Una insólita y desagradable situación se vivió en San Martín de los ándes. La fiscal Inés Gerez formuló cargos contra un hombre de 70 años, identificado como J. M. R., quien preparó y arrojó un líquido con excremento de gatos en varios edificios judiciales. Este singular acto de protesta fue motivado por la desestimación de sus denuncias penales.
La acusación se realizó durante una audiencia el pasado jueves, donde la fiscal Gerez detalló que los hechos ocurrieron entre el 17 de mayo y el 21 de julio de este año. Según la información provisoria, el anciano arrojó el líquido fecal en varias ocasiones, afectando gravemente las instalaciones y la atención al público en los edificios del Ministerio Público Fiscal (MPF) y el Juzgado de Paz.
El primer incidente ocurrió el 17 de mayo, antes de las 7:40 de la mañana, cuando J. M. R. arrojó el líquido en el frente del MPF, ubicado en Roca al 950. Esto causó daños en el interior de las oficinas debido a la filtración de la sustancia y paralizó el funcionamiento de la fiscalía durante toda la jornada.
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Cinco días después, el 22 de mayo, a las 8 de la mañana, repitió el acto en el Juzgado de Paz, en San Martín y Drury, obligando a interrumpir la atención al público.
El 15 de julio, antes de las 7:30, volvió a arrojar el líquido fecal en las paredes, puertas y ventanas del MPF, afectando nuevamente la atención al público. Finalmente, el 21 de julio, alrededor de las 19:20, repitió el acto en el mismo edificio.
La fiscal Gerez solicitó medidas cautelares, incluyendo la prohibición de acercarse a los edificios del Juzgado de Paz y la fiscalía, y de ejercer cualquier acto de perturbación hacia el personal de estas dependencias. Entre las pruebas presentadas, se encuentran filmaciones de cámaras de seguridad que muestran al anciano arrojando la materia fecal, así como diversos objetos secuestrados en su domicilio, como restos de excremento de gato, bidones, botellas y un embudo.
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Durante la audiencia, la fiscal sostuvo que J. M. R. actuó en venganza por las resoluciones adoptadas por la fiscalía ante sus denuncias, que fueron desestimadas o archivadas. El juez de garantías, Ignacio Pombo, avaló la formulación de cargos y las medidas cautelares solicitadas, fijando un plazo de investigación de dos meses.