¿Por qué la dirigencia prefiere el caos?: todos son responsables por la ausencia de un Código Electoral en Chubut

La provincia del Chubut es la única en todo el país que no cuenta con un Código Electoral propio. En 65 años de historia, ninguno de sus gobiernos, en sus diferentes versiones y colores políticos, ha tomado en serio el tema y se ha preocupado por resolverlo. ¿A quién beneficia el caos y la confusión de las reglas electorales? ¿Por qué es habitual que el partido que llega al poder prefiera olvidarse del asunto y que todo siga como antes?

En los últimos días, se están viviendo episodios que suenan a un “déjà vu” a lo ocurrido en marzo de 2011, cuando la provincia fue papelón nacional, en un recuento que duró una semana y con un resultado que se demoró dos meses -elecciones complementarias de por medio- en dar con un ganador.

Por aquellos días, 12 años atrás, el Superior Tribunal fue el árbitro final de todo el proceso, decidiendo primero sobre las colectoras (si usted piensa que es una casualidad respecto a lo que ocurre hoy, no lo es) en un fallo polémico en medio de manifestaciones y pintadas contra los jueces, y luego sobre la validez de las urnas que venían discutidas en el escrutinio.

Este 2023, el proceso viene igual de complicado en la previa: elecciones desdobladas, un cronograma hecho a las apuradas por un decreto de convocatoria que se demoró hasta el último día posible, y que fija una serie de reglas de juego caprichosas y arbitrarias, mezclando leyes nacionales con decretos provinciales.

Ya todo se complejizó a fines del año pasado, cuando la Legislatura modificó con mayoría simple una ley que debería ser con mayoría especial -no fue culpa de esta Cámara, ya explicaremos- por la cual eliminó las PASO con argumentos que a nadie convencían y que en realidad eran una excusa del oficialismo para acomodar las reglas según su “presunta” conveniencia.

Todo ocurrió en la última sesión del año, luego de un amague de Ley de Lemas que no salió por falta de votos. Posteriormente, se confirmó un adelantamiento de fecha por decreto, casi sobre el filo de las elecciones nacionales. Todo a las apuradas y desprolijo, con reglamentación confusa y poco clara. Pero no es una crítica únicamente a este gobierno: todos sus predecesores fueron iguales. Al poder le conviene que haya caos, porque ese terreno favorece al que tiene más recursos y asesores.

Y algo que vamos a retomar luego: a los gobiernos de turno les viene bien que sean los ministros del Superior Tribunal que ellos designaron en conjunto con los diputados, los que tengan la última palabra en materia electoral. En Chubut, si el resultado es cerrado, los grandes electores terminan siendo los 6 ministros que están sentados en la Sala de Acuerdos de Roberto Jones y Rivadavia.

Historia de una carencia

Que Chubut carezca de Código Electoral a lo largo de seis décadas, está claro que no es culpa de nadie en particular, sino de toda la dirigencia política en general. Es la consecuencia de que, en ningún momento de su historia, la conducción institucional puso el tema sobre la mesa y lo consideró prioritario, como para que todas las fuerzas representativas se sienten a buscar un consenso.

A nadie la pareció relevante en toda la vida institucional de la provincia, que Chubut cuente con reglas electorales propias. Si nos centramos en el regreso de la democracia, el tema no estuvo en discusión recién hasta 1991. Siempre se convocó a elecciones por decreto en conjunto con la Nación, y era la justicia federal la que fiscalizaba.

Pero a comienzos de los 90, en algo que ya explicamos a fondo y no vamos a profundizar, el justicialismo buscó la manera de “asegurarse” el triunfo votando una Ley de Lemas con el agregado de una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados, que a la postre terminó dando el triunfo al radical Carlos Maestro.

Fue un mamarracho jurídico que se hizo por única vez y que nunca se repitió (a pesar de amagues como hubo el año pasado). Ya fue una muestra de que las reglas las dictaba el partido de turno según su conveniencia. Luego vino la reforma constitucional de 1994, con preponderancia radical, que estableció la mayoría especial de tres cuartas partes de la Legislatura (21 votos) para sancionar una ley electoral.

El argumento fue la búsqueda de un consenso entre la gran mayoría de las fuerzas políticas. Pero nunca lo buscó Carlos Maestro cuando el radicalismo tuvo todo el poder acumulado en su segundo mandato, ni tampoco su sucesor, José Luis Lizurume.

