Suspenden audiencia de una de las trabajadoras del IPV investigadas

COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – La fiscal Camila Banfi confirmó que se suspendió la audiencia de apertura de investigación para Vanesa Crosoli Medina quien por segunda vez “no se presentó” porque “ahora la cédula no la recibió en su domicilio particular”, indicó. Medina integra el grupo de los siete trabajadores del IPV  investigados por “asociación ilícita e incumplimiento de los deberes de funcionario”. Sin embargo, sobre ella se suma el hecho de que “se quedó con una casa de manera irregular con adulteración en los libros de registros”, remarcó la fiscal. La audiencia estaba prevista para este martes y la causa trata de establecer si se pagaron "coimas" para acceder a viviendas del IPV.

En diálogo con La Cien Punto Uno, Banfi informó que por segunda vez Medina “no se presentó. Existen mecanismos de compulsa los cuales se van a activar y si en la próxima audiencia no se presenta tendremos que hacerla llamar por la fuerza”.

“La anterior vez no fue notificada. En esta oportunidad la cédula no la recibió en su domicilio particular así que ahora estábamos coordinando para hacerle la compulsa. Si no se presenta, ordenaré su detención para informarle la causa”, indicó la fiscal.

Además, remarcó que dicha actitud “juega en contra de la propia imputada. Se tendrán que realizar estos mecanismos a los efectos de poder traerla y notificarla”.

Y agregó que “la audiencia para que sea lo más rápido posible, calculo que será para mañana o el lunes a los efectos de poder continuar con la investigación”. En tal sentido, indicó que se trata de la “misma audiencia que se hizo para el resto de los siete imputados”.

Medina sería imputada por “asociación ilícita e incumplimiento del deber de funcionario público, sumado a que ella se quedó con una casa de manera irregularidad con adulteración en los libros de registros. En este caso hay una situación que remite una gravedad distinta al resto pero luego son los mismos delitos”, aclaró.

EL CASO

El caso surgió durante la primera semana de septiembre de 2014, cuando se denunciaron “maniobras fraudulentas” en el otorgamiento de viviendas por parte de la delegación del Instituto Provincial de la Vivienda en Comodoro Rivadavia.

Allí se reconoció que el titular a cargo por ese entonces Abel Reyna en complicidad con trabajadores del área "aprovechándose de la necesidad de muchos vecinos por obtener una vivienda, ofrecerían de forma relativamente inmediata la unidad habitacional a cambio del desembolso de una suma determinada de dinero", la denuncia era realizada por el presidente del IPV de la anterior gestión Ricardo Trovant.