.

Agrega que “existe aquí una responsabilidad legal no denunciada por el ministro Panizzi, quien, en su afán por ensuciar el buen nombre de sus colegas, no percata en que si existieran jueces corruptos como expresa públicamente, debería realizar la correspondiente denuncia bajo pena de recaer en el delito de omisión de denuncia para un funcionario público”.

Otra inconducta adjuntada en la denuncia de Coliñir contra Panizzi lo acusa de “cometer actos de abuso de autoridad, violencia, y maltrato siendo consejero del Consejo de la Magistratura” y se adjunta en el anexo acta del Consejo en la que tratan violencia ejercida hacia mujeres en función de su rol como consejero.

Debate

En la sesión, el diputado denunciante agregó que “desde que presentó la denuncia al día de hoy muchas personas se han puesto en contacto porque estaban esperando que de una vez por todas se ponga en marcha este mecanismo, es la quinta denuncia ingresada contra Panizzi. Creo que está en demasía probada la inconducta que saben y conocen muchos de los chubutenses”.

A su turno, Tatiana Goic, justificó su abstención (única que no votó a favor, ausentes Gustavo Fita y Emanuel Fernández) y dijo “es una decisión muy difícil pero los tiempos con los que se ha llegado a un acuerdo político me resultan raros. No me sorprende porque esta Legislatura parece últimamente una escribanía”.

Señaló que “el principio de inamovilidad de los jueces es una garantía republicana” por lo que “hay una peligrosidad enorme, y tengo una responsabilidad de señalar esto, aunque no defiendo a Panizzi, me parece muy grave la denuncia, pero han pasado mas de 200 pedidos de juicio gravísimos y nunca se trataron” entre los que mencionó los casos de Federico Massoni, Mariano Arcioni y Oscar Antonena.

Luego Andrea Aguilera explicó que “somos 9 miembros que han estudiado el tema, y han elevado el informe en tiempo y forma con acuerdo de todos, algo que quizás no ocurrió en tiempos anteriores. Esto habla de la seriedad con la que se aborda el tema”.

Por su parte, Juan Pais (Arriba Chubut) sostuvo que “acá se están respetando las garantías constitucionales al seguir el debido proceso. También hay que ver el tenor y el fundamento de la denuncia, que desde lo técnico es impecable y reúne requisitos que no tuvieron denuncias anteriores”.

Finalmente, Santiago Vasconcelos dijo “volvemos al problema de la injerencia del Ejecutivo en la designación y remoción de jueces y fiscales y reitero el planteo de que esto sea a partir del voto popular. De otra manera, lo que ocurre es que el criterio es muy selectivo. Lo define el oficialismo porque tiene mayoría automática”.

Sin embargo, dijo “vamos a votar a favor por la advertencia que hizo el diputado informante de que se están acercando más mujeres a acercar más denuncias de género. Pero no acompañamos la forma en que designan y sacan a jueces bajo este gobierno”.

La votación tuvo el voto de todos los diputados presentes de Despierta Chubut, Arriba Chubut, el Pich, Familia Chubutense y Frente de Izquierda, y una única abstención.