Luego, cuando llegó Mario Das Neves al poder, jamás fue tema de agenda en sus dos primeros mandatos, al punto que el orden institucional de la provincial “peligró” con la creación de un partido como el Provech que otorgó -con boletas colectoras- a Das Neves un histórico triunfo con el 72 % de los votos, y 22 diputados de 27 en la Legislatura.

Arbitrariedad

Cuando fue gobernador, Das Neves tuvo la oportunidad de fijar fecha de elecciones en dos oportunidades: 2007 y 2011. Y las dos veces lo hizo por una lectura de su conveniencia política. La primera, en su sociedad de entonces con el matrimonio presidencial de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, hacía falta mostrar antes de las generales de octubre los triunfos en provincias “aliadas”.

Por eso Das Neves adelantó un mes, se votó en septiembre, y como se preveía, ganó por paliza. El agradecimiento fue la presencia histórica del presidente saliente (Néstor) y la presidenta electa (Cristina) en diciembre de 2007 en la Legislatura para acompañar a Das Neves en la asunción de su segundo mandato.

Luego en 2011 el contexto político cambió: aquí Das Neves tenía una aventura presidencial propia, y estaba peleado a muerte con el kirchnerismo. Por eso decidió -por exclusiva conveniencia propia- separarse lo máximo posible de las elecciones nacionales, en la creencia de que un triunfo de su partido fuera el espaldarazo a su campaña nacional.

La convocatoria del 20 de marzo de 2011, ocho meses antes del traspaso de mando, fue una locura institucional que significó uno de los mejores ejemplos de como las reglas electorales las maneja el gobernador de turno a su antojo. No había ninguna justificación para semejante adelantamiento, no estaba en la agenda de los chubutenses, sólo en la estrategia política de una persona.

La realidad le jugó una mala pasada, y la elección entre Martín Buzzi y Carlos Eliceche fue casi un empate que llevó dos meses dirimir, con todos los ojos del país en Chubut. No hubo festejo anticipado, a pesar de la visita a Rawson de Francisco de Narváez, Felipe Solá y Graciela Camaño, con el cansador estribillo de Celia Cruz “Soy Feliz” sonando de fondo.

Las estrategias electorales pueden fallar, y esto fue una muestra: todo terminó mal finalmente, con Das Neves y su victoria pírrica en mayo –“Ganamos carajo”- para luego integrar como candidato a vicepresidente de Eduardo Duhalde una fórmula que fue un fracaso y hasta perdió por paliza en su propia provincia, donde su delfín, Martín Buzzi, se había pasado al bando kirchnerista.

Pero ese escrutinio traumático de fines de marzo de 2011, en el que se abrieron cada una de las urnas durante una semana en el recinto de la Legislatura, quedó marcado a fuego como un antecedente: también aquella vez había un Tribunal Electoral que fallaba a favor del oficialismo y un Superior Tribunal que revertía las decisiones ante un gobierno que se estaba yendo y no tenía reelección.

Más caos

Tampoco al gobernador Martín Buzzi le interesó convocar a un consenso de las fuerzas políticas para sancionar una ley electoral para todos los tiempos. Solamente se dedicó a elaborar una legislación con los miembros de su espacio, el Frente para la Victoria, y la presentó como una Ley Orgánica de Partidos Políticos.

Fue una argucia legal para evitar los 21 votos que requiere la Constitución, y -con los votos del bloque oficialista que conducía Argentina Martínez- reguló la selección de candidaturas y la vida interna de los partidos, a pesar de las presentaciones que hubo ante el Superior Tribunal, que miró para otro lado.

Esa ley, y su decreto reglamentario, siguen aplicándose en 2023, y sus cuestiones pocos claras -incluidos artículos modificatorios posteriores- fueron claves hace un par de semanas para definir las listas “de adhesión” y la situación de Laura Mirantes como miembro de la policía.

Con ese armado, y la estrategia de que la boleta nacional le iba a “arrastrar” votos a favor, Buzzi convocó en 2015 en conjunto con las nacionales, en lo que fue la elección más caótica de la historia en aquellas PASO de agosto. Aquella vez, poco importó que los chubutenses tuvieran que elegir entre boletas de más de un metro, con hasta 10 cuerpos, y quedarse en las escuelas en algunos casos hasta la madrugada.

Era lo que convenía al gobierno de turno, y casi le sale bien: en Chubut ganó Daniel Scioli y la lista de diputados del kirchnerismo para la Legislatura, pero Buzzi perdió por escaso margen contra la “boleta corta” de Mario Das Neves, que iba sin candidato a presidente.

El proceso fue traumático y Das Neves prometió que nunca más se viviría algo así, por lo que en su gobierno se iba a encarar una ley electoral, que -es cierto- se trabajó, pero nunca se sancionó.

En una convocatoria que se hizo en 2016 y llevó dos años de elaboración, se terminó elaborando un anteproyecto que fue elevado a la Legislatura a fines de 2019, cuando ya había fallecido Das Neves y ya había sido reelecto Mariano Arcioni. En él trabajaron especialistas como Betina Grosman, Elena Regojo, Augusto Cerra, Jean Loup Gerber y Edith Terenzi, con la coordinación de Adrián López. Era una buena chance, pero se “esfumó”.

Única chance perdida

Esta comisión cumplió su cometido y entregó en noviembre de 2019 a la Legislatura el proyecto de ley. En ese entonces, Adrián López declaraba que “para la elección de Gobernador e Intendentes de 2023, ya se estará usando el sistema de Boleta Única de Papel, contando con la próxima aprobación de la Ley Electoral Provincial” y recordaba que “pasaron 15 períodos legislativos y 14 gobernadores desde 1962 a la fecha, y es una deuda pendiente que tiene la política con la sociedad tener una ley provincial y no recurrir de forma permanente al Código Electoral Nacional”.

En aquel entonces, en medio de una provincia incendiada con pago escalonado (manifestantes habían prendido fuego la Legislatura y Casa de Gobierno dos meses antes) el proyecto tomó estado parlamentario y se prometía “empezar una ronda de reuniones con el Tribunal Electoral Provincial y los partidos políticos para abrir la discusión” y tratarlo “antes que termine el período legislativo el 10 de diciembre”.

El proyecto contemplaba la Boleta Única de Papel y las elecciones provinciales separadas de las nacionales, fijando que los cargos a Gobernador y Diputados se votarían el último domingo de septiembre. La idea era un sistema que buscaba agilizar la votación, evitar el robo de boletas y un recuento de votos mucho más rápido.

Hasta aquí, fue la chance más clara que tuvo Chubut de tener una ley propia. Pero pasó 2020 y 2021, y el proyecto quedó dormido en los cajones legislativos, perdiendo estado parlamentario. En el medio, Arcioni convocó a elecciones anticipadas -según la conveniencia del oficialismo- tanto en junio de 2019 como en julio de 2023. Y todo sigue igual.

A propósito de aquella época, otro recuerdo de la imagen institucional de la provincia. Cuando a fines de 2018 Mariano Arcioni firmaba el decreto de adelanto de elecciones, la oposición en Legislatura juntaba 18 votos y lograba derogarlo. Fue un “tira y afloje” del Ejecutivo contra diputados como José Grazzini, Blas Meza Evans, Gabriela Dufour, Gustavo Fita y Eduardo Conde que duró un mes, hasta que la presión de aquel gobierno que llevaba apenas un año luego del fallecimiento de Das Neves, logró imponerse a duras penas. 

En una provincia en crisis, la población asistía impávida a una batalla de la dirigencia política que le era ajena totalmente a su agenda cotidiana: imponer la fecha de votación. Arcioni logró adelantar y ganó, mientras el justicialismo quería votar con las nacionales. 

Previa complicada

La previa de este proceso electoral que se está viviendo no pudo haber sido peor, y la hemos venido narrando en detalle. Desde los amagues con una Ley de Lemas que no logró los votos por muy poco, hasta una eliminación de las PASO por mayoría simple retocando aquella ley del gobierno de Buzzi de 2014 que mencionamos anteriormente.

Estos cambios obligaron a los partidos a elegir de manera interna tradicional a sus candidatos, lo que fue contra reloj y muy desprolijo. Hemos contado todas las peripecias en cada espacio para los cierres, con discusiones de avales que llegaron a la justicia. Lo que antes ordenaba el sistema de primarias, ahora generó muchísimo ruido interno en las juntas electorales de los partidos.

Y luego de esto, que ya de por sí fue traumático y a las apuradas porque el cronograma electoral no daba tiempo a nada, llegaron las discusiones con las presentaciones de candidaturas ante el Tribunal Electoral Provincial, que -como hemos explicado, tiene una integración constitucional colegiada que es polémica, a tal punto que uno de los miembros es candidato en una de las listas.

Es imposible enumerar todas las cuestiones judicializadas, pero basta mencionar que llevó semanas discutir la habilitación de internas (Esquel y Comodoro en Juntos por el Cambio), hubo polémica por los requisitos de residencia (Treffinger, Peruzzotti y Acuipil entre los más relevantes), antecedentes penales (Iván Fernández), incompatibilidades (Laura Mirantes) y lo ya explicado de las listas de adhesión en algunos municipios.

La última semana arrojó dos hechos fuertes: la falta de cumplimiento del TEP en publicar el padrón electoral en tiempo y forma, y la no oficialización de las boletas de Juntos por el Cambio en 14 municipios, lo que fue revertido por el Superior Tribunal el jueves, y que pudo haber tenido un peso decisivo en el resultado final de la elección.

Ocurrió varias veces que el STJ contradijo al TEP, lo que a algunos de sus miembros molesta y mucho, e incluso lo plasmaron en una nota al Superior, en la que -palabras más o menos- advierten que hay un avasallamiento en sus atribuciones, convirtiéndose en el verdadero tribunal electoral. Una tensión entre dos organismos constitucionales, que aún continúa y está latente.

Urgencia

El poder político hizo todo lo posible, a lo largo de su historia, para que el sistema siga siendo poco transparente. A pesar de los avisos de alerta, decidieron que nada cambie, o cambie para peor. Lo único que no cambia, es que siempre la última palabra en materia electoral la terminan teniendo los jueces del Superior Tribunal de Justicia.

Allí es donde se juega la gran elección y los votos son parejos, como muestran las últimas votaciones divididas por 3 a 2 que a veces terminan para un lado y a veces para el otro. No vamos a hacer nombres propios, porque sería injusto. Ha pasado toda la vida: los ministros de la corte llegan por un acuerdo político, donde hay referentes de partidos que los proponen y llegan a un consenso de mayoría especial.

Hay padrinos, a pesar de que nadie vaya a admitirlo públicamente, algo que no es exclusiva potestad de Chubut; basta con mirar lo que ocurre a nivel nacional y el peso que la Corte Suprema tuvo en elecciones como las de Tucumán y San Juan.

Todo ministro debe su nombramiento a una figura política, y el momento de las elecciones es justamente donde se pone a prueba su lealtad y agradecimiento. Es una presión enorme que pesa sobre los hombros de cada uno de los integrantes de la corte, porque así lo quiere el sistema y le conviene que sea.

La manera de evitarlo, sería aprobar el nuevo código electoral, que establece la creación de un juzgado electoral específico, integrado por especialistas en la materia que deban ganar un concurso. Ahí bajaría muchísimo el nivel de especulación política y el porcentaje de transparencia se elevaría bastante.

Pero la pregunta es si la dirigencia de Chubut tiene ganas de llevarlo a cabo o prefiere que sigan siendo los integrantes de la corte chubutense los que tengan la palabra final. Hasta el momento, los candidatos coinciden en sus propuestas de campaña en que esta reforma es urgente, aunque no es para entusiasmarse, porque esto ya se ha visto en otras campañas. 

Ocurre que luego el ganador se “olvida” y prefiere que todo siga como está, hasta la próxima elección, cuando podrá decidir -según su lectura-, cuándo se vota y bajo qué reglas. Es un poder demasiado tentador, que hasta aquí ningún gobernante ha querido ceder. En su momento, lo definimos como el “as de espadas” que tenía Arcioni y que lo hizo valer hasta el final en el cierre de listas.

Lo ideal es que la reforma la haga una Cámara de Diputados que se está yendo y que ya no compite: una reforma de este tipo en medio de un proceso electoral va seguro al naufragio, porque cada espacio piensa en su propia conveniencia, lo que impide los acuerdos.

¿Habrá algún dirigente que quiera quedar en la historia y no piense en el corto plazo? Tanto Juan Pablo Luque como Ignacio Torres, como referentes de los dos grandes espacios en Chubut, tienen la chance de consensuar una salida a una historia que lleva 65 años de desencuentros